El Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) anunció el viernes 24 de mayo, con bombos y platillos, la inauguración de un hotel-escuela en una propiedad confiscada a la familia Chamorro Barrios en San Juan del Sur.
El inmueble intervenido es Farallón de Sotavento, un complejo de apartamentos valorado en 2.2 millones de dólares, según un avalúo en poder de DIVERGENTES.
Aunque el complejo vacacional es propiedad de los hermanos Chamorro Barrios, en la práctica la dueña sigue siendo la exmandataria, porque en 2017 el Registro de la Propiedad no permitió el asentamiento de una nueva escritura de compra-venta.
En esta nueva escritura, la expresidenta Chamorro Barrios traspasaba por completo las acciones de Farallones de Sotavento a sus cuatro hijos: Pedro Joaquín, Claudia, Cristiana y Carlos Fernando Chamorro Barrios.
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Este inmueble confiscado ilegalmente por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo era la herencia de estos hermanos.
El condominio Farallón de Sotavento está construido en un terreno adquirido por el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Mártir de las Libertades Públicas, a finales de los años sesenta, donde también construyó una casa veraniega familiar.
Hasta 2006, es decir por más de 20 años, el inmueble fue un lugar de encuentro familiar. Fuentes ligadas a la familia Chamorro Barrios recuerdan que durante su presidencia, “doña Violeta usaba Farallón de Sotavento como casa de descanso, sin usar protocolos, ni recursos del Estado”.
En el mismo año de 2006, la expresidenta Chamorro Barrios decide crear una sociedad de cinco partes, en la que ella, al igual que su hijos, poseen una participación accionaria del 20%.
La vieja casa vacacional fue demolida y se construyeron cuatro apartamentos, más una casa de servicio hoy confiscada, en donde la mandataria que logró la paz para Nicaragua en 1990, cuando le ganó las elecciones a Ortega, solía llegar para quedarse con alguno de sus hijos.
Esa sociedad fue legalmente constituida y registrada en Rivas en 2006, según el acta de constitución en poder de DIVERGENTES.
Casi una década después, en 2017, Pedro Joaquín y Carlos Fernando Chamorro Barrios deciden vender sus apartamentos a dos personas que no están acusadas por el régimen de “traición a la patria” como ellos.
“Las dos personas que compran no están acusadas, ni han ido a juicios ni están involucradas en política. Son dos jóvenes profesionales”, insiste la fuente.
Para materializar esas ventas, la expresidenta Chamorro Barrios decide que todas las acciones pasen a nombre de sus cuatro hijos. Es decir, ellos heredan totalmente su participación accionaria. La familia realiza una nueva escritura de compra-venta para registrar este traspaso de acciones, y luego, la transacción entre vendedores y compradores.
Sin embargo, la nueva escritura no se pudo registrar en las fechas de la venta porque el Registro de la Propiedad no lo permitió, a pesar de varios intentos de los nuevos propietarios.
“Como el Estado no permitió el asentamiento, lo que quedó registrado en Rivas es siempre la escritura original, en la que Doña Violeta y sus hijos siguen apareciendo como propietarios”, narra la fuente.
En octubre de 2023, la familia Chamorro Barrios trasladó a Costa Rica, donde están exiliados, a la expresidenta. Doña Violeta, como se le conoce popularmente. Fue establecida en San José, para compartir con sus hijos, ya que ella se encuentra en avanzado estado de edad y con una salud delicada.
“Afán de perseguir a la familia Chamorro”
De los cuatro hermanos Chamorro Barrios, solo Claudia no fue criminalizada por el régimen Ortega-Murillo. El régimen siempre ha tenido una saña particular contra esta familia, considerada una de las de mayor influencia política en Nicaragua, sobre todo por su compromiso con las libertades públicas desde que su padre despuntó como director del diario La Prensa.
Pedro Joaquín y Cristiana fueron apresados por el régimen y, luego, en febrero de 2023 fueron desterrados a Estados Unidos, junto a otros 220 presos políticos. Fueron despojados de su nacionalidad y sus bienes confiscados.
Cinco días más tarde del destierro, la dictadura también desnacionalizó a otros 94 nicaragüenses, entre quienes se encontraba el prestigioso periodista Carlos Fernando Chamorro. Igualmente, el régimen confiscó sus propiedades.
“Para confiscar dicha propiedad y convertirla en una escuela del Inatec, el Gobierno tuvo que revisar el registro en Rivas y conocer de sus propietarios, y doña Violeta sigue siendo una de ellas… Lo que se puede interpretar es que Ortega y Murillo tienen no sólo un afán de perseguir a la familia Chamorro Barrios, sino que quisieron de esta manera cometer un acto de venganza política por la victoria de doña Violeta a Daniel Ortega en elecciones libres en 1990”, plantea la fuente ligada a la familia confiscada.
En el mismo San Juan del Sur, el régimen confiscó una propiedad de Rafaela Cerda, mamá del exmagistrado sandinista Rafael Solís Cerda, quien se encuentra exiliado en Costa Rica.
Según medios de comunicación oficialistas, los hoteles-escuelas abiertos en las dos propiedades confiscadas se llaman “Cacique Nicarao”.
“Esta nueva escuela, dedicada a la formación de profesionales del sector turístico y hotelero, atenderá a más de 600 protagonistas en dos instalaciones físicas, completamente equipadas con todas las herramientas para el desarrollo de una amplia oferta formativa”, publicó el Inatec en sus redes sociales. Supuestamente invirtieron diez millones de córdobas en “rehabilitarlos”.
Sin embargo, el exmagistrado Solís rechazó la confiscación públicamente. En una entrevista con el diario La Prensa dijo que ahora los Ortega-Murillo “quieren parecer inaugurando un hotel y una escuela de hotelería como si fueran obras realizadas por ellos con bombos y platillos, cuando la realidad lo que hicieron fue medio pintarlas y remodelarlas. Aún así fueron confiscadas”.
Más de 250 millones en propiedades confiscadas
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado de facto al menos 135 propiedades de ciudadanía desnacionalizada, empresas, organismos no gubernamentales, medios de comunicación, universidades, Iglesia católica y sedes diplomáticas.
Esto suma una deuda pública de más de 250 millones de dólares, según la investigación “La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo”, realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) de Hagamos Democracia.
De acuerdo con el estudio, la nueva etapa de confiscaciones que ha ejecutado el régimen Ortega-Murillo desde 2018, vuelve a generar una deuda millonaria al Estado nicaragüense, cuando apenas en 2023 pudo terminar de pagar las indemnizaciones de la primera “Piñata”, ocurrida con las confiscaciones ordenadas durante la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, de la cual era parte Ortega, en la década de los años 80 del siglo XX.
No obstante, la investigación advierte que los 250 millones de dólares que representan las propiedades confiscadas de la “nueva Piñata”, son solo una parte ínfima del valor real que éstas tienen, ya que es lo que se logró cuantificar con la escasa información disponible.
Tampoco se conoce la cantidad real de propiedades afectadas hasta la fecha y el valor total de cada una de ellas. “Es la punta del iceberg de la nueva Piñata”, específica la investigación.
A través de la Procuraduría General de la República (PGR), el régimen intentó justificar las confiscaciones masivas en Nicaragua, alegando que han “recuperado para el pueblo”, centenares de propiedades “relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero” que “han sido usufructuadas indebidamente” por particulares.