El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles 19 de agosto convocar la reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de los países agrupados en el organismo para considerar la situación de Nicaragua. La votación, que se llevó a cabo en el salón Simón Bolívar en Washington, fue de 29 votos a favor, 1 voto en contra.
La resolución que se aprobó convoca a la reunión de cancilleres de forma urgente y tan pronto sea viable. “La idea es considerar la situación en Nicaragua y las medidas que sean congruentes con las Cartas de la OEA, Carta Interamericana y el Derecho Internacional”, expuso, Michael Kozak, representante de Estados Unidos.
En segundo lugar, la resolución solicita al presidente del Consejo Permanente y la Secretaría General de la OEA preparar la agenda y el reglamento para la reunión.
Es la primera vez, desde la crisis de 2018, que la OEA activa este mecanismo de reunión de consulta, uno de los principales instrumentos políticos del organismo. El Consejo Permanente es el foro permanente de diálogo político de la OEA y, entre sus atribuciones, da seguimiento a los mandatos de la Asamblea General y de las reuniones de consulta de cancilleres. Esto abre una nueva instancia diplomática de alto nivel para analizar la crisis nicaragüense y las posibles respuestas de los países del continente.
La ofensiva diplomática estuvo liderada por Estados Unidos junto a un bloque de países que apoyaron la iniciativa. Los países que presentaron la resolución fueron Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, y contaron con el copatrocinio de las delegaciones de Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras y San Cristóbal y Nieves La determinación del grupo busca acorralar internacionalmente a los líderes de la tiranía nicaragüense con presión política, diplomática y financiera.
El encuentro ministerial evaluará las sanciones formales y medidas diplomáticas contra el régimen sandinista. La alianza de países mantendrá la máxima presión para defender los principios representativos en el continente.
“Apabullante victoria”
El exprecandidato presidencial y excarcelado político, Juan Sebastián Chamorro, calificó esta aprobación como una “apabullante victoria de la democracia en Nicaragua”. Explicó que, dentro de la Carta Democrática Interamericana, este es “el máximo mecanismo político y de más alto nivel” para que los Estados miembros reaccionen colectivamente ante una crisis democrática como la que atraviesa Nicaragua. A su juicio, la nueva convocatoria abre la puerta a “acciones colectivas o individuales en contra de la dictadura” y representa el resultado de meses de trabajo de la oposición nicaragüense.
Félix Maradiaga, otro de los candidatos presidenciales encarcelados antes de las elecciones de 2021, consideró esta aprobación como “un paso sumamente trascendental”. El opositor destacó que una amplia mayoría de Estados demostró su disposición a elevar el nivel de respuesta.
“Es muy importante que haya ganado respaldo la posición de que la dictadura de Ortega y Murillo no representa únicamente un problema de democracia y derechos humanos, sino también una amenaza para la seguridad hemisférica. Ese nuevo enfoque amplía las opciones diplomáticas y políticas disponibles para los Estados”, añadió el político nicaragüense.
Resultado es por trabajo de la oposición
Para Maradiaga, el resultado refleja una mayor voluntad de los países y “demuestra que existe una amplia convergencia regional frente a la gravedad de lo que ocurre en Nicaragua”.
Asimismo, destacó el trabajo que durante meses realizó la oposición democrática para alcanzar este resultado. “La convocatoria es muy importante, pero todavía no es el punto de llegada. Ahora corresponde procurar que la reunión se celebre cuanto antes y que se traduzca en decisiones y acciones concretas”, puntualizó.
El pasado 5 de agosto, Kozak sugirió que los ministros deberían reunirse antes del 1 de septiembre– antes de que el régimen aprueben las reformas constitucionales en la Asamblea Nacional– para discutir medidas diplomáticas y económicas colectivas, como limitar el acceso a otros foros regionales y solicitar la liberación de los presos políticos. “Los ministros pueden deliberar sobre los instrumentos a utilizar”, apuntó Kozak.
La condena llega después de meses marcados por nuevas denuncias de violaciones de derechos humanos y un mayor cierre de los espacios políticos y electorales. El pasado 19 de julio, Daniel Ortega anunció sus intenciones de eliminar las elecciones competitivas. Días después, las autoridades presentaron una propuesta de reforma constitucional que plantea períodos presidenciales de siete años “renovables” y refuerza las disposiciones que permiten impedir la participación política de personas consideradas por régimen como “golpistas” o “vendepatrias” por estar vinculadas a las protestas de abril del 2018.
La Secretaría General de la OEA ha colocado a Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, entre los países sobre los que ha reclamado una ampliación del espacio democrático y cívico y un mayor respeto a las libertades fundamentales.