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El “poder del pueblo” que, según el diputado sandinista Edwin Castro, encarna la democracia en Nicaragua, no es más que el discurso reciclado del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ahora reforzado con la reciente transformación constitucional. Pero, ¿existe realmente una democracia en Nicaragua, como insiste el eterno aliado del oficialismo? En Diver-Check te explicamos por qué sus declaraciones son falsas.

Practica impuesta de facto

La reciente reforma de la Constitución Política de Nicaragua, aprobada el 22 de noviembre de 2024 y que modificó más de cien artículos, no fue consultada con el pueblo. Lejos de representar un avance democrático, oficializa una práctica impuesta de facto, consolidando una estructura que refuerza el control del régimen y margina la voluntad popular. En este contexto, Edwin Castro no hace más que repetir el discurso del oficialismo, como un engranaje más de la maquinaria de la dictadura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó esta reforma y advirtió que “constituye otro grave retroceso para los derechos humanos y principios democráticos”, al convertir “en un régimen autoritario” al país.

Centraliza el poder en el Ejecutivo

El modelo de “democracia directa” que defiende el diputado sandinista centraliza aún más el poder en el Ejecutivo, es decir, en Ortega y Murillo, ahora con un mandato ampliado a seis años. “Este modelo elimina el principio de separación de poderes subordinados aún más los órganos legislativos, judiciales y electorales al control del Ejecutivo”, señala la CIDH, que también advierte que la reforma otorga facultades discrecionales a la pareja presidencial para “destituir a personas que ocupan cargos públicos” si no se alinean con los “principios fundamentales” del texto reformado. Lo que Castro presenta como “democracia directa”, en realidad, es la legalización de un poder absoluto.

Daniel Ortega: único candidato, único ganador

En una democracia real, el pueblo elige libremente a sus candidatos y estos pueden competir en procesos electorales abiertos. En Nicaragua, sin embargo, los siete aspirantes presidenciales de las elecciones de noviembre de 2021 fueron criminalizados.

Daniel Ortega intentó justificar sus arrestos, negando que fueran precandidatos, pero lo cierto es que figuras como Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro contaban con amplio respaldo popular. Aun así, los aspirantes a la Presidencia no pudieron ser electos y los nicaragüenses no pudieron ejercer su derecho a elegir. En la supuesta democracia directa que defiende Edwin Castro, no hay espacio para otros candidatos presidenciales que no sean Ortega o sus aliados.

No existe pluralismo

Tampoco el pueblo está representado en la Asamblea Nacional. El Frente Sandinista, desde antes del fraude electoral de 2008, impulsó un proceso sistemático de exclusión y cooptación política, debilitando a las verdaderas fuerzas opositoras. Como resultado, el sistema de partidos está controlado por agrupaciones que actúan como satélites del partido oficialista.

Actualmente, el parlamento cuenta con 90 diputados: 75 del Frente Sandinista y 15 distribuidos entre partidos zancudos como el PLC, ALN, APRE y otros. Sin embargo, todos responden a las órdenes del Ejecutivo encabezado por Ortega y Murillo. No existe pluralismo, ni representación real del pueblo. El Poder Legislativo está completamente centralizado en manos del oficialismo.

Manifestarse es criminalizado

Otro pilar fundamental en toda democracia es el poder manifestarse pacíficamente, sin embargo, Ortega lo declaró ilegal en noviembre de 2018 a través de una nota de prensa emitida por la Policía Nacional: “la Policía Nacional reitera que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales”, reza la misiva.

Según la Federación Internacional por los Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en “el contexto de las protestas estudiantiles y ciudadanas, 328 personas fueron asesinadas”, coartando la libertad de manifestarse.

Nula libertad de expresión

La democracia que defiende Edwin Castro también niega el derecho a expresarse libremente. En Nicaragua, este derecho ha sido sistemáticamente criminalizado. Las protestas son reprimidas, la libertad de expresión está bajo constante censura y las redes sociales se han convertido en espacios vigilados.

La Ley de Ciberdelitos, promovida como una herramienta contra delitos informáticos, ha sido utilizada para perseguir a quienes critican el régimen y para castigar la difusión de contenidos que el Gobierno considera “falsos”. Esta normativa se ha aplicado contra opositores, periodistas y medios de comunicación, consolidando un entorno donde disentir es un delito y la voz del pueblo se ha convertido en un blanco de persecución.

Nicaragua no es un país democrático, la reforma constitucional según la CIDH contraviene los principios fundamentales del Estado de derecho, la democracia representativa y la separación de poderes consagrados en la Carta Democrática Interamericana. La democracia que dibuja Edwin Castro no se sostiene con discursos, se construye con garantías reales de participación, respeto a los derechos humanos y equilibrio entre poderes. 

El discurso del “poder del pueblo” y la “democracia directa” no es más que el eco de una dictadura que intenta convencer a los nicaragüenses de que tienen el poder, cuando en realidad los silencian con leyes, persecución y represión. En Nicaragua gobiernan Ortega y Murillo; el pueblo no decide, solo calla por miedo.