Desde el 23 de diciembre de 2024, todos los prestamistas en Nicaragua, sean empresas o personas naturales, están obligados a registrarse ante la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami) para operar legalmente. Con esta nueva regulación, el Gobierno busca frenar la usura y establecer un mayor control sobre un sector que, hasta ahora, ha operado sin supervisión, con intereses que pueden superar el 40% mensual. Quienes no cumplan con el registro enfrentarán serias sanciones económicas hasta la imposibilidad de seguir prestando dinero.
Juan Diego, un ex trabajador de una embotelladora en Masaya, decidió invertir su liquidación en el negocio de los préstamos informales y descubrió rápidamente la rentabilidad de cobrar intereses elevados. Empezó con 2000 dólares y sin garantías, pero con el tiempo no todos le pagaron y tuvo que endurecer sus condiciones, exigiendo prendas de respaldo. Determinó cobrar el 20% de interés mensual, una rentabilidad difícil de encontrar en otros sectores.
La falta de acceso al crédito bancario ha impulsado el crecimiento de estos prestamistas independientes, quienes ofrecen dinero inmediato a cambio de tasas elevadas. Para quienes recurren a ellos, la facilidad de obtener efectivo puede convertirse en una deuda interminable o en la pérdida de bienes. La nueva normativa pretende regular estas prácticas, pero muchos se preguntan si el Estado tiene la capacidad real de supervisarlas y garantizar su cumplimiento.
Hoy, al igual que cientos de prestamistas informales en el país, enfrenta el dilema de registrarse o seguir operando al margen de la ley.
Paquete de leyes sin supervisión
Nicaragua cuenta con un marco legal amplio para combatir la usura, incluyendo la Ley 176, Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares, la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842), el Código Civil de la República de Nicaragua, la Ley 1215, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 977 y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Sin embargo, la reciente resolución aprobada en noviembre de 2024, sobre la “Norma de Registro de Proveedores de Servicio de Empeño y/o Préstamo”, establecida por la Conami va más allá: busca identificar, registrar y fiscalizar a todos los prestamistas, incluyendo a aquellos que han operado en la informalidad durante años.
Esto a opinión de la abogada Yessenia Castillo, busca “garantizar la transparencia en las operaciones y prevenir delitos financieros”, dijo al medio Vos TV, posicionando así a la Conami como “el ente rector encargado de supervisar la actividad de los prestamistas y casas de empeño, asegurando que cumplan con los estándares financieros y legales exigidos”.
La gran interrogante es ¿si los nicaragüenses se sentirán respaldados con la implementación del paquete de leyes contra la usura de los prestamistas, bajo la regulación de la normativa de la Conami? Te lo explicamos.
La reciente resolución publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 238, el 23 de diciembre de 2024, establece nuevos requisitos de registro para proveedores de servicios de empeño y préstamos. Según la normativa, tanto personas naturales como jurídicas deben cumplir con condiciones específicas, algunas ya contempladas en la Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares y la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias.
Sin embargo, la nueva regulación detalla de manera más precisa el procedimiento de inscripción y supervisión, ampliando el control más allá de las casas de empeño y préstamos tradicionales para incluir a prestamistas informales. Según la disposición, el objetivo es combatir la usura y brindar mayor protección a quienes recurren a estos servicios por necesidad económica, indicó un abogado nicaragüense, en condición de anonimato.
¿Controlar las tasas de interés u oxigenar al Gobierno?
Esta medida ha sido vista como un alivio para los prestatarios, al reducir los riesgos de abuso por parte de los prestamistas, tal como menciona un usuario en TikTok: “(…) x fin los van a controlar a estos usureros, cobrando el 10% el más considerado, el 20%, y el 30%, 40% y lo hacen taxativo muchas veces, quitando tarjetas de débito, etc…” De estos comentarios hay cientos en redes sociales, sin embargo, las sanciones a los prestamistas usureros bajo el Conami “supuestamente” serán monitoreadas.
Cabe mencionar, que el Gobierno busca regular a todos los prestamistas, desde grandes empresas hasta personas naturales, con el fin de evitar abusos contra quienes recurren a estos servicios por necesidad económica. Con la nueva normativa, queda claro que operar sin autorización conlleva sanciones.
Sin embargo, la gran duda sigue siendo si el Estado realmente tendrá la capacidad de hacer cumplir estas reglas y frenar las prácticas irregulares, “porque prestamistas hay muchos y no tiene control el Estado”, indica en abogado entrevistado por DIVERGENTES.
Esta nueva regulación es “un mecanismo de registro, pero también es un control de pago de impuesto, que al final y al cabo, oxigenan al Gobierno para seguir operando, como el caso de los cientos de prestamistas informales que trabajan desde el mercado Oriental y que el mismo Gobierno conoce quiénes son y cómo operan… Es inventariar a todos aquellos pequeños prestamistas que empeñan y que a fuerza deben estar registrados para poder operar”. Eso implica que el Estado viene a ‘remediar’ el lavado de activos.
¿Puedes denunciar a los prestamistas?
Según un abogado consultado por DIVERGENTES bajo anonimato para evitar represalias del régimen sandinista, el paquete de leyes especifican que se pueden llevar acciones por la vía penal. “Cuando el prestamista cometa delito de usura de conformidad con el Código Penal vigente y con esta Ley, el prestatario lo pondrá en conocimiento de las autoridades correspondientes para que inicien las diligencias del juicio penal respectivo”, reza el artículo 14 de la Ley 176.
Para denunciar abusos o prácticas irregulares, la persona afectada debe acudir a la Policía Nacional, donde el caso puede derivar en un proceso civil o penal. Sin embargo, como la normativa es reciente, aún hay incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo este procedimiento, indica el abogado consultado. También es posible presentar la denuncia ante la Conami, ubicada en el Paseo Tiscapa, siempre que el prestamista esté registrado. Y con el apoyo de un abogado, la víctima puede demostrar que existe un vínculo con el prestamista y exigir el cumplimiento de la regulación, afirma el especialista.
La normativa acaba de entrar en vigencia, lo que supone un desafío para el régimen en su intento de controlar a los prestamistas individuales. Aun así, el control real dependerá de la denuncia ciudadana sobre los altos intereses que imponen muchos prestamistas.
¿Qué dice la nueva normativa?
Según el capítulo VI de la Ley 1215, los proveedores de servicios de empeño y préstamos deben presentar información financiera y legal ante la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami). El presidente ejecutivo de esta entidad tendrá 30 días hábiles para determinar si un prestamista debe registrarse formalmente. Si no presentan los reportes requeridos, si la información es falsa o si se niegan a entregarla, enfrentarán sanciones.
Los prestamistas, tanto personas naturales como jurídicas, están obligados a registrarse ante la Conami y cumplir con una serie de requisitos. En el caso de las personas naturales, deben presentar una solicitud escrita con sus datos generales, ubicación y actividad económica. Además, deben entregar copia notariada de la escritura pública que los declara como prestamistas, certificados de antecedentes judiciales y policiales, estados financieros certificados, declaración patrimonial y documentación relacionada con impuestos y matrícula municipal.
Para las personas jurídicas, Conami exige la escritura pública de constitución y estatutos, la certificación de la junta directiva que autoriza al representante legal, estados financieros auditados o certificados, así como el detalle de accionistas y sus participaciones.
El proceso de registro consta de tres etapas. Primero, la inscripción, donde se presenta la solicitud y la Conami revisa los documentos para verificar el cumplimiento de los requisitos. Luego, la autorización, en la que el Consejo Directivo de la Conami aprueba o rechaza el registro en un plazo máximo de 30 días hábiles. Finalmente, la certificación, que se otorga tras la publicación en La Gaceta, permitiendo operar legalmente.
El dilema de los prestamistas: ¿inscribirse o no?
Juan Diego, el prestamista de Masaya que cobra entre 20 y 30% mensual, dice que no le interesa inscribirse, porque es mucha burocracia y que el régimen “solo busca quitarles sus ganancias, porque al final es mi dinero el que está en juego. Simplemente ellos (Gobierno) quieren acaparar todo y exprimirnos a quienes trabajamos honradamente, y que brindamos un servicio que es menos engorroso que el que ofrecen los bancos”.
Negarse a registrarse o presentar información incompleta como plantea Juan Diego puede acarrear sanciones. Las multas por operar sin autorización oscilan entre 10 000 y 15 000 dólares. Además, los proveedores están obligados a actualizar su información ante la Conami en un plazo máximo de 7 días hábiles si ocurre algún cambio relevante, cita la página web de Torres, Estrada & Asociados.
El costo de inscripción varía según los ingresos o activos declarados. Las personas naturales bajo el régimen de cuota fija deben pagar entre el 2% y el 3% de sus ingresos anuales, mientras que otras entidades deben abonar el 0.3% sobre el total de sus activos, indica la normativa.