El Gobierno de Nicaragua envió ayer jueves una misiva a Jürg Lauber, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, anunciando su “decisión soberana e irrevocable” de retirarse de este organismo y sus mecanismos.
En su carta, argumenta que el Consejo viola su propia normativa contenida en la Resolución 62/51, aprobada el 15 de marzo de 2006, en referencia al informe más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado el 26 de febrero en la 58ª sesión del Consejo, que confirma la participación activa del Ejército en la represión de 2018 y las sistemáticas violaciones a los derechos de los nicaragüenses.
Sin embargo, la Resolución 62/51 citada por el Gobierno de Nicaragua no tiene relación con el Consejo de Derechos Humanos. En realidad, trata sobre la “Convención sobre la Prohibición de la Utilización de Armas Nucleares”, aprobada por la Asamblea General el 5 de diciembre de 2007.
El documento correcto al que debería hacer referencia el Gobierno nicaragüense es la Resolución 60/251, aprobada el 15 de marzo de 2006, que establece el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos.
En la misiva, el ministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke, señala que el Consejo de Derechos Humanos no respeta los “principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos, además de incumplir la obligación de eliminar la aplicación de un doble rasero y la politización”.
Uriel Pineda, abogado nicaragüense y consultor en derechos humanos manifiesta que “es difícil saber si se trata de una acción deliberada para que los medios se centren en ese detalle, un lapsus de la propia Rosario (Murillo) o, simplemente, una muestra del desprecio del régimen por el sistema, como si no les importara en absoluto”.
Asegura que aunque la resolución ya se haya enviado al Consejo no van a corregirlo, “a mí me queda claro que el régimen escribe cómo quiere. Ya para ellos la forma legal no es importante”.
Aunque el error en la misiva es técnico, refleja el grado extremo de concentración del poder en Nicaragua y la reacción impulsiva del oficialismo ante cualquier cuestionamiento. Encerrado en su propia narrativa, el régimen responde sin rigor, sin siquiera verificar la veracidad y el número de las resoluciones que usa para justificar sus decisiones.