Los problemas derivados de la gentrificación en Costa Rica, se han derivado en presiones para que el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves reforme la Ley de Migración y Extranjería. Para cientos de nicaragüenses y otros turistas, salir de Costa Rica cada tres meses y volver a ingresar ha sido una manera de prolongar su estancia sin trámites complejos. Sin embargo, un nuevo proyecto de ley pretende cerrar esa puerta con sanciones más altas, y un periodo obligatorio de 90 días fuera del país antes de poder reingresar.
Este nuevo proyecto de ley presentado por la diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas Salazar, propone triplicar las multas a turistas que se queden en el país de forma irregular, afectando a cientos de nicas y otros turistas que realizan esta práctica, que han visto en Costa Rica un espacio de residencia permanente.
La iniciativa establece que los turistas deberán esperar 90 días para reingresar al país tras el vencimiento de su plazo máximo de permanencia. Además, incrementa la multa a 300 dólares por mes para quienes excedan su estadía sin autorización. El proyecto, registrado bajo el Expediente 24854, fue presentado ante la Asamblea Legislativa el 25 de febrero de 2025, pero hasta el momento no ha sido asignado a una comisión.
Vindas Salazar busca regular el reingreso de extranjeros en condición de turistas y fortalecer la gestión migratoria, mediante la reforma de los artículos 33 y 91 de la Ley General de Migración y Extranjería (Ley 8764). Explica en su anteproyecto que en Costa Rica ocurre el fenómeno “visa run”, una práctica en la que turistas, al acercarse el vencimiento de su estadía legal, salen temporalmente a un país vecino para renovar su permiso al reingresar.
Según la diputada, esta estrategia permite una permanencia indefinida sin necesidad de gestionar residencia legal, lo que contradice la intención de la Ley General de Migración y Extranjería en su título IV, que establece las diferencias entre residentes permanentes, residentes temporales y personas no residentes.
Pocos recursos en Migración para dar seguimientos individualizados
La diputada señala que la Dirección General de Migración y Extranjería carece de recursos para hacer un seguimiento individualizado de los turistas, lo que impide controlar cuánto tiempo permanecen en el país y con qué frecuencia reingresan. Esta falta de control dificulta la gestión migratoria y permite que el “visa run” se mantenga como una alternativa irregular para prolongar la estancia en Costa Rica.
La preocupación surge luego de que las autoridades costarricenses pusieran énfasis en la crisis de gentrificación y realizaran allanamientos en zonas como Jacó, Quepos y Uvita, donde se han registrado la residencia permanente de extranjeros.
Según Vindas Salazar, estos turistas viajan a Nicaragua a través de agencias de turismo para cumplir con los requisitos de entrada y salida de Costa Rica y renovar su estadía, que antes del 31 de agosto de 2023 tenía un límite máximo de 90 días.
Ante estos precedentes, Vindas Salazar afirma que “Costa Rica requiere una regulación más estricta para evitar el uso indebido de la condición migratoria de turista y garantizar un mayor control de la población no residente en el país, siendo este el objetivo principal de esta iniciativa de ley”.
Sin embargo, el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves en agosto del 2023 en La Gaceta N.º 159, publicó el decreto 44187-MGP que dispone la reforma de varios artículos del Reglamento para el otorgamiento de visas de ingreso a Costa Rica, y al decreto ejecutivo 37112-G del 21 de marzo de 2012, denominado Reglamento de Extranjería y crea el Día del Costarricense en el exterior, donde se amplía el plazo máximo de permanencia legal para las personas extranjeras a 180 días contados a partir de su ingreso.
“Lo anterior, lejos de desincentivar la práctica del ‘visa run’, ha generado un atractivo más para el turista ‘permanente’ que percibe esta medida como una facilidad y así se expone en diferentes sitios web y redes sociales, por contar con más tiempo antes de verse en la necesidad de viajar a la frontera”, reza el anteproyecto de la diputada del FA.
Impacto en la población costarricense
Agrega que la práctica del “visa run” tiene un impacto significativo en las comunidades costeras y otras zonas de alta afluencia de turistas “permanentes”. La creciente presencia de extranjeros y su demanda de bienes y servicios aumenta la presión sobre los recursos locales, encarece el mercado inmobiliario y eleva los alquileres temporales, dificultando el acceso a la vivienda asequible para los residentes locales, que no pueden competir con los precios que pagan los turistas prolongados, dice el anteproyecto.
Un estudio del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA) revela que el 86.8% de los costarricenses percibe que los extranjeros se apropian de terrenos en zonas costeras, mientras que el 78.1% opina que lo mismo ocurre en el interior del país. Además, un 76.9% considera que su presencia encarece las propiedades, afectando a la población local, y para 66.2%, la gentrificación ha elevado el costo de vida en Costa Rica.
La falta de políticas efectivas para regular la permanencia indefinida de turistas, junto con normativas permisivas que favorecen la inversión extranjera y facilitan la adquisición de tierras y negocios, llevó a la diputada y su bancada a presentar este anteproyecto. En redes sociales, un gran porcentaje de costarricenses lo respalda, señalando la gentrificación como una desventaja para el país.
Ley puede afectar a nicaragüenses residentes en Costa Rica
El proyecto busca incrementar las multas para turistas que excedan su estadía y dotar de más recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, que ha señalado que el personal actual es insuficiente para un control efectivo.
Adicionalmente, busca evitar que las personas extranjeras que están en condición de turistas en el país, puedan salir y volver a entrar al país en pocos días con la intención de renovar su permiso de estadía como turistas en el territorio nacional.
Esto significaría que “vencido el plazo máximo de permanencia legal, la persona extranjera en condición de turista no podrá reingresar al país en la misma condición migratoria por un plazo de 90 días”, reza el proyecto que propone adicionar este párrafo, al final al artículo 91 de la Ley General de Migración y Extranjería.
De reformarse la Ley de Migración y Extranjería costarricense, el artículo 33 inciso 3 se leería: “Las personas extranjeras estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la presente Ley, su Reglamento y, en general, al ordenamiento jurídico vigente, así como a las siguientes obligaciones: (…)
Las personas extranjeras tendrán la obligación de regresar del país cuando venza el plazo de permanencia autorizado por la autoridad migratoria, salvo que medie la solicitud de un cambio de categoría o una prórroga otorgada por dicha autoridad migratoria.
Toda estancia irregular en territorio costarricense hará que las personas extranjeras deban cancelar una multa migratoria equivalente a cien dólares moneda de los Estados Unidos de América, por cada mes de estancia irregular en el país.
En el caso de los extranjeros en condición de turista la multa migratoria será equivalente a trescientos dólares moneda de los Estados Unidos de América, por cada mes de estancia irregular en el país.
En su defecto, en todos los casos anteriormente mencionados de no pagar la multa migratoria correspondiente se les prohibirá el ingreso por un plazo equivalente al triple del tiempo de su permanencia irregular.
La totalidad de lo recaudado por concepto de esta multa será destinada a la Dirección General de Migración y Expediente N.° Extranjería para el fortalecimiento de sus funciones y servicios.
El otro artículo que pretenden reformar es el 91, que indica: “Vencido el plazo máximo de permanencia legal, la persona extranjera en condición de turista no podrá reingresar al país en la misma condición migratoria por un plazo de 90 días”.
Es decir, si un turista ingresa el 1 de marzo con un permiso de 90 días, deberá salir del país antes del 29 de mayo y no podrá reingresar hasta el 26 de agosto, sin importar cuántos días haya permanecido en Costa Rica.
Sin embargo, la propuesta aún no ha pasado a una comisión legislativa, pero de no aprobarse y la medida no fuera restrictiva, permitirá que un turista que salga antes del vencimiento de su plazo pueda ingresar y obtener un nuevo período de estadía, como ocurre actualmente.
Además, el proyecto no contempla a quienes tienen un permiso de 30 días, lo que implicaría que deban permanecer fuera del país tres veces el tiempo de su estadía antes de regresar como turistas.