La dictadura Ortega-Murillo, tras todo el proceso de des-democratización, pulverizó el sistema de partidos en Nicaragua, de tal suerte que las instituciones partidarias perdieron capacidad de interactuar entre sí, como señala la clásica definición sartoriana. No existen partidos políticos, ni un sistema electoral que permita una competencia política abierta. 

Con ese cuadro fáctico, que todos deberíamos tener medianamente claros, a los que se les suma el control totalitario que ejerce la dictadura de todos los espacios políticos y sociales, debemos preguntarnos y dimensionar la etapa de la lucha en contra de la dictadura en la que se encuentra el movimiento político opositor, y qué tipo de lucha es: ¿de resistencia o electoral? 

Esta pregunta puede resultar peregrina pero en realidad no lo es, porque en virtud de nuestra conclusión puede depender el tipo de alianza que se deba constituir y los objetivos de esta a mediano y largo plazo, en el entendido también que las metas –y más aún en política– para poder ser alcanzadas se requiere del cumplimiento, casi siempre, de presupuestos previos. 

Algunos actores políticos han puesto nuevamente sobre las mesas sus viejas reminiscencias ideológicas, importantes, según ellos, para fraguar una alianza creíble contra la dictadura Ortega-Murillo: se basan en viejos resultados electorales, en una supuesta mayoría libero-conservadora de la población nicaragüense, en la necesidad de agruparse en corrientes políticas ideológicas de cara a la interlocución con la comunidad internacional. La pregunta es, ¿esos son los motores de una fuerza política capaz de disputar el poder político a la dictadura? Yo creo que no, en tanto no sientan las bases de una alternativa integral, representativa y con capacidad de articular una narrativa y de enarbolar las apuestas que encaminen a la reconstrucción del país. 

Los resultados electorales son relevantes en un contexto previo a un proceso electoral, y en un país en donde se pueda determinar, aunque sea aproximadamente, cual es el comportamiento electoral de la población, y no es el caso de Nicaragua en donde la autoridad electoral no es confiable y por ende no se puede determinar el caudal electoral de una agrupación política o las tendencias hacia una corriente, máxime que todos los partidos prodemocracia han sido criminalizados. 

Más allá de lo anterior, quienes recurren a argumentos de tipo ideológico, olvidan que los partidos políticos gozaron de cierto desprestigio ante la ciudadanía nicaragüense, principalmente por sus incapacidades de conectar con las necesidades de la población y su aparición únicamente durante las elecciones, y en parte a ello responden las concepciones de la necesidad de anteponer a las corrientes ideológicas: la falta de capacidad de construir una fuerza política que resista a un régimen cerrado, y que tenga la suficiente capacidad de cambiar la correlación de fuerzas para forzar la apertura de la competencia política… por el contrario sus saltos en escena eran cada cinco años, y algunos recobraron relevancia de sus certificados, en las vísperas electorales del año 2021, y aún así no estuvieron a la altura: revanchismo político, señalamientos y polarizaciones. 

Si en el escenario electoral no sirvieron estas mismas posturas, ¿por qué habrían de funcionar en un contexto que está lejos de desembocar a una salida electoral? No hay razón válida ni política para sostener que estas posiciones son las pertinentes, porque no se corresponden a la etapa de la disputa política en la que nos encontramos. ¿Podrán identificarse los jóvenes nicaragüenses que participaron en la insurrección y quienes hoy son parte de una segunda generación con la corriente conservadora, liberal, socialcristiana? ¿Acaso no se tiene claro el efecto desmovilizador que esto tendría para la población nicaragüense que necesitamos re-esperanzar? Y lo anterior no es en demérito, de ninguna manera, de quienes legítimamente comulgan con esos encuadres ideológicos, lo que resaltamos es la impertinencia para colocarlos en un primer plano. 

En la situación actual, estamos obligados a construir una fuerza política que encabece y tenga la capacidad de conducir la lucha política de resistencia, que pueda debilitar los pilotes de sostenimiento de la dictadura en el poder, que proponga una ruta de salida de la dictadura y coloque un programa de transición con las reformas necesarias para institucionalizar democráticamente al país, y que se presente como una opción para los disidentes del orteguismo. 

Esto requiere de una alianza política plural, reflexiva, cercana a las demandas populares, con la suficiente interlocución interna y externa para generar la movilidad deseada, y que pueda forzar la apertura política, y hasta entonces podremos hablar de una lucha electoral. Los retos de esta alianza política los expuse en un artículo anterior. 

Lo planteado, principalmente, se logrará por medio de una alianza de unidad nacional, en la que deben converger la mayoría de sectores cuyos espacios de influencia debemos optimizar y capitalizar para obtener validación, no será por medio del sectarismo, la exclusión y el revanchismo que se disfraza de “debate ideológico” que no existe en Nicaragua porque prima la descalificación y la desconfianza. 

Finalmente, en esta lucha política de resistencia, la conducción no debe ser ejercida por una opción de centro-derecha, ni de centro-izquierda, ni de los extremos. Eso es lo que no quiere la población nicaragüense. Es falso que quienes resisten instintivamente en el país simpatizan por una opción en detrimento de la otra o que su corazón es conservador o liberal, la política no se hace partiendo del corazón ideológico de la gente, por el contrario se ejerce política desde las demandas, necesidades que una realidad determinada nos impone, y hoy nos demandan una fuerza política plural capaz de convertirse en una opción de poder contra la dictadura, que establezca la justicia sin impunidad y la democracia plena. 

Sin embargo, seguimos acumulando una deuda que ya es histórica: la falta de unidad, sin sectarismos en donde deben estar expresiones que fueron partidos políticos, la sociedad civil y los movimientos políticos y sociales que han resistido, algunos desde antes del 2018, a la dictadura Ortega-Murillo.