El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) de las Naciones Unidas (ONU) reportó que por primera vez obtuvo información creíble de que el Ejército de Nicaragua participó en la represión contra los ciudadanos nicaragüenses durante las protestas de 2018 utilizando armas letales, en coordinación con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales.
Según esta información, el 20 de abril de 2018, dos días después del inicio de las protestas masivas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se celebró una reunión en la que participaron oficiales en activo del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia Militar y de Personal de Cuadros, en la que se dijo que “se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales”.
El jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional, Bayardo Rodríguez, leyó una orden presidencial que instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones.
En el informe que se publicó este miércoles 26 febrero, el Ghren estableció que Ortega y Murillo ordenaron a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y a los grupos armados progubernamentales “que reprimieran violentamente las manifestaciones como parte de una estrategia diseñada para conservar el poder a toda costa”.
Intención era matar e infundir miedo en la población
El comandante en jefe del Ejército Nacional, Julio César Avilés, ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones, a pesar de no tener competencias en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que su intervención podría provocar la pérdida de vidas humanas.
“Las ejecuciones extrajudiciales documentadas fueron el resultado de acciones coordinadas entre la Policía, el Ejército y grupos armados progubernamentales”, señala el documento.
Los expertos explicaron que “el uso sistemático y deliberado de armas letales, algunas reservadas exclusivamente para uso militar, la intervención de francotiradores, las tácticas de combate diseñadas para matar y no para controlar multitudes, y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo sugieren que su intención no era dispersar a los manifestantes, sino matarlos e infundir miedo en la población”.
El Grupo determinó que el Ejército participó activamente en la represión de las manifestaciones, proporcionó armamento a la Policía y a los grupos armados progubernamentales, llevó a cabo operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes marginados y funcionarios públicos.
Utilizaron armas especializadas y francotiradores
El documento señala que la Dirección de Información para la Defensa del Ejército asumió el control operativo de la represión de las manifestaciones, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, la Dirección de Inteligencia Policial, el Comando de Operaciones Especiales del Ejército y la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía.
“Los miembros de estos dos últimos cuerpos utilizaron armas especializadas y francotiradores durante sus intervenciones. Comandos y destacamentos militares regionales, el Batallón Ecológico y el Comando de Operaciones Especiales, desplegaron personal militar, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno”, destacan.
El Ghren tiene ahora motivos razonables para creer que, junto con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, el Ejército cometió ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas de 2018.
El Ejército ha reiterado públicamente que en 2018 su papel durante la crisis se limitó a proteger bienes estratégicos y negó su participación en la represión. Sin embargo, durante estos años ha quedado en evidencia la sumisión de esta institución, incluyendo a su Comandancia General, al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los generales sancionados
La comunidad internacional ha sancionado, por su colaboración con la pareja de mandatarios, a sus dos más altos mandos: Julio César Avilés, comandante en jefe, y Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor. Además ha golpeado al brazo económico de esta institución armada: el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Todos los miembros de la Junta Directiva del IPSM —a excepción de Marvin Corrales— están sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El pasado viernes 21 de febrero fue juramentado para su cuarto período consecutivo, el general Julio César Avilés como jefe del Ejército. Con este nuevo mandato 2025-2031, Avilés completaría 21 años en el cargo que tomó en 2010, un proceder inédito en la historia reciente de Nicaragua.
Durante el acto de juramentación, Avilés agradeció a Ortega por su respaldo y le confirmó que cuente “con la firme determinación de todos para continuar aportando en la construcción de la Nicaragua libre, digna, justa y próspera que todos merecemos”.
Avilés también se encuentra en una lista de 15 miembros del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que un juez argentino entregó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para su captura por un caso que se libra en Argentina, señalado por la “violación sistemática de derechos humanos”, amparado en el principio de jurisdicción universal que permite a los países juzgar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido.
Avilés, por su parte, ha dicho en diferentes ocasiones que el Ejército ha sido víctima de campañas de desprestigio por parte de la oposición y ha defendido la violencia política con la que gobierna la dictadura sandinista.
Amplia estructura de vigilancia e inteligencia
En este sentido, el Ghren da nuevas luces al respecto. Los expertos pudieron identificar la existencia de una amplia estructura de vigilancia e inteligencia que responde a órdenes de Ortega y Murillo.
La estructura está compuesta principalmente por miembros del Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Ministerio de Salud y grupos armados progubernamentales, y utiliza centros de cómputo instalados en cada municipio.
El Gobierno utiliza esta información (canalizada principalmente a través del Centro de Información e Inteligencia Policial, el Comité Nacional de Información, la Unidad de Análisis Financiero y la estructura del Frente Sandinista) para identificar a opositores, vigilar sus actividades, acosarlos o geolocalizarlos. Esta estructura también determina a quién detener, expulsar, impedir el regreso o despojar arbitrariamente de la nacionalidad.
El documento explica que fiscales, jueces y defensores públicos trabajaron en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la red de inteligencia para detener y criminalizar sistemáticamente a manifestantes y otros opositores reales o percibidos.
El Ejército también realiza vigilancia política, a través de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, en coordinación con las Unidades de Victoria —estructuras sandinistas en los barrios—, secretarios políticos, la dirección del Frente Sandinista, el partido en el poder, y los servicios de inteligencia de la Policía.
“Esta red de inteligencia y control ha permeado todos los niveles de la sociedad, desde los barrios hasta las alcaldías, los departamentos y las delegaciones ministeriales”, apuntan los expertos.
Expertos preparan lista de responsables de violaciones y crímenes
Los militares son señalados de participar en detenciones arbitrarias en 2018, expulsiones de nicaragüenses y despojos de nacionalidades de personas opositoras o percibidas como tales.
El jefe de la Dirección de Información para la Defensa, Rigoberto Balladares Sandoval, y sus miembros se dedicaron a la vigilancia política de personas críticas con el Gobierno. “Esta Dirección intercambiaba inteligencia con miembros de alto rango del FSLN y de la Dirección de Inteligencia Policial para identificar a las personas a expulsar”, remarcan los expertos.
El Grupo también documentó que miembros del IV Comando Militar Regional participaron en al menos cinco expulsiones a través de pasos fronterizos terrestres con Costa Rica en coordinación con la Policía.
“Se estableció que la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, la Dirección de Información para la Defensa del Ejército y altos mandos del FSLN coordinan la recopilación de información personal, familiar, laboral y de otra índole sobre personas consideradas una amenaza para la soberanía nacional y la sociedad”, establece el Ghren.
Desde que se estableció este grupo de expertos, en marzo de 2022 y cuyo mandato finaliza en marzo de 2025, se han enviado 16 cartas a las autoridades nicaragüenses para solicitarles información. Sin embargo, ninguna ha sido respondida. También se envió una copia de este informe al régimen Ortega-Murillo.
El Ghren adelantó que está preparando un próximo documento que contiene sus conclusiones detalladas sobre la estructura y organización del aparato represivo del Estado, en el que se identifica a las personas que son consideradas responsables de violaciones y crímenes. Estos nombres se transmitirán al Gobierno nicaragüense y, a través de él, a las personas implicadas para darles la oportunidad de responder.