El permiso de permanencia temporal, conocido como parol humanitario, debía llegar a su fin este 24 de abril de 2025 por orden de Donald Trump. Sin embargo, una decisión judicial dejó en pausa el programa antes que se hiciera efectiva la cancelación, dejando a más de 530 000 beneficiarios procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) en un congelamiento migratorio, puesto que, ni se canceló, ni se garantiza su continuidad.
El parol otorgaba estatus legal por dos años a personas procedentes de estos países, que están atrapados en una espiral de violencia política, crisis económica e afectadas por inseguridad. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ordenó oficialmente su cancelación el 25 de marzo de 2025, con efecto a partir de este 24 de abril.
Sin embargo, la jueza Indira Talwani, de la Corte Federal de Boston, suspendió temporalmente la revocatoria el pasado 14 de abril, dejando sin efecto, por ahora, la decisión del presidente Donald Trump, quien enfatizó que independientemente si habían cumplido el plaza de dos años o no, debían regular su situación migratoria o regresar a sus países, o serían arrestados y deportados.
“El 14 de abril de 2025, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts emitió una Orden Preliminar que suspendió parte de la notificación del Registro Federal publicada el 25 de marzo de 2025, titulada “Terminación del Proceso de Permiso de Permanencia Temporal para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV)”, reza un anuncio en la web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Esto implica que, “de conformidad con la notificación publicada en el Registro Federal, se suspenden y, por lo tanto, no están vigentes. No se procesarán nuevas solicitudes de permiso de permanencia temporal (parole) para CHNV”.
Autodeportación y monitoreo con CBP Home
¿Cuál es la alternativa que tienen los inmigrantes que ingresaron con parol a Estados Unidos? Según abogados de inmigración y expertos en el tema, los “paroleados” se enfrentan sólo a dos opciones: salir del país voluntariamente o iniciar un proceso para regularizar su estatus migratorio mediante las vías legales disponibles.
Cindy Blandón, abogada especializada en migración, explicó a DIVERGENTES que los inmigrantes beneficiarios con el parol humanitario que ya cumplieron los dos años de permiso y no aplicaron a ningún programa para regularizar su estatus deben salir del país voluntariamente; de lo contrario, están sujetos a detención por parte de Inmigración.
El llamado de la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, es claro: “si no se autodeportan los encontraremos, los deportaremos y no podrán regresar”.
Según McLaughlin, salir voluntariamente de Estados Unidos es una garantía de “poder regresar en el futuro legalmente y vivir el sueño americano” y la manera “más segura para los extranjeros ilegales, porque preservan también los recursos legales y también para que CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) pueda enfocar sus recursos en los extranjeros delincuentes”.
La aplicación móvil CBP Home ofrece acceso a varios servicios, incluyendo la función “Intención de Salida” (Intent to Depart), que permite la salida voluntaria de inmigrantes irregulares en el país. El CBP Home debe usarse después de haber salido del país y encontrarse al menos a tres millas de distancia.
Alternativas de regularización para los “paroleados”
En el caso de los inmigrantes cuyo parol aún no ha vencido y están casados con un ciudadano o ciudadana estadounidense, Blandón explica que, al ser familiares inmediatos, pueden someter una solicitud de residencia dentro de Estados Unidos. La orden judicial permite que cumplan los dos años, pero advierte que Inmigración puede revocar el beneficio caso por caso.
“Esas personas pueden seguir aplicando a su proceso, ya sea de residencia dentro de Estados Unidos, sujetos a que continúe la pausa de procesamiento de esos casos”, dice Blandón, aunque reconoce que a pesar de que los inmigrantes están siguiendo el proceso de residencia, el sistema los está “arrinconando”, y muy probable es que no se les apruebe por la pausa en que se encuentra actualmente el programa.
La estrategia es desgastar: sin permisos, sin respuestas
La especialista también advierte que, si el beneficiario solicitó asilo —o planea—, debe hacerlo antes de cumplir un año desde su ingreso al país. “Los solicitantes no deben esperar a que se terminen los dos años del parol para someter su caso de asilo”, enfatiza. Aquellos que ya presentaron su asilo deben esperar la programación de su cita, aunque Blandón aclara que estas están demoradas, al igual que las solicitudes de permiso laboral basadas en asilo.
“Por más que tú califiques y hayas mandado tu solicitud de permiso de trabajo, también los tienen en pausa, no se los quieren aprobar. Lo están retardando todo. Este es un retraso que es legal y lo están haciendo como táctica para que las personas que estaban por asuntos laborales y que sometieron un caso de asilo, desistan de quedarse al no tener el permiso laboral”, explica.
A pesar de la pausa del parol, no hay garantía de que los beneficiarios puedan completar sus dos años del programa humanitario. La administración estadounidense puede seguir terminando casos de forma individual o incluso detener a personas cuyo permiso aún no ha expirado. La abogada advierte que la jueza Indira Talwani no prohibió las detenciones, solo puso en pausa que la cancelación fuera generalizada a partir del 24 de abril.
“Eso es lo que realmente quiere hacer la administración, tratar de detenerlos antes de los dos años para que estas personas no agarren derechos y puedan litigar un caso en una Corte de Inmigración que puede tardar años”, advierte la abogada.
La recomendación de Blandón para los nicaragüenses “paroleados” es clara: buscar asesoría legal y explorar todas las vías posibles para permanecer en el país. “¿Cuánto dura la pausa? No se sabe. Eso es parte de la litigación federal. Y hasta que la jueza federal tome una decisión y después de esa decisión viene una apelación y están sujetos a la litigación”, concluye la abogada especializada en migración.