El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha revelado una lista de 54 altos funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo sobre quienes existen “motivos razonables para creer” que son responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esta lista, entre la que sobresalen once militares, ministros, asesores presidenciales, diputados, magistrados y alcaldes sandinistas, representa la acusación más directa y documentada contra el aparato represivo del régimen hasta la fecha.
El Grupo de expertos señala que todos estos funcionarios jugaron un papel fundamental en la ejecución de políticas de represión, vigilancia, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, despojo de nacionalidad y confiscación de bienes. Todos actuaron en coordinación y respondiendo al dictado de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes dirigen el aparato de mando del terror en Nicaragua.
Los ahora “copresidentes” encabezan una estructura de poder sin contrapesos, que ha subordinado todos los poderes del Estado al Ejecutivo. La reforma constitucional de febrero de 2025 consolidó este control al eliminar de facto la separación de poderes y otorgar poderes casi absolutos a la Presidencia, contextualiza el informe del Grupo de Expertos que es dirigido por el abogado Jan-Michael Simon.
“Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales”, dijo Ariela Peralta, experta del Grupo, durante la presentación del informe en Ginebra. Mientras que Simon dijo que “estos no son incidentes aleatorios o aislados, sino que responden a una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas”.
De acuerdo a la actualización del informe, desde la cúspide del poder, las órdenes se ejecutaban mediante una red de mandos que incluyó:
- La Policía Nacional, bajo el mando de Francisco Díaz Madriz y el subdirector Ramón Avellán Medal, encargados de operativos de detención, represión de protestas y ejecuciones extrajudiciales.
- El Ejército Nacional, dirigido por Julio César Avilés Castillo, que colaboró en la logística y vigilancia, y facilitó el uso de armamento letal.
- El Poder Judicial, encabezado por Marvin Aguilar García, que garantizó impunidad judicial mediante juicios amañados y la aplicación de leyes represivas.
- El Ministerio Público, liderado por Ana Julia Guido hasta 2024, fue responsable de la fabricación de cargos y persecución penal selectiva.
- El Ministerio del Interior y la Dirección General de Migración y Extranjería, ejecutaron la cancelación de nacionalidades y prohibiciones de entrada.
- La Asamblea Nacional, presidida por Gustavo Porras, aprobó leyes para legalizar la represión y justificar la persecución de disidentes.
Una estructura represiva institucionalizada
El Grupo de Expertos destaca que esta red no opera sólo desde el Estado, sino que también involucra a estructuras partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y grupos armados progubernamentales que actúan con impunidad. La Juventud Sandinista, por ejemplo, fue utilizada como brazo operativo en la vigilancia, hostigamiento y represión de manifestaciones.
A su vez, el FSLN ha consolidado una red de secretarios políticos a nivel nacional, departamental y municipal que sirven de puente entre las órdenes del Ejecutivo y su implementación territorial.
El informe documenta cómo estas estructuras partidarias están integradas funcionalmente al aparato estatal, con líneas de mando paralelas que conectan ministerios, alcaldías, universidades públicas, centros de salud y comités locales con el partido oficialista. Estas relaciones permiten la ejecución de tareas represivas de forma coordinada, incluyendo el uso de bienes públicos para fines partidarios, la infiltración de instituciones educativas y la creación de redes de informantes civiles.
Los grupos armados progubernamentales, que operan sin uniforme y con respaldo logístico estatal, desempeñaron un rol clave durante las protestas de 2018, y desde entonces han sido utilizados en acciones de intimidación, vigilancia y agresión contra disidentes. Según el informe, estos grupos fueron entrenados y financiados por instituciones del Estado, incluyendo el Ejército y la Policía Nacional.
Renuevan mandato del Grupo de Expertos
El informe aclara que estos hallazgos no constituyen una condena judicial, pero representan una base sólida para iniciar investigaciones penales. Argentina ya ha iniciado procesos de justicia universal contra Ortega, Murillo y varios de los implicados. El Grupo de Expertos está dispuesto a colaborar con autoridades judiciales internacionales.
Este documento marca un hito en la documentación de la represión estatal en Nicaragua. La identificación con nombres y apellidos de 54 perpetradores es una señal clara de que la comunidad internacional observa y acumula evidencia con fines de rendición de cuentas. En paralelo a la presentación del informe, Naciones Unidas renovó el mandato del Grupo de Expertos.
“La resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que hoy renueva el mandato del Grupo de Expertos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un paso clave en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del sistema internacional de los derechos humanos”, dijo Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Jurídica, organización que es integrante del Colectivo 46/2. El colectivo está conformado por 19 organizaciones que trabajan en la búsqueda de justicia para Nicaragua, en el marco del Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de Naciones Unidas.
“La renovación del Grupo es clave por tres razones”, dijo Pineda, “primero porque “garantiza la documentación y preservación de pruebas sobre las violaciones de derechos humanos, asegurando que los crímenes sean investigados y sus responsables identificados”.
“Fortalece la rendición de cuentas al proporcionar evidencia para futuras acciones judiciales en tribunales internacionales y en jurisdicciones nacionales bajo el principio de justicia universal”, prosigue. “Y refuerza la protección de las víctimas y la prevención de nuevas violaciones, enviando un mensaje claro de que la comunidad internacional no permitirá el olvido ni la impunidad”, destacó Pineda, resaltando que el régimen no se presentó a la aprobación del grupo en Ginebra.