La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Indira Talwani, impidió que la administración Trump avanzara con su plan de terminar con el estatus legal conocido como parol humanitario para migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela, el cual por disposición del Gobierno de Donald Trump concluía este 24 de abril.
La administración Trump había advertido a los afectados por la medida que tendrían que deportarse a sí mismos antes de esa fecha, o enfrentar el arresto y la deportación por parte de agentes federales de inmigración, reportó la cadena CBS News.
La jueza Talwani también estableció en su resolución que las advertencias de deportación enviadas por el Gobierno estadounidense y prohibió a los funcionarios revocar la protección legal, conocida como libertad condicional migratoria, que la administración del presidente Joe Biden otorgó a más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Talwani dijo que esas terminaciones masivas de libertad condicional no podrían ocurrir sin que se revisara cada caso. “La terminación anticipada, sin ninguna justificación caso por caso, del estatus legal de los no ciudadanos que han cumplido con los programas del DHS y han ingresado al país legalmente socava el Estado de derecho”, escribió Talwani, quien forma parte del tribunal federal de distrito en Boston.
Bajo ese programa, conocido como programa de libertad condicional humanitaria CHNV, 532 000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela pudieron viajar a Estados Unidos tras obtener el patrocinio de personas residentes en el país. Al ingresar, se les concedió un permiso de inmigración y se les permitió trabajar legalmente en el país durante dos años.
93 000 nicaragüenses beneficiados
Según detalles del último informe del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, unos 93 000 nicaragüenses, 110 000 cubanos, 210 000 haitianos y 117 000 venezolanos llegaron a EE. UU. bajo este programa.
El expresidente Biden decidió lanzar el parol humanitario en 2022 para venezolanos y ampliarla en enero de 2023 para cubanos, haitianos y nicaragüenses como parte de su estrategia para frenar la migración irregular hacia EE. UU.
Los funcionarios de la administración Biden atribuyeron parcialmente a esta política la drástica reducción de los cruces fronterizos ilegales de migrantes de los cuatro países cuyos ciudadanos cumplían los requisitos para recibir patrocinio. Sin embargo, la implementación del programa no estuvo exenta de controversia.
Los estados liderados por republicanos cuestionaron la legalidad de la política en un tribunal federal, argumentando que la autoridad de libertad condicional no otorgaba al gobierno federal el poder de admitir a una cantidad tan grande de extranjeros a través de un programa con reglas de elegibilidad amplias.
Los que no estaban afectados por la medida
El documento de DHS era sido claro en que las personas migrantes que hayan cambiado su estatus migratorio no serán afectadas por esta revocatoria. Entre quienes no deben salir del país se encuentran:
- Solicitantes de asilo con procesos en curso o aprobados
- Personas con TPS vigente
- Residentes permanentes legales (titulares de la “green card”)
- Personas con peticiones de ajuste de estatus por motivos laborales o familiares
- Solicitantes de visados humanitarios U o T