A las 9:50 de la mañana de este 14 de septiembre, Deykel Santamaría recibió una llamada de un número desconocido. Contestó por la costumbre de atender todas las llamadas que le llegan, pero no esperó que la voz al otro lado fuese la de su esposo, el periodista nicaragüense Luis Galeano. Ella supo, de inmediato, que se trataba de algún tipo de emergencia. En menos de quince segundos, él le dijo que oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos –mejor conocidos como ICE– lo habían detenido, mientras hacía Uber en La Florida.
Galeano le dijo a su esposa que “estaba en una estación de policía, pero no sabía dónde exactamente; que era ICE y que se comunicara con su abogado”. Eso fue todo porque al periodista le arrebataron el celular que le prestaron para avisar a Deykel.
Galeano, un periodista crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, llegó a Estados Unidos después de las protestas de 2018 debido a la persecución política en su contra. En 2019, solicitó asilo y se instaló en Miami junto a su familia. Empezó a transmitir su popular programa Café con Voz en el estudio de una pequeña radio evangélica “Más que Vencedores”, ubicada sobre una sexshop en el Downtown de Miami. Desde esa fecha, empezó a alternar su labor periodística con su trabajo en la plataforma de Uber.
En febrero de 2023, el régimen copresidencial despojó de su nacionalidad nicaragüense a Galeano y lo declaró prófugo de la justicia, junto a otros 93 opositores y reporteros. Una arremetida más que alimentó su caso de asilo en Estados Unidos, uno que hoy intentan hacer ver a las autoridades migratorias del gobierno del presidente Donald Trump que ejecutan redadas implacables, sobre todo en la Florida, contra los inmigrantes.
“Luis pidió asilo en 2019 y después de la orden de captura en su contra girada por la dictadura ya decidió no regresar a Nicaragua. Su proceso de asilo está en proceso, pero por el mismo sistema que está desbordado, le han pospuesto su cita en la corte de migración”, relató su esposa Deykel.
Sin embargo, con el recrudecimiento de las políticas antimigratorias de Trump, un abogado consultado para este artículo explicó que para ICE estar en proceso de asilo no es en sí un “estatus” migratorio, y “últimamente han estado deteniendo a todo inmigrante que no tiene un estatus legal”.
Por ahora, la detención de Galeano ha escalado en diversos espacios del exilio, pero también en congresistas norteamericanos. “Estados Unidos siempre debe saber distinguir entre un criminal y un exiliado político”, alertó la congresista republicana María Elvira Salazar.
“Luis es un periodista respetado que pagó un precio muy alto por decirle la verdad al mundo sobre la dictadura Ortega-Murillo. El régimen lo persiguió, lo empujó al exilio y hasta le arrebató su nacionalidad”, prosiguió Salazar. “Eso no se puede ignorar. Luis no puede terminar en manos de la misma dictadura que lo persiguió”.
Salazar recalcó que ha sido “muy clara” con la administración Trump: “Hay que hacer cumplir la ley y sacar de este país a quienes representan un peligro, pero no podemos tratar como criminales a quienes huyeron de una dictadura por defender la libertad”.
“Todavía estamos conociendo los detalles de su detención, pero su caso debe ser revisado de inmediato, tomando en cuenta el peligro real que enfrentaría si fuera devuelto a Nicaragua”, exhortó en su cuenta de Twitter.
La Concertación Democrática Nicaragüense pidió a las autoridades de Estados Unidos reconsiderar la situación de Galeano y de otros nicaragüenses detenidos en circunstancias similares. La organización apeló al gobierno estadounidense para que tome en cuenta que se trata de personas perseguidas por el régimen Ortega- Murillo y permita su regularización migratoria, al advertir que una eventual deportación a Nicaragua podría exponerlas a graves violaciones de derechos humanos.
Un caso más
La detención de Galeano por parte de ICE no es la primera relacionada a opositores que fueron desnacionalizados o víctimas de la represión Ortega-Murillo en Nicaragua y quienes, por medio del programa parole humanitario o llegando con visas, solicitaron reajuste migratorio, ciñéndose a la figura de asilo político. En abril pasado, España otorgó nacionalidad a Galeano.
El 17 de agosto pasado, Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como “Chino Enoc”, fue detenido por agentes de ICE cuando acudió a una segunda entrevista vinculada con su solicitud de asilo. Sáenz había llegado a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023 como parte del grupo de 222 presos políticos excarcelados, desterrados y despojados de su nacionalidad por el régimen copresidencial.
El caso de Sáenz, sin embargo, tiene particularidades. Antes de romper con el régimen y terminar encarcelado por Ortega y Murillo, fue guerrillero sandinista, miembro de la Seguridad del Estado y admitió haber participado como paramilitar durante la represión de las protestas de 2018. Su historial provocó cuestionamientos entre sectores del exilio, que incluso pidieron a las autoridades estadounidenses revisar su situación migratoria. Hasta ahora, las autoridades no han precisado públicamente si esas denuncias incidieron en su arresto ni cuál será el destino de su solicitud de asilo.
Otro antecedente es el de Yadira Córdoba, integrante de la Asociación Madres de Abril y madre de Orlando Aguirre Córdoba, asesinado el 30 de mayo de 2018 durante la represión estatal a las protestas. Córdoba había solicitado asilo en Estados Unidos tras denunciar el asesinato de su hijo y alegar riesgo de criminalización en Nicaragua, pero su petición fue rechazada. Permaneció bajo custodia de ICE desde el 20 de agosto de 2025 y, tras agotarse sus recursos legales, las autoridades estadounidenses ordenaron su deportación.
Inicialmente se dispuso que fuera enviada a Honduras, pero ese país rechazó recibirla. Finalmente, el 5 de febrero de 2026 fue deportada a México, donde quedó en Tapachula bajo acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mientras tramitaba una solicitud de refugio ante las autoridades mexicanas.
La ofensiva migratoria de la administración Trump también ha llevado a nicaragüenses a destinos lejanos. A finales de agosto, ICE deportó a tres nicaragüenses a la República Centroafricana, pese a que ninguno tenía vínculos con ese país y al menos dos contaban con protecciones que impedían su retorno a Nicaragua.
Los hombres denunciaron que fueron trasladados esposados y bajo presión, y quedaron varados en Bangui en una situación migratoria incierta. El caso forma parte de una política más amplia de Washington de enviar migrantes a terceros países africanos cuando existen impedimentos legales para devolverlos a sus naciones de origen.