La responsabilidad del Estado de Nicaragua sobre la comisión de violaciones a derechos humanos seguirá siendo fiscalizada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC, por sus siglas en inglés), pese a su decisión de “salirse” de este, indica el abogado Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Para evitar que las acciones del Estado nicaragüense sobre actuaciones violatorias a los derechos humanos sean investigadas por el UNHRC, el país tendría que dejar en su totalidad el sistema de las Naciones Unidas y desuscribirse de todos los pactos internacionales que le vinculan y establecen responsabilidades en dicha materia.
Además, actualmente Nicaragua no forma parte de los países miembros del UNHRC para el actual período que corresponde al 19º ciclo, el cual culmina el 31 de diciembre de 2025. Pues, la participación de los países en el Consejo es rotatoria y dura únicamente tres años, con el permiso de una sola reelección seguida.
Tras el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) de las Naciones Unidas en el que señala por primera vez la participación del Ejército de Nicaragua en la represión contra las protestas antigubernamentales ocurridas en 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió una carta a Jürg Lauber, presidente del UNHRC, informando su “decisión soberana e irrevocable” de retirarse de este organismo.
No obstante, no hay un abandono real del país sobre el Consejo, ya que Nicaragua continúa siendo parte de las Naciones Unidas, señala Arce. El Consejo continuará teniendo la potestad de ordenar investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, examinar al país en el Examen Periódico Universal, recibir las denuncias de la sociedad civil nicaragüense, y establecer procedimientos especiales para supervisar situaciones concretas, como es el caso del Ghren.
En cualquier caso, el abandono de Nicaragua de este mecanismo se traduciría a que el país no volvería presentar su candidatura para ocupar uno de los asientos que conforman el UNHRC, y que se ausentará de todas las sesiones especiales en las que se aborda la crisis de derechos humanos que atraviesa el país; aunque esto último, el Estado nicaragüense ya lo hace.
“La declaración de Rosario es una declaración política que se va a traducir en que no van a llegar (a las sesiones), porque no pueden obligar a los Estados a que lleguen. Nicaragua se va a ausentar”, explica.
“Es como en el Sistema Interamericano. Nicaragua se ausenta de las audiencias de la Organización de los Estados Americanos, pero eso no significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pueda emitir sentencias sobre Nicaragua, porque el país no ha denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, añade Arce.
De acuerdo con el abogado, si Nicaragua se sale por completo del sistema de las Naciones Unidas se convertiría en “un paria internacional” y el régimen Ortega-Murillo lo sabe. “Por eso ellos dicen que se salen del consejo, no de las Naciones Unidas”, aclara.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es la principal instancia de las Naciones Unidas encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. La única vez que Nicaragua fue miembro del Consejo fue hace 15 años, en el período 2007 y 2010. Luego de la tercera administración inconstitucional de Daniel Ortega iniciada en el año 2011, Nicaragua nunca más volvió a ocupar una posición dentro del UNHRC.
Régimen Ortega Murillo quiere silenciar a organismos internacionales
Para el abogado Juan Carlos Arce, la decisión del régimen Ortega-Murillo de desvincularse con el UNHRC debido al informe Ghren, refleja que la fiscalización de la comunidad internacional sobre las violaciones a los derechos humanos que cometen, les incomoda y atemoriza.
“El informe del Ghren los ha lastimado y los ha golpeado. Nicaragua quiere total impunidad. Tiene impunidad en el país porque tiene controlado todo el sistema de justicia, pero no la tiene ante los mecanismos internacionales. Los crímenes de lesa humanidad que ellos han cometido no están sujetos a Amnistía, están sujetos a la fiscalización universal”, expresa.
“De tal manera que cualquier Estado podría abrir causa contra Nicaragua en sus jurisdicciones. Cualquier Estado podría denunciar a Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia por el crimen de apatridia ¿Se van a salir de la Corte también? Ellos son los primeros que acuden a la Corte”, continúa.
Según Arce, el régimen Ortega-Murillo no quiere fiscalización, ni pertenecer a espacios de auditoría donde la sociedad civil puede denunciar públicamente los atropellos que cometen diariamente contra la ciudadanía. Por el contrario, pretenden trasladar el mismo escenario de silencio y censura instaurado al país, al sistema de las Naciones Unidas. “Pero eso no es posible. Y Naciones Unidas no debe, ni puede permitirlo”, asevera Arce.