La protesta contra una reforma arbitraria al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) encendió la mecha de una insurrección cívica inédita en la historia reciente del país. Universitarios, trabajadores, amas de casa y ciudadanos comunes salieron de forma autoconvocada a las calles. No era solo por las pensiones: era por años de autoritarismo acumulado, por el desgaste del modelo orteguista, por una juventud harta de callar.
Pero el régimen, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, no estaba dispuesto a ceder ni a dialogar. La respuesta fue inmediata y brutal: francotiradores apostados en edificios, paramilitares y policías disparando a matar contra una ciudadanía que protestaba pacíficamente. La represión dejó un saldo trágico de 355 personas asesinadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Siete años después, el país que se atrevió a alzar la voz es irreconocible. Las marchas fueron reemplazadas por el exilio de más de 850 000 nicaragüenses, las universidades críticas, por centros de adoctrinamiento político, la libertad de expresión por censura y la sociedad civil por un archivo que suma más de 5400 organizaciones canceladas.
Ciudadanos sin patria, ni derechos
Para el abogado y defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, el país vive una realidad que se define como una “muerte cívica”, una condición impuesta por un régimen que extinguió la capacidad jurídica de las personas para ejercer sus derechos fundamentales.
“Es la negación de sus derechos más básicos. En el caso de la dictadura esta negación total afecta todos los derechos, tanto civiles, políticos e incluso sociales,como el derecho a la seguridad social, al trabajo, a la salud. Es convertir a una persona en apátrida dentro de su propio país”, explica Arce.
El control total que ejerce el régimen no hace distinciones, ni siquiera entre sus propios simpatizantes. “De esta negación total no escapan ni sus aliados, frente a quienes la dictadura se arroga la potestad de decidir si entran o salen del país, negando su capacidad de crítica a lo interno y con ello su libertad de expresión”, advierte el experto.
Desde abril de 2018, Nicaragua ha transitado por un proceso sostenido y escalonado de represión estatal que han desmontado las garantías fundamentales de la ciudadanía. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU en su último informe identificó cuatro fases claras de este deterioro institucional y social, que reflejan una estrategia planificada y ejecutada desde las más altas esferas del poder.
Cronología de la represión
La primera fase, comprendida entre 2018 y 2020, se caracterizó por una represión violenta e indiscriminada contra las protestas ciudadanas. La Policía Nacional, el Ejército y grupos paramilitares ejecutaron actos que, según este informe, pueden constituyen crímenes de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas.
En 2021, durante la segunda fase, la represión se tornó aún más selectiva y estratégica con el fin de asegurar la reelección de Ortega. Fue el año de las detenciones arbitrarias masivas, los juicios amañados y la eliminación de cualquier competencia política. El Consejo Supremo Electoral, controlado por el oficialismo, canceló la personalidad jurídica de partidos opositores, mientras que candidatos presidenciales, empresarios, líderes sociales y periodistas fueron encarcelados sin garantías legales.
En 2022, el régimen redobló esfuerzos para suprimir toda forma de oposición de cara a las elecciones municipales de noviembre. Esta tercera fase estuvo marcada por la detención de alcaldes opositores, la persecución contra sus familiares y la represión abierta contra la Iglesia católica. Las universidades privadas, las ONGs y las organizaciones comunitarias también fueron víctimas del desmantelamiento sistemático del tejido social: miles perdieron su personalidad jurídica, sus instalaciones fueron confiscadas y los espacios de pensamiento crítico clausurados.
La cuarta fase, que inició en 2023 y continúa hasta hoy, representa la consolidación del control totalitario. Según el Grupo de Expertos, el régimen ha implementado medidas para eliminar toda forma de disidencia y reforzar su dominio absoluto.
“Las autoridades formalizaron su control mediante reformas constitucionales y legislativas. Esto culminó con una amplia reforma constitucional, en vigor”, cita el informe.
El marco legal del orteguismo
A través de la nueva constitución OrMu, la dictadura formalizó su control sobre los poderes del Estado. Además, intensifica la represión a través del despojo de la nacionalidad a ciudadanos críticos o a quienes consideren de “riesgo social”, confiscan bienes, expulsan del país a disidentes y bloquea el ingreso de quienes no se alinean con la narrativa oficial.
Para Arce, la represión continúa a la fecha con vigilancia, hostigamiento, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, mientras se acelera el desmantelamiento de lo que queda del espacio cívico. Señala que el régimen ha desplegado una batería de políticas represivas que van desde el uso de armas de guerra contra las protestas, hasta reformas legales diseñadas para despojar a los ciudadanos de sus garantías fundamentales.
Entre estas, menciona la eliminación del artículo 46 de la Constitución, que incorporaba los tratados internacionales de derechos humanos, y la subordinación total del Poder Judicial al Ejecutivo. “Todas estas acciones en esencia son arbitrarias y lo que buscan es la indefensión absoluta de los ciudadanos frente a los abusos de poder”, concluye.
El mundo conoce del totalitarismo de Ortega
Tamara Dávila, activista feminista y expresa política, afirma que lo que existe en Nicaragua es una dictadura absolutamente totalitaria, ampliamente reconocida por la comunidad internacional.
“Después de siete años y después de todas las atrocidades cometidas por el régimen, los distintos países y los distintos mecanismos internacionales, incluidos los mecanismos de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como de instancias interamericanas, no pueden negar que la dictadura en Nicaragua es absolutamente totalitaria”, afirma Dávila.
Dávila explica que el carácter totalitario del régimen no se limita a la política, porque ha penetrado en los derechos más elementales como la salud y la educación —dos pilares del desarrollo humano— que ahora en Nicaragua están condicionadas a la lealtad política.
“No existe una sola institución u organización de sociedad civil que sea independiente. No existe un solo medio de comunicación independiente (dentro del país). Tanto organizaciones de sociedad civil como medios de comunicación han sido confiscados, cancelados, y ha sido prohibida la disidencia o cualquier pensamiento crítico en ambas áreas”, destaca Dávila.
La Corea del Norte de Centroamérica
Para el líder estudiantil Lesther Alemán, la realidad que enfrenta Nicaragua solo puede compararse con un modelo autoritario extremo como Corea del Norte. “Estamos ante una dictadura matrimonial, de partido único, un proyecto dinástico que responde a dos figuras: Ortega y Rosario. Donde sobrevivir a presiones o asfixias políticas ya es una muestra de resistencia”, dice el joven desterrado.
Alemán describe un sistema que ha institucionalizado el adoctrinamiento ideológico, la persecución política y la impunidad como ejes de su permanencia en el poder.
“La política de impunidad generalizada, encarcelamiento o destierro para toda aquella persona que adversa o no tiene nexos con ellos, la persecución al periodismo independiente y el adoctrinamiento a través de todas las instituciones del Estado; sólo puede considerarse un modelo totalitario alarmante y desestabilizador para el continente”, advierte.
También señala un cambio progresivo en la estructura del poder autoritario, pasando de la figura central de Daniel Ortega a una mayor consolidación de Rosario Murillo. “Estamos en una etapa de transición de la mística/símbolo de poder de Daniel Ortega a las muestras de control de Rosario Murillo. Quien se encarga en este momento de crear nuevas dirigencias que respondan a ‘nuevas lealtades’ y consoliden la compactación del Estado Familiar”.
Como ejemplo, menciona el reciente nombramiento de “policías voluntarios” que juran lealtad directa a Murillo, una medida que refleja tanto el control como la desconfianza interna.
Régimen en fase vulnerable
A su juicio, abril de 2018 significó un antes y un después irreversible porque marca la derrota política, ideológica y simbólica del sandinismo.
“Fue también el hecho histórico de abril una resignificación del quehacer político, permitiendo que sectores históricamente marginados participaran de la toma de decisiones y fueran parte del espectro nacional. Un fracaso de toda la clase política corroída que teníamos antes de 2018”, comenta Alemán.
A pesar del control absoluto que ejerce el régimen, Alemán y Dávila consideran que Ortega y Murillo atraviesan su fase más vulnerable. Confían en que la resistencia cívica persistente, dentro y fuera del país, logrará abrir un camino hacia la democracia.
“Creo fielmente que aún hay esperanza para salir de la dictadura. Mucho de ese criterio depende de sus constantes errores. Pero en cuanto a la responsabilidad de la oposición, que es toda aquella persona que adversa a la dictadura, es lograr el acompañamiento de la comunidad internacional para asfixiar económicamente y diplomáticamente al régimen. Aún hacen falta acciones que dependen de esa comunidad internacional”, dice el líder universitario.
“Yo estoy comprometida con esa transformación, al igual que muchísima gente con la que trabajo. Lo vamos a lograr, porque yo quiero una Nicaragua distinta para mi hija, y ese es mi compromiso”, expresó Dávila.
También sostiene que la dictadura se encuentra cada vez más aislada, tanto a nivel interno como internacional. En este contexto, las recientes sanciones económicas y medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos abren un nuevo escenario en el que —según Dávila— el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “no tiene otra alternativa, no tiene más que ofrecer que no sea abrir la vía democrática”.