La Organización Internacional del Trabajo (OIT), reveló un informe elaborado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), destacando la exclusión de los pueblos Indígenas en la formulación de políticas públicas, el desconocimiento por parte del régimen sandinista de sus autoridades legítimamente electas y la persistencia de gobiernos comunitarios paralelos colaboracionistas de la dictadura.
Un comunicado de prensa emitido por Fundación del Río reportó que en virtud del cumplimiento del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Nicaragua, se han emitido nuevas solicitudes directas al Estado nicaragüense en base a los resultados del informe.
La evaluación técnica señala que la violencia, la impunidad y la falta de consulta efectiva constituyen serios obstáculos para el ejercicio de los derechos de los pueblos Indígenas y tribales en Nicaragua. La Comisión insta al Gobierno sandinista a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad, representación y participación de estas comunidades en los asuntos que les afectan, en estricto cumplimiento del Convenio 169.
El informe también subraya las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes para acceder a instancias de toma de decisiones y la persistencia de conflictos territoriales en la Costa Caribe Norte, donde se han registrado homicidios, desplazamientos forzados y ataques a comunidades.
“La CEACR solicita información gubernamental sobre los mecanismos de consulta previa en medidas legislativas y administrativas que impactan a los Pueblos Indígenas. Asimismo, insta a avanzar en los procesos de titulación, demarcación y saneamiento de tierras, garantizando la protección de sus derechos territoriales y su acceso a los recursos naturales”, detalla el comunicado de Fundación del Río.
Además, el organismo internacional ha emitido una serie de solicitudes directas a Nicaragua, exigiendo datos actualizados sobre la población indígena y afrodescendiente, incluyendo su situación socioeconómica y distribución geográfica. También requiere evaluaciones ambientales de proyectos de desarrollo en territorios indígenas y estudios de impacto del proyecto del Gran Canal Interoceánico.
Desempleo entre los pueblos indígenas
Otro de los puntos destacados es la necesidad de fomentar el empleo indígena, especialmente en las Regiones Autónomas del Caribe y otras zonas del país. La OIT insta al Gobierno a garantizar el acceso a servicios de salud, respetando la diversidad cultural de estos pueblos, así como a mejorar la educación intercultural y bilingüe en estas comunidades, combatiendo el analfabetismo y la deserción escolar.
En el ámbito de la comunicación, la CEACR solicita información sobre las acciones del Gobierno para garantizar el acceso de los Pueblos Indígenas a medios de comunicación en sus propios idiomas. También cuestiona las razones del cierre de emisoras comunitarias como Yapti Tasba Bila, Baikra, Bilwi y Waspam, que han afectado la difusión de información en estas comunidades.
Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, destacó la importancia del informe del CEACR para visibilizar la situación de violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Nicaragua. Además, indicó que solicitará respaldo internacional para que esta revisión sea considerada como uno de los 24 casos prioritarios en materia de cumplimiento de convenios.
Ruiz también señaló que el incumplimiento del Convenio 169 refuerza la denuncia presentada por empresarios ante la OIT por la violación de otros convenios laborales, como los 87, 98, 111 y 144. En este contexto, el Consejo de Administración de la OIT ha decidido establecer una comisión de encuesta para evaluar la situación en Nicaragua, una medida que representa un paso importante en la lucha por el respeto de los convenios internacionales del trabajo.