Siete días antes de la Nochebuena de 2024, en el diario oficial La Gaceta se publicó un acuerdo ministerial en el que se obliga al Estado de Nicaragua a pagar 22.2 millones de dólares a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, S.A. (DNP) –el consorcio de gasolineras operado por allegados a Daniel Ortega y Rosario Murillo– por la entrega o el traspaso de la totalidad de sus inventarios nacionalizados desde diciembre de 2019, después de las sanciones estadounidenses.
Al momento de la nacionalización, DNP tenía una red de 69 estaciones de servicios en toda Nicaragua y controlaba el 30% de las importaciones de los productos terminados o derivados del petróleo del país.
La DNP se fundó en 1999 por el consorcio suizo-británico Glencore. El Gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002) le otorgó una concesión de 10 años a la empresa suiza Glencore para que esta empresa operara los bienes de la estatal Petronic y distribuyera el combustible en Nicaragua.
En 2009, dos años después de que Ortega tomara el poder, el Frente Sandinista no renovó la concesión a Glencore. Entonces, el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, informó que DNP fue adquirida por la empresa estatal Petronic, por medio de un financiamiento de la Caja Nacional Rural (ALBA-Caruna). “Fue un préstamo de Caruna. Lo informó la misma Caruna, el mismo Glencore y entiendo que también Petronic”, dijo en ese entonces Rappaccioli.
En 2006 se creó Alba Petróleos de Nicaragua (Albanic) por medio de un filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), integrada por 87 alcaldías del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Pero en 2008, ya con Ortega en el poder, Amunic fue reemplazado por Petronic, y así se convirtió en Albanisa, una compañía binacional encargada de la cooperación venezolana.
Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), al país ingresaron casi 5 mil millones de dólares desde enero de 2007, de la cooperación venezolana. Estos fondos eran administrados por Francisco López Centeno, tesorero de Daniel Ortega y vicepresidente de Albanisa.
Adquirida con dinero venezolano
Caruna era una cooperativa de ahorro y crédito que formaba parte de Albanisa. Pocos años antes que Ortega tomara el poder, Caruna era una pequeña caja de crédito rural fundada por 36 productores agropecuarios en 1993, pero que llegó a tener más de 50 000 afiliados, y en 2015 tenía 44 millones de dólares en préstamos al Estado.
La plataforma periodística regional Connectas habló con una fuente de alto nivel de Albanisa, quien les confirmó que Glencore fue obligada a venderles la marca.
“Quienes estuvimos allí (durante el traspaso de bienes) escuchamos, vimos y supimos que fue la Caja Rural Nacional (Caruna) –la financiera de donde salían los fondos venezolanos– la que extendió un cheque. Y al día siguiente apareció una junta directiva presidida por una lista de personajes que son conocidos testaferros”, de la familia gobernante.
De modo que los fondos que utilizó Petronic, más de 50 millones de dólares, para adquirir la DNP a Glencore, provinieron de Caruna y Albanisa, entidades privadas creadas por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo para manejar los fondos derivados del acuerdo petrolero con Venezuela.
Investigaciones de La Prensa y Confidencial revelaron que en realidad se crearon otras tres sociedades privadas para comprar DNP: DNP Internacional, S.A., DNP Internacional de Nicaragua, S.A., y Nica Petrol, S.A.
DNP funcionaba como compañía privada. No había mucha información pública sobre esta y en los reportes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) aparecía como sociedad anónima.
Octavio Enríquez, periodista de investigación con más de 20 años de experiencia, fue uno de los que reveló esta trama a través de trabajos periodísticos. La idea, en un primer momento, era seguirle el rastro a las compras de combustible por parte del Estado. Y mientras hurgaba en los contratos, encontró que el Ministerio de Salud (Minsa) pagaba uno de los más grandes acuerdos.
Uno de los nombres que se repetía en los contratos era el de Yadira Leets Marín, quien era la gerente general de la DNP. Octavio no sabía en ese momento que Leets Marín era la esposa de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de los mandatarios nicaragüenses.
El principal operador
Los trabajos periodísticos revelaron que gente de reconocida trayectoria en el partido sandinista y quienes manejaban los negocios del régimen Ortega-Murillo eran los socios de DNP. José María Enríquez Moncada contaba con 800 acciones, mientras que José Mojica Mejía y Aura Cecilia Toruño Porras contaban con 100 acciones cada uno. Ellos, además, eran empresarios que dirigían medios de comunicación junto a los hijos de los ahora copresidentes Ortega y Murillo.
Es decir, se utilizaron fondos venezolanos para que allegados a la pareja presidencial compraran DNP, a través de empresas privadas.
“No se había tratado de una recuperación (de activos de DNP) en beneficio de la ciudadanía, sino de una apropiación con fines privados”, dijo Octavio Enríquez a DIVERGENTES.
Octavio conocía a Mojica Mejía, un ingeniero experto en telecomunicaciones, porque contó la historia de su sorpresiva prosperidad para LA PRENSA. Mojica Mejía apareció como socio local de la empresa telefónica Yota, junto a José María Enríquez Moncada, un abogado vinculado a los Ortega-Murillo. Cuando Octavio buscó a Enríquez en su oficina en Managua para consultarle si el negocio de telecomunicaciones de Yota era del partido, el abogado le respondió si se refería “al partido de mi cabeza (cabello)”.
Después de años de investigaciones, Octavio considera que Enríquez Moncada es el principal operador legal de todo el entramado del clan Ortega-Murillo. “Alguien digno de confianza que se maneja en ese pequeño círculo que recibe instrucciones de lo que se decide en familia”, agrega Octavio. “Tanta maquinación, tantas escrituras, no podían ocultar algo: El afán de lucro. Eso nunca van a poder esconderlo”, apunta.
Allegado a Ortega y Murillo eran socios de DNP
En 2009, DNP contaba con apenas 15 estaciones y activos por el orden de 62 millones de dólares. Sin embargo, por medio de los fondos venezolanos y la adjudicación de contratos de instituciones del Gobierno, la red de gasolineras se amplió hasta 69 estaciones. Pero, llegaron las sanciones de Estados Unidos en contra de DNP y Rafael Ortega Murillo, quien estaba al frente de estas operaciones.
DNP importó y comercializó petróleo venezolano por un monto superior a 5200 millones de dólares, según las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Era la principal vendedora de combustible del país, contaba con la segunda red más grande de estaciones de servicios en Nicaragua, y ostentaba el segundo lugar en importación de petróleo y sus derivados, sólo por debajo de Puma Energy, según un reportaje de Expediente Público.
El 12 de diciembre de 2019, el Departamento del Tesoro sancionó a Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, a DNP e Inversiones Zanzíbar, quienes formaban parte de un esquema para manejar la red de gasolineras. El Departamento del Tesoro señaló que las razones fueron “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”.
Rafael Ortega Murillo fue señalado de utilizar DNP, un negocio que adquirió con dinero público para enriquecerse “a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses”.
Yadira Leets se fue de Nicaragua, junto a sus dos hijas, desde 2022, y no tendrían “intenciones de regresar a Nicaragua”, según un reporte de La Prensa. La salida de Leets Marín y sus hijas habría sido aprobada por Rosario Murillo, pese a que está separada de Rafael Ortega Murillo desde 2019 y se debió a un “malestar interno y callado entre varios miembros de la familia”.
Pero Enríquez Moncada siguió trabajando para la familia Ortega-Murillo en la red de negocios privados. “Es uno de sus hombres de confianza como la misma Yadira lo fue en su momento”, dice Octavio.
La nacionalización de DNP
Dos días después de las sanciones, el régimen nacionalizó DNP, a través de la Ley 1013, en la cual se declaró “de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo propiedad de la empresa”.
También se estableció que estos inventarios serían “operados y administrados por la o las instituciones y/o empresas que el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorice y/o delegue para tal efecto”.
Pero fue hasta el pasado 17 de diciembre, cuando se autorizó que se “incorpore y registre como Deuda Pública Interna del Estado de la República de Nicaragua, la cantidad de veintidós millones doscientos treinta y siete mil ciento veintiún dólares (USD 22,237,121.00)”.
Además, facultó a la Tesorería General de la República para que “proceda a la emisión de Bono de Cumplimiento de la República de Nicaragua”. No se detalla el inventario entregado al Estado, en qué consisten o cuáles eran los tipos o la cantidad de combustibles o derivados de petróleo.
El consorcio para evadir sanciones
Pese a que el negocio del combustible fue sacudido con las sanciones, con el cierre de estas estaciones, el régimen reinició operaciones, cambiando el nombre y marca a las gasolineras. Se creó un consorcio privado de “banderas blancas”, dirigido por operadores del régimen, según Confidencial.
Un informe divulgado en febrero de 2022 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con base en reportes entregados por el mismo régimen, reveló que las estaciones agrupadas en el grupo de la DNP, empezaron a operar bajo la figura de bandera blanca.
La Cepal registró un incremento de 104 a 153 estaciones de bandera blanca entre 2019 y 2020. De esta manera es que las gasolineras, antes vinculadas a la DNP, logran evadir las sanciones para seguir operando.
Un negocio redondo
El caso de DNP demostró un clásico modelo de corrupción, en el que los funcionarios explotan vínculos del poder para sacar beneficios. Esta investigación fue premiada en 2012 por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) durante la edición de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, el foro donde se muestran las mejores investigaciones del continente, en Bogotá, Colombia.
Octavio dice que aún queda una investigación pendiente: ¿cómo se reinventaron para mantener el negocio de DNP luego de la disminución de la cooperación venezolana (a partir de 2017) y las sanciones de Estados Unidos en 2019?
Finalmente, explica el caso DNP en términos simples: DNP fue un bien del Estado, que se lo apropió la familia Ortega-Murillo, hizo negocio vendiendo al público y al Gobierno. “Finalmente los sancionaron, la marca DNP apestó, y fue entonces que las convirtieron en unas gasolineras ‘banderas blancas’. Las reabrieron después y finalmente pidieron una indemnización de 22 millones de dólares al Estado (diciembre pasado). Un negocio redondo”, añade.