El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado de facto al menos 135 propiedades de ciudadanía desnacionalizada, empresas, organismos no gubernamentales, medios de comunicación, universidades, Iglesia católica y sedes diplomáticas. Esto suma una deuda pública de más de 250 millones de dólares, revela la investigación La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo, realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) de Hagamos Democracia.
De acuerdo con el estudio, la nueva etapa de confiscaciones que ha ejecutado el régimen Ortega-Murillo desde 2018, vuelve a generar una deuda millonaria al Estado nicaragüense, cuando apenas en 2023 debió de haber terminado de pagar las indemnizaciones de la primera “piñata”, ocurrida con las confiscaciones ordenadas durante la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, de la cual era parte Ortega.
No obstante, la investigación advierte que los 250 millones de dólares que representan las propiedades confiscadas de la “nueva piñata”, son solo una parte ínfima del valor real que estas tienen, ya que es lo que se logró cuantificar con la escasa información disponible.
Tampoco se conoce la cantidad real de propiedades afectadas hasta la fecha y el valor total de cada una de ellas. “Es la punta del iceberg de la nueva piñata”, especifica la investigación.
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Además de la poca información, “el terror que impera en Nicaragua” por la represión estatal impide que las víctimas de las confiscaciones compartan información, advierte el estudio. Además, la investigación denuncia una nueva etapa represiva del régimen: confiscar las casas de familiares de opositores.
“De modo que este informe no llega a ser una cuantificación definitiva de lo confiscado por los Ortega-Murillo a partir de 2018, sino que es apenas un primer esfuerzo para documentar lo confiscado ilegalmente por el régimen”, aclara la investigación.
La OPTA asevera que los 250 millones de dólares calculados son solo un número inicial de “una deuda ingente que crece todos los días y que toda la ciudadanía nicaragüense deberá pagar en un futuro”.
Desnacionalizados y familiares afectados
Si bien el régimen Ortega-Murillo ya había llevado a cabo confiscaciones de propiedades desde 2018, con la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense que fue aplicada a 222 personas presas políticas desterradas y otras 95 personas opositoras más en febrero de 2023, se oficializó esta nueva etapa.
Según esta ley, cualquier persona acusada de “traición a la patria” no solo perderá su nacionalidad como nicaragüense, sino también perderá todos sus bienes muebles e inmuebles que pasarán a nombre del Estado.
De las 317 personas nicaragüenses afectadas por esta ley, 36 de ellas sufrieron casos de confiscaciones y les fueron despojadas 78 propiedades (el 48.6% de los afectados poseían dos o más inmuebles).
Según el valor de mercado de las 78 propiedades confiscadas, estas tienen un costo de al menos 17 millones 226 mil 946 dólares; y más de la mitad están ubicadas en zonas residenciales con plusvalía, destaca la investigación.
La gran mayoría de estas propiedades, el 86.5%, eran utilizadas como viviendas personales y solo el 19% eran utilizadas como inmuebles vacacionales. También muchos de estos inmuebles también son terrenos, fincas y módulos comerciales.
Pese a que la ley señala que los bienes serán confiscados únicamente a las personas acusadas de “traición a la patria”, el régimen Ortega-Murillo ha extendido las confiscaciones a familiares de desnacionalizados y personas aledañas a las propiedades.
También mencionan el caso de la periodista Sofía Montenegro que vivía en el Condominio Amazonia. Aunque solo era ella la acusada de “traición a la patria”, la Policía Nacional extendió la confiscación de todos los 16 apartamentos del condominio, a pesar que los otros propietarios no eran familia de la feminista.
La investigación recuerda que las confiscaciones de bienes se tratan de una medida represiva que no es nueva en las dictaduras: “Por ejemplo, en 1927, la Unión Soviética de Stalin entró en vigor el ‘Código Penal de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia’, y en especial el artículo 58-1 fue revisado varias veces para introducir la noción formal de ‘enemigos del pueblo’. Los declarados así eran considerados ‘traidores’, ‘saboteadores’ y por ende confiscados de todos sus bienes”.
ONG decapitadas y confiscadas
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) también han sido otros de los grupos afectados por las confiscaciones. Este proceso inició con la clausura masiva de sus personerías jurídicas en 2018 y se intensificó en 2020 con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.
Hasta abril de 2024, se contabilizan 3494 ONG clausuradas en el país. De estas, 30 ONG han sufrido confiscaciones y la investigación identificó 41 propiedades afectadas. La mayoría de estas propiedades funcionaban como edificios de oficinas, filiales en los departamentos y fincas dedicadas para labores científicas y emprendimientos.
Las 41 propiedades confiscadas tienen un valor aproximado de 8 405 000 dólares, estima el estudio.
Estas confiscaciones se realizaron violando la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que establece que las ONG establecerán el destino de sus bienes liquidados en caso de cierre de acuerdo con sus actos constitutivos o estatutos. “Sin embargo, es algo que no se ha cumplido por el Gobierno en todos los casos”, indica el OPTA.
El nuevo enriquecimiento del régimen
El empresariado nicaragüense no se ha escapado de las confiscaciones. El régimen Ortega-Murillo ha despojado de bienes a empresarios a título personal, empresas y cámaras empresariales.
Hasta abril de este año, han sido clausuradas 35 cámaras y asociaciones empresariales. El OPTA cuantificó 163 millones 478 mil 756 de dólares en propiedades confiscadas tanto a nivel personal del empresariado y a nivel gremial.
Sin embargo, el estudio advierte que es un número mínimo, ya que las cámaras empresariales continúan trabajando para determinar el alcance de los bienes confiscados.
Cabe destacar que el régimen Ortega-Murillo no solo ha limitado a la confiscación de propiedades con el empresariado, sino también las acciones de las empresas. “En otras palabras, cuando la personería jurídica de una cámara o una asociación empresarial es disuelta por el gobierno, todas las acciones que tengan —en cualquier compañía, empresa o sociedad— pasan a ser propiedad del Estado de Nicaragua”, revela la investigación.
Debido a la poca información disponible, no es posible cuantificar el impacto de este tipo de expropiaciones, pero fuentes del sector privado señalan que es un alcance “muy alto y crítico”.
Según el investigador Manuel Orozco, consultado por el OPTA, las confiscaciones al empresariado le están dando la oportunidad al régimen de entrar y controlar el sector privado.
El empresariado nicaragüense también ha sufrido extorsiones por parte del régimen Ortega-Murillo. De acuerdo con ellos, existe un expolio dirigido por una “red de gestores tributarios” en la Dirección General de Ingresos (DGI), la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) y las alcaldías.
Iglesia y universidades
Al menos 29 centros de educación superior han sido despojados de su personería jurídica desde finales de 2022, cuando el régimen Ortega-Murillo expandió su cacería a las universidades. De estos, 21 centros han sido confiscados, pero la OPTA solo obtuvo el valor de dos instituciones: de la Universidad Paulo Freire y del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.
El rubro de ambos centros asciende a 30 millones 565 mil dólares. “Al igual que con los empresarios, esta es una cifra ínfima respecto a lo expropiado”, advierte la investigación.
Para llevar a cabo las confiscaciones y traspasar los bienes al Estado, el régimen Ortega-Murillo tuvo que crear al menos tres leyes inconstitucionales, debido a los obstáculos legales que había. Y en el caso de la Universidad Centroamericana (UCA), el régimen giró “oficio” en su contra por el supuesto delito de terrorismo.
Las universidades, al igual que los otros grupos afectados por las confiscaciones, también han sufrido el congelamiento de sus cuentas bancarias, cuyas pérdidas económicas no han podido ser estimadas.
La Iglesia católica ha sufrido 15 propiedades de nueve asociaciones religiosas, así como la congelación de sus cuentas bancarias. Según el OPTA, la Iglesia católica no ha brindado información sobre el balance de sus pérdidas, pero fuentes ligadas a la alta jerarquía católica, se estima que “la cantidad debe ser enorme”.
De acuerdo con estas fuentes, no solo se han congelado las cuentas bancarias de la Conferencia Episcopal y de las parroquias, y se han confiscado sus propiedades, sino que también se han congelado las cuentas bancarias personales de algunos sacerdotes.
Ni las sedes diplomáticas se escapan
La criminalización contra el periodismo independiente ha hecho que la dictadura haya confiscado las propiedades de al menos siete medios de comunicación desde 2018.
El valor total de las propiedades confiscadas a los medios asciende a los 22 millones 197 mil 011 dólares y el valor de los equipos suma a más de 4 millones 423 mil 653 dólares. No obstante, esta cantidad es solamente de seis medios que brindaron la información para la investigación.
La política de Estado confiscatoria no se ha limitado a personas naturales y jurídicas, también ha ido en contra de materia diplomática.
Pues, el régimen invadió y confiscó la embajada de Taiwán y las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ambas sedes diplomáticas estaban protegidas por la Convención de Viena, a la cual Nicaragua está suscrita desde 1975.
El valor de estas propiedades no pudo ser cuantificado por la OPTA, pero señaló que ambos inmuebles están ubicados en zonas de alta plusvalía en la capital, donde el precio por metro cuadrado ronda los 1000 dólares.
Todas las propiedades confiscadas han sido repartidas a instituciones como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Instituto Tecnológico Nacional (Inatec), el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ejército de Nicaragua.
Las otras propiedades que no han sido repartidas están a la espera del traspaso ejecutado por la Procuraduría General de la República (PGR), el cual es el órgano regidor de esta materia, tras la aprobación de la ley inconstitucional, Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (Sinare), que mandata que todos los registros públicos pasen a la administración de la PGR.