Hace un año y medio, Eli (quien pidió resguardar su verdadera identidad y las de su familia) viajó junto a su hermano —ambos de origen nicaragüense— a Estados Unidos bajo el programa de parol humanitario. Su padre, residente en el estado de Florida, fue quien los patrocinó financieramente. Para él, esta figura de inmigración temporal ofrecía una oportunidad legal para que sus hijos mejoraran su situación económica durante los dos años que el programa les permitía trabajar y vivir en el país.
Con la cancelación del parol como parte de las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump, el sueño de ambos hermanos se truncó. La fecha límite para la permanencia legal de los beneficiarios del parol es el 24 de abril de 2025.
Pese a ello, los hermanos han decidido permanecer en Estados Unidos sin un nuevo estatus migratorio. Confían en que, como ocurrió con la decisión del juez federal Edward Chen —quien bloqueó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes venezolanos—, el Gobierno podría aplazar la suspensión del programa.
Su padre, sin embargo, teme las posibles repercusiones que esto pueda tener sobre su estatus migratorio. Ante esto surge la interrogante ¿si el patrocinador podría enfrentar consecuencias si la persona que apadrinó se queda ilegalmente en Estados Unidos? Diver-Check te lo explica.
Cindy Blandón, abogada especializada en migración, aclara que los patrocinadores del parol humanitario no tienen responsabilidad civil, es decir, no enfrentan consecuencias legales si la persona a la que respaldaron decide no abandonar Estados Unidos una vez vencido el plazo de su estancia legal, pese a las advertencias del presidente Donald Trump.
Blandón explica que esto se debe a que el patrocinador no firmó ningún documento con los oficiales de inmigración, ni con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Todo el proceso se llevó a cabo con el Gobierno federal a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), responsables de autorizar el parol a personas con razones justificadas para entrar temporalmente al país.
“El patrocinador únicamente firmó un contrato con el gobierno federal comprometiéndose a responder financieramente durante dos años. Esto es distinto al caso de los patrocinadores que actúan en procesos de fianza migratoria. En esos casos, sí hay un compromiso formal ante ICE, y si la persona pierde un caso de asilo o de inmigración, el patrocinador tiene la obligación de entregarla”, explica la abogada.
Todo es posible con Trump
Dado el contexto hostil que se vive en contra de los inmigrantes de cualquier nacionalidad, Blandón no descarta que si el patrocinado no quiera salir de manera voluntaria de Estados Unidos, ICE sí puede buscar y amenazar a los patrocinadores para que entreguen o den referencia a los beneficiados con el parol.
“Hasta el momento la persecución de ICE hacia los patrocinadores no se ha visto, y que no se trata de una medida adicional, sino que podría ser una táctica de amenaza”, expresa la abogada.
Blandón también especifica que muchas de las inquietudes que circulan en redes sociales sobre posibles implicaciones legales para los patrocinadores carecen de fundamento. Explica que, salvo que el patrocinador haya asumido otras obligaciones —como préstamos bancarios u otro tipo de compromisos legales en los que haya firmado como deudor solidario—, no existe ninguna responsabilidad adicional.
“El patrocinador no enfrenta consecuencias legales solo porque la persona que apoyó decida quedarse en el país. Su responsabilidad es únicamente financiera, y limitada al acuerdo firmado con el gobierno federal, no más allá”, recalca Blandón.
No obstante, cuando el migrante ha recibido asistencia económica, las entidades gubernamentales tienen la facultad de solicitar a los patrocinadores el reembolso de esos recursos, finaliza la especialista.