La fiscal general del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Consuelo Porras, fue denunciada por el Gobierno de Bernardo Arévalo, que la acusa de cometer el delito de incumplimiento de deberes, por supuestamente abandonar de manera abrupta la reunión con la Junta de Gabinete de ministros, convocada por el presidente el 29 de enero pasado.
Dicha denuncia fue interpuesta un mes después de aquel suceso, pero son pocas las posibilidades que prospere en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En esa instancia, debe determinarse si se da o no trámite al pedido de retiro de antejuicio del Gobierno que hizo a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Pero, ¿por qué las probabilidades de que la denuncia avance son remotas? Los magistrados que integran la CSJ también enfrentan señalamientos de corrupción. La antigua FECI dirigida por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, actualmente en el exilio, develó un caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020”, una pesquisa que expuso cómo se fraguó una estrategia presuntamente irregular para integrar las altas cortes de justicia de ese país centroamericano.
Los magistrados, entre estos, el actual presidente de la CSJ, Óscar Ruperto Cruz Oliva, no fueron investigados y el caso no tuvo ningún avance en el MP.
Al contrario, el ente investigador inició una persecución contra los fiscales que revelaron ese proceso y expusieron a una red de abogados, jueces y magistrados que habrían negociado la integración de la CSJ y Salas de Apelaciones.
Un día después de haberse presentado la denuncia del Gobierno, la Corte Constitucional resolvió confirmar la protección para Porras y rechazar la una solicitud de un antejuicio contra ella.
Esa otra denuncia fue interpuesta por la exfiscal anticorrupción Siomara Sosa, quien ha sido criminalizada por el MP de Guatemala, y actualmente está exiliada. La exfiscal aseguró que Porras pudo cometer los delitos de abuso de autoridad y retención de información, sin embargo, dicha acción penal no prosperó en las Cortes.
Es decir, el Gobierno de Guatemala no sólo enfrenta una CSJ cooptada por magistrados con señalamientos de corrupción, sino a una Corte Constitucional que ha emitido fallos contra el partido oficial y ha anulado la mayoría de sus decisiones en el Congreso de la República.
Bernardo Arévalo busca alternativas
El Gobierno de Bernardo Arévalo busca otras alternativas para separar del cargo a Consuelo Porras, luego de que ésta se negara a renunciar, ante la presión social para ejecutar acciones contra la titular del MP. Una de las promesas de campaña del mandatario guatemalteco fue exigir su renuncia.
La normativa guatemalteca indica que una fiscal general sólo puede ser despedida, si enfrenta una sentencia condenatoria por la comisión de un delito.
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica y el procurador general de la nación, Julio Saavedra, fueron quienes presentaron la querella penal y solicitud de antejuicio contra Consuelo Porras.
La intención del presidente Arévalo era coordinar políticas de Estado y acciones de temas fundamentales en el esfuerzo que persigue el Estado para abatir la impunidad, combatir la corrupción y garantizar el respeto de los derechos humanos.
Señalaron que la presencia de la fiscal general en la Junta de Gabinete el 29 de enero se consideró necesaria para que Porras participase en la deliberación de esos temas. Sin embargo, mencionaron que la acción de Porras de rehusarse a participar en la Junta de Gabinete y retirarse, podría enmarcarse en el delito de incumplimiento de deberes.
La denuncia se interpuso a 30 días de que Porras desatendió la reunión, y a pocos días de que el secretario de la Presidencia generara polémica en redes sociales por unas declaraciones que dio al medio Plaza Pública, en las que hizo ver que ya no actuarían contra la titular del MP.
Porras vista como una amenaza para el Gobierno guatemalteco
El analista político guatemalteco, Édgar Gutiérrez, quien también se encuentra en el exilio, dijo a DIVERGENTES que el “antejuicio tiene poco chances de prosperar”, por razones políticas.
“La actual Corte Suprema de Justicia es producto de negociaciones bajo la mesa que oportunamente investigó la fiscalía especial contra la corrupción, en tiempos de Juan Francisco Sandoval, y la fiscal general resulta una pieza decisiva en la estrategia de desgaste al Gobierno de Bernardo Arévalo”, mencionó.
Gutiérrez es del parecer que Consuelo Porras es “una amenaza para la estabilidad del gobierno”, pues dice que en cualquier momento puede desarrollar procesos como lo ha hecho durante los últimos años contra disidentes, o quienes no son parte del llamado pacto de corruptos.
El camino por recorrer de Bernardo Arévalo para lograr la salida de Consuelo Porras se sigue escribiendo, y podría llegar hasta mayo de 2026, cuando termine el mandato de la jefa del MP.
MP intentó dar un golpe de Estado
El partido Semilla que propuso a Arévalo y Herrera como binomio presidencial, no aparecía en las encuestas, ni en el mapa del MP. La sorpresa fue en junio de 2023, cuando ambos lograron ganar un segundo lugar y colarse a la segunda vuelta de la elección presidencial de Guatemala.
Desde entonces, la institución que dirige Porras inició una persecución en contra de los miembros del partido Semilla, quienes denunciaron un intento por evitar que llegaran a la segunda vuelta. Incluso hubo allanamientos en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y secuestro de las papeletas con los resultados de las elecciones generales.
La acusación contra el ahora partido oficial del país centroamericano versa sobre supuesta falsificación de firmas de afiliados y que fueron entregados al TSE para formar dicha agrupación política. Además, se les vinculó en la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, actualmente está dirigida por Walter Mazariegos, sancionado por Estados Unidos.
En la CSJ de Guatemala, misma que analizará la denuncia contra Porras, se deben resolver las peticiones para despojar de su fuero al binomio presidencial guatemalteco, quienes enfrentan dos investigaciones del MP.