La verdad pesa y este jueves 3 de abril ese peso ha caído sobre los responsables de la represión en Nicaragua. El más reciente informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas ha señalado con nombre y apellido a 54 altos mandos del régimen Ortega-Murillo como perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense. 

Esta revelación histórica confirma lo que las víctimas y la oposición han denunciado durante años: en Nicaragua no hubo “hechos aislados”, sino una política de Estado deliberada para silenciar la disidencia a cualquier costo. Este informe constituye, además, una radiografía precisa de la sed de sangre de la dictadura sandinista, y de cómo se ha estructurado “un terrorismo de Estado” (como lo llamó el informe del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticos Públicas, IEEPP, en mayo de 2018) para cometer delitos de lesa humanidad.

El informe, presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, expone en 234 páginas cómo el aparato represivo del régimen actuó de forma coordinada desde las más altas esferas del poder hasta los niveles locales. Entre los señalados figuran Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes encabezan la cadena de mando de la represión, junto a generales del Ejército, jefes policiales, magistrados y otros altos funcionarios del régimen. Aparecen, por ejemplo, el comandante en jefe del Ejército, general Julio César Avilés; el director de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar; y el titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, entre otros. 

Todos ellos son mencionados como responsables directos de ejecutar u orquestar crímenes que incluyen asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, persecución a la sociedad civil y a la prensa independiente, así como el arrebato ilegal de la nacionalidad y confiscación de bienes de opositores.

La represión como política de Estado

Lo más revelador de este informe es la demostración de que la violencia no fue el resultado de excesos individuales, sino de un sistema represivo diseñado desde la presidencia y aplicado de manera sistemática. Como se ha documentado con innumerables testimonios de víctimas y testigos, cada institución —sea el Ejército, la Policía, el Poder Judicial o los gobiernos locales— recibió directrices claras para reprimir la protesta y eliminar cualquier desafío a la dictadura sandinista de los Ortega y Murillo. No son actos espontáneos: son parte de una política de Estado bien orquestada. El resultado ha sido trágico: cientos de nicaragüenses asesinados desde 2018, miles de heridos, más de 700 presos políticos en distintos momentos (otras organizaciones hemos estimado incluso más de 1200 presos políticos entre 2018 y 2024), y decenas de miles de ciudadanos empujados al exilio. Hoy, con este informe, queda evidenciado ante el mundo cómo esa maquinaria de crueldad operó con impunidad bajo las órdenes de la dictadura.

Implicaciones internacionales y caminos a la justicia

El peso de la verdad recién revelada también tiene importantes implicaciones internacionales. Al identificar a los responsables de estos crímenes atroces, la ONU abre la puerta para que se inicien procesos de justicia internacional. Si bien el sistema judicial nicaragüense está secuestrado por el régimen —como lo demuestra el hecho de que uno de los señalados sea el propio magistrado que preside la Corte Suprema—, existen mecanismos de justicia universal y sanciones internacionales que podrían aplicarse. Ningún perpetrador debería sentirse a salvo de rendir cuentas. La historia nos enseña que, aunque tarden años, los crímenes de lesa humanidad terminan siendo juzgados: sucedió en su momento con las dictaduras del Cono Sur y debería suceder con la dictadura nicaragüense.

Una esperanza renovada para las víctimas

Este reconocimiento oficial de la verdad supone un rayo de esperanza para las víctimas y sus familiares. Cada madre que perdió un hijo bajo las balas de la policía sandinista, cada preso político que fue torturado en las celdas de El Chipote, cada periodista perseguido o cada ciudadano despojado de su nacionalidad, hoy puede sentir que el mundo poco a poco empieza a escuchar su clamor. La lucha incansable de nosotros los nicaragüenses ha logrado que las máximas instancias internacionales pongan atención y nombren a los culpables. Aunque el camino hacia la justicia completa es largo, el solo hecho de que sus verdugos sean señalados oficialmente es un triunfo moral indescriptible y un paso crucial hacia la rendición de cuentas.

La reacción del régimen Ortega-Murillo

La reacción del régimen Ortega-Murillo ante el peso de esta verdad era predecible: negación, silencio y huida hacia adelante. En lugar de colaborar con las investigaciones, la dictadura optó por desacreditar el informe y aislarse aún más de la comunidad internacional, incluso llegando a abandonar organismos de derechos humanos para evitar el escrutinio. Pero por más que traten de ocultarse tras la propaganda y el miedo, ya no pueden borrar lo que quedó escrito en la historia. El sello de “violadores de derechos humanos” los acompañará dentro y fuera de Nicaragua. El peso de la verdad es ineludible: lleva consigo la memoria de las víctimas y la exigencia de justicia que tarde o temprano les alcanzará.

La verdad como herramienta de libertad

En Nicaragua, hemos aprendido que la verdad puede ser secuestrada temporalmente, pero nunca derrotada. Este informe de la ONU es una prueba de ello. Frente a los intentos del régimen por imponer el olvido, la verdad ha emergido con toda su fuerza, respaldada por la investigación rigurosa y la voz de los sobrevivientes. Cada señalamiento hecho por los expertos internacionales es un acto de reivindicación para un pueblo que ha sufrido demasiado. Ahora la comunidad internacional tiene en sus manos un documento rigurosísimo para aumentar la presión sobre la dictadura y solidarizarse aún más con el pueblo nicaragüense en su lucha por la libertad.

Un camino iniciado desde 2018

Este informe es un hito en el camino iniciado en 2018. Ideas como la creación de una fiscalía internacional y otros mecanismos para la búsqueda de justicia, así como vías similares, fueron sugeridas desde mayo de 2018 —a menos de 30 días de iniciadas las protestas masivas del 19 de abril de ese año— por el Dr. Uriel Pineda y este servidor, en el pequeño pero necesario libro «Guía para garantizar la verdad y el acceso a la justicia», publicado por el IEEPP. De igual forma, el informe y testimonio que presenté ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de septiembre de 2018 destacaba que, ante la ausencia de mecanismos efectivos para buscar justicia dentro de Nicaragua, la ruta a seguir —por larga y compleja que fuese— debía ser la justicia internacional. Muchas otras organizaciones de derechos humanos también han realizado aportes fundamentales en esta búsqueda de justicia mediante vías internacionales. Sin exagerar el alcance de este informe, debemos reconocer que representa una de las victorias más importantes en la historia reciente de los derechos humanos en América Latina y el mundo, además de establecer un precedente clave para la documentación rigurosa de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Nuestro compromiso

El peso de la verdad no solo cae sobre los victimarios, también nos compromete a todos los que anhelamos una Nicaragua justa y libre. Ya no hay excusas para la indiferencia ni para la neutralidad cómplice. Sabemos quiénes son los verdugos y cuáles son sus crímenes. Nos corresponde seguir alzando la voz dentro y fuera del país para que se haga justicia. La memoria de los asesinados y el dolor de un pueblo entero nos obligan a no claudicar. Que este informe sirva como recordatorio de que ninguna dictadura, por más poderosa que se crea, puede escapar al juicio de la historia. La verdad pesa, y su peso finalmente ha caído del lado del pueblo de Nicaragua.