La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidaron un aparato de espionaje y vigilancia política que opera en los barrios del país y es un instrumento clave para sus estructuras represivas, con el Ejército Nacional y la Policía como principales brazos ejecutores.
Así lo explica el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) designado por Naciones Unidas, el cual detalla cómo ambas instituciones son fundamentales en la implementación de una estrategia sistemática de control social, represión política y violaciones a los derechos humanos.
El informe revela que esta maquinaria de control se sostiene sobre una vasta red de inteligencia coordinada desde las más altas esferas del poder. Entidades como TELCOR, Ministerio de Salud, alcaldías, estructuras comunales del Frente Sandinista y unidades militares, están conectadas a través de centros de cómputo instalados en cada municipio, desde donde se procesa información que permite vigilar, perseguir, desterrar o despojar de su nacionalidad a cualquier ciudadano considerado “opositor”.
Además, detalla que el régimen emplea la información obtenida a través de esta red, la cual es canalizada principalmente a través del Centro de Información e Inteligencia Policial, el Departamento Táctico Operativo de la Policía Nacional, el Comité de Información Nacional, la Unidad de Análisis Financiero y estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional, para identificar a personas opositoras, vigilar sus actividades, acosarlas o geolocalizarlas.
“Esta información también permite a las autoridades decidir a quién detener, expulsar del país, impedir el ingreso al país o despojar arbitrariamente de la nacionalidad, entre otros”, sostiene el informe.
Clima de miedo y autocensura
Este hallazgo del Grupo de Expertos de Naciones Unidas confirma un reporte que DIVERGENTES publicó en agosto de 2024, cuando reveló cómo miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) —la estructura de vigilancia comunitaria del Frente Sandinista— se han integrado de forma sistemática a las labores policiales.
Esta investigación evidenció que militantes del partido oficialista acompañan a agentes de la Policía Nacional para identificar, acosar y controlar a vecinos críticos del régimen, reforzando así la vigilancia directa en los barrios.
El informe agrega que las Unidades de Victoria (UV), otra estructura del Frente Sandinista, también contribuyen a esta red de vigilancia e inteligencia, recogiendo información que los secretarios políticos transmiten a la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la cual a su vez, la comparte con la Policía Nacional y la Dirección de Información para la Defensa del Ejército.
“Esta red de inteligencia y control ha permeado todos los niveles de la sociedad generando un clima de miedo y autocensura. Sus miembros vigilan y recaban información sobre sus compañeros de trabajo, vecinos y familiares”, resalta la investigación.
El documento de la ONU además expone que once altos funcionarios —entre ellos militares, ministros, magistrados, alcaldes, asesores presidenciales y diputados— integran la cadena de mando del aparato represivo. Todos están vinculados directamente a las órdenes de los dictadores Ortega-Murillo, quienes han transformado las instituciones de seguridad en herramientas personales de represión y permanencia en el poder.
Listados de “enemigos del régimen”
En su investigación, el Grupo de Expertos realizó 1631 entrevistas, recopiló más de 8400 documentos y efectuó 23 visitas de campo. Con base en esta evidencia, concluyó que el régimen de la pareja dictatorial ha cometido crímenes de lesa humanidad de forma sistemática y generalizada, utilizando al Estado como instrumento de persecución.
El Grupo de Expertos de la ONU documentó que militantes sandinistas, en coordinación con la Policía y el Ejército, participan activamente en la elaboración de listados para la expulsión de ciudadanos considerados “enemigos del régimen”. Se trata de un proceso meticuloso de perfilamiento político que incluye la recopilación de información personal, histórica, ideológica y familiar.
Cada persona identificada es fichada en un expediente elaborado con un nivel de detalle minucioso: se registra su dirección, lugar de residencia, afiliación política o participación en conmemoraciones del Frente Sandinista —como la asistencia a los eventos de aniversario de la revolución—, si ha votado en elecciones desde 2001, y si ha firmado proclamas públicas apoyando a la régimen sandinista.
Se monitorean sus redes sociales para determinar qué plataformas utiliza, qué contenidos publica y a quién sigue. La vigilancia se extiende a los familiares: si algún hermano o padre ha salido del país, su estatus migratorio y la reacción de la familia ante visitas de agentes del Estado.
A las manos de Rosario Murillo
Este material no queda solamente en manos intermedias. El Grupo de Expertos ha confirmado que algunas de estas fichas fueron enviadas directamente a Rosario Murillo, por solicitud expresa. Luego de ese proceso de perfilamiento, inicia una fase de vigilancia constante y hostigamiento: patrullajes frente a los domicilios, interrogatorios informales, acoso laboral o comunitario, y finalmente detenciones arbitrarias, muchas de ellas violentas. Las víctimas no tienen conocimiento previo de ninguna acusación formal y, en numerosos casos, son sacadas del país sin pasar por una estación de policía o sin que exista una orden judicial.
Durante 2024, el Grupo de Expertos documentó 41 casos de personas expulsadas del país en estas condiciones. Entre estas, sacerdotes, comerciantes, periodistas, empresarios, artistas y hasta un niño de 11 años, quien fue obligado a abandonar Nicaragua junto a su familia. La policía ha llegado a los domicilios con listas en mano.
Un testimonio recogido por los investigadores relata que un comisionado mostró el documento antes de realizar la detención. Al lado del nombre aparecía escrita la orden: “fuera del país”.
Otro reporte especial de DIVERGENTES publicado en marzo de 2025 explicó cómo funciona la aceitada maquinaria de la dictadura sandinista para restringir la llegada de nicaragüenses al país, en un proceso que los lleva a revisar incluso hasta mil nombres por día.
El papel activo de los militares en operaciones represivas
La investigación GHREN también señala que el Ejército Nacional desempeñó un papel activo en la represión de las protestas de 2018. Contrario a su postura oficial de limitarse a proteger bienes estratégicos, la institución militar colaboró estrechamente con la policía orteguista y grupos de choque.
Entre sus acciones se incluyen la provisión de armamento, realización de operaciones de inteligencia y el entrenamiento de civiles, como miembros de la Juventud Sandinista y funcionarios públicos, para participar en actividades represivas.
También documenta que la Policía Nacional, subordinada directamente a los dictadores, es el principal instrumento represivo del régimen. Desde 2018, ha intensificado su papel como ejecutora de la persecución política: detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza forman parte de su historial. Además, su integración con redes de vigilancia ciudadana y estructuras partidarias ha transformado a Nicaragua en un país donde imperan el miedo y la autocensura.