El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó la conformación de una comisión de encuesta para visitar Nicaragua, algo sin precedentes en la historia de la lucha por el respeto de los convenios laborales en el país. Sin embargo, tomando en cuenta la actitudes represivas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante situaciones similares ocurridas anteriormente, se espera que el régimen sandinista no permita el ingreso de esta entidad.
La Comisión de Encuesta de la OIT es un mecanismo de investigación que se activa cuando un Estado Miembro es acusado de violar las normas internacionales del trabajo. Se trata del procedimiento de investigación más alto nivel de este organismo.
El 27 de febrero de 2025 el régimen sandinista anunció la salida de Nicaragua de la OIT, argumentando que está entidad actúa de manera “politizada, prestándose a maniobras de desestabilización e injerencismo al conocer temas esencialmente políticos y propios de la Jurisdicción Interna de la OIT”, además los llama que carecen de objetividad basada en información sesgada, “atentando contra la paz del país”.
Ariela Peralta Distéfano, abogada y miembro de El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) explicó a DIVERGENTES que en su último informe, el numeral 98 menciona que durante la 111ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2023, once delegados presentaron una queja basada en el artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La denuncia acusa a Nicaragua de incumplir los Convenios número. 87, 98, 111 y 14437, alegando violaciones contra el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y sus exdirigentes, incluyendo acoso, detenciones arbitrarias, confiscación de bienes y privación de nacionalidad.
Violaciones laborales, arrestos y confiscaciones
“El Consejo de Administración de la OIT solicitó al Gobierno de Nicaragua que respondiera a estas acusaciones y decidió enviar una misión tripartita de alto nivel para evaluar la situación, con un informe programado para marzo de 2025”, indica el documento.
Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, explicó que la salida de Nicaragua de la OIT le hace perder el derecho de asistir a sus reuniones. El proceso en contra de la administración sandinista es por el incumplimiento de cuatro convenios: de consulta tripartita; discriminación; el derecho de sindicación y negociación colectiva; y sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Procesos que se activaron mediante el mecanismo de denuncia por violaciones a los derechos laborales, que no solo protege a los trabajadores, sino también a organizaciones empleadoras y civiles.
Si el comité de encuesta —según el artículo 26 de la Constitución de la OIT en adelante— se conforma pero el país impide su ingreso, la comisión de encuesta igualmente elaborará un informe y tomará una decisión sobre las violaciones a los convenios internacionales. “Aunque es prematuro afirmarlo, ese informe podría servir de base para que un Estado denuncie a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento de normas laborales”, señaló Ruiz a DIVERGENTES.