Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha cumplido su promesa de endurecer la política migratoria: eliminó programas humanitarios, autorizó deportaciones masivas sin debido proceso y reforzó un discurso hostil hacia los migrantes indocumentados, a quienes ha llegó a calificar como “animales” y “no humanos” durante su campaña electoral.
El pasado 19 de febrero firmó una nueva orden ejecutiva que pone fin al uso de fondos públicos en lo que él denomina “fronteras abiertas”. Esta medida prohíbe el acceso de migrantes irregulares a una serie de beneficios federales financiados por los contribuyentes.
A pesar de esta orden ejecutiva, los migrantes no son elegibles para las prestaciones federales, a excepción de algunos beneficios permitidos por situaciones de emergencia, de acuerdo con el Centro Nacional de Derecho de Inmigración. Tampoco deja claro qué programas resultarán afectados, sin embargo, ya se ha empezado a ver algunas modificaciones. Diver-Check te lo explica ¿cuáles son esos beneficios que hasta hoy, Trump mandó a suspender? y ¿cuáles se pueden ver afectados?
Según el mandatario, tanto la legislación federal como la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996 (PRWORA, Ley Pública 104-193), que reformó la el sistema de asistencia social prohíben que personas en situación migratoria irregular accedan a beneficios pagados por el erario público.
“El Título IV de la PRWORA establece que es política nacional que los extranjeros dentro de las fronteras de la Nación no dependan de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades”, señala la orden. Agrega que es “un interés gubernamental imperioso eliminar el incentivo para la inmigración ilegal proporcionado por la disponibilidad de beneficios públicos”.
El discurso de Donald Trump para justificar recortes
Trump afirma que, pese a que PRWORA fue aprobada hace décadas, las administraciones posteriores —en especial la de su antecesor, Joe Biden— socavaron sus principios, permitiendo el uso de recursos públicos para cubrir necesidades de personas migrantes. Ahora, dice, su Gobierno “defenderá el estado de derecho, defenderá contra el desperdicio de los recursos de los contribuyentes ganados con esfuerzo y protegerá los beneficios para los ciudadanos estadounidenses necesitados, incluyendo a las personas con discapacidades y los veteranos”.
La orden ejecutiva también hace referencia a que estos beneficios otorgados a los migrantes indocumentados contribuyen “como un imán y fomenten la inmigración ilegal a los Estados Unidos, para ello, ordenó a las agencias:
- La revisión de programas públicos del Gobierno que permiten a inmigrantes irregulares recibir beneficios (en efectivo o no), y ajustarlos para que cumplan con las leyes federales, como la PRWORA.
- Asegurar que los fondos federales a estados y municipios no promuevan, ni faciliten la inmigración ilegal ni apoyen políticas de “santuario”.
- Mejorar los sistemas para verificar que los beneficios públicos no se otorguen a personas que están de manera irregular en Estados Unidos, con el fin de que las agencias federales refuercen criterios de elegibilidad y evitar fraudes en el sistema de ayuda social.
- Las agencias remitirán cualquier recepción o uso indebido de beneficios federales al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional para que tomen las medidas apropiadas.
Borrados por decreto: migrantes vivos en el “archivo de defunciones”
Una de las acciones recientes y más sonadas de la administración de Trump es la cancelación de los números de Seguro Social de 6300 migrantes indocumentados, según reveló Aram Moghaddassi, funcionario del Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk. Fue este mismo organismo el que envió a Leland Dudek, comisionado en funciones de la Administración de la Seguridad Social, los nombres de los migrantes, en su mayoría latinos, según publicó el diario The New York Times.
De acuerdo con las filtraciones, el Gobierno incluyó los nombres de estas personas en el llamado “archivo maestro de defunciones”, una base de datos destinada a registrar a ciudadanos fallecidos, con el fin de evitar pagos indebidos de beneficios federales.
Sin embargo, las personas afectadas están vivas y habían ingresado de manera legal al país, solo que son migrantes, lo cual las ha dejado en un limbo jurídico: sin acceso a derechos básicos y obligadas a “autodeportarse”.
Tal como indica el diario El País, la medida se justifica bajo “la teoría de que los migrantes habrían cometido fraude y que la agencia habría pagado miles de millones a personas muertas, algo que hasta el momento no puede comprobar”.
“El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y al eliminar el incentivo monetario para que los extranjeros ilegales vengan y se queden, los alentaremos a autodeportarse”, dijo en un comunicado Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, al referirse a la nueva medida en los cambios del Seguro Social.
Medicaid: una excepción a la Ley de Bienestar Social
Los migrantes indocumentados no califican para la mayoría de beneficios federales bajo las políticas de Trump. Pero la Ley de Bienestar Social aún permite excepciones. Una de ellas es Medicaid, que continúa siendo accesible en algunos estados si la persona cumple con los requisitos locales.
La ley no prohíbe el acceso a servicios básicos de salud pública, como vacunas o atención ante enfermedades transmisibles. Aun así, el programa está en riesgo. Al ser una ayuda federal, podría ser cancelado en cualquier momento, y eso afectaría directamente a cientos de nicaragüenses que hoy dependen de él para mantenerse con salud.
Otro de los programas en la mira de la Administración Trump es la alimentación escolar. Aunque su orden ejecutiva no lo menciona directamente, ha señalado a todos los programas federales como blanco de recortes.
Por ahora, el desayuno y almuerzo escolar siguen abiertos, y los niños y niñas continúan recibiendo su alimentación a través del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) que ofrece educación nutricional, apoyo a la lactancia, autorización para citas médicas y una gran variedad de alimentos nutritivos para mujeres de bajos ingresos que estén embarazadas, en el período de lactancia.
La ley permite este tipo de ayuda siempre que esté orientada a proteger la vida o la seguridad y no exige pruebas de ingreso. También siguen vigentes los programas de protección infantil, atención en casos de discapacidad, abuso de sustancias o emergencias climáticas, indica el Centro Nacional de Derecho de Inmigración.
TANF: otra ayuda en la cuerda floja
El programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) también podría ser recortado. Aunque es financiado por el gobierno federal, su administración queda en manos de los estados, que lo usan para apoyar a familias con bajos ingresos. La ayuda incluye efectivo para cubrir alimentación, vivienda, electricidad, cuidado infantil y formación laboral.
Ante las restricciones federales, más de la mitad de los estados han optado por usar fondos propios para mantener estos beneficios —incluyendo TANF, Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP)— accesibles a ciertos grupos de migrantes.
Gracias a esa flexibilidad, varios estados y condados siguen brindando cobertura médica a niños, jóvenes y embarazadas, sin importar su estatus migratorio. Es el caso de California, Colorado, Minnesota, Oregón, Washington y el distrito de Columbia.
Desde mayo de 2024, 38 estados y el distrito de Columbia usan fondos federales para ampliar la cobertura médica a migrantes indocumentados. Esta medida, activa desde 2009, permite atención prenatal a través del programa CHIP, sin importar el estatus migratorio. La justificación legal es que el beneficiario es el feto, lo que abre la puerta a este tipo de atención sin restricciones, permitiendo ofrecer hasta doce meses de atención posparto a mujeres migrantes.
Aunque la orden ejecutiva aún no ha afectado directamente los beneficios federales disponibles para los migrantes indocumentados, las agencias ya están listas para actuar si la directriz sigue su curso. La medida busca apuntalar la ambiciosa cruzada de Elon Musk por reducir el gasto público, que ya enfrenta múltiples recursos judiciales por su dudosa legalidad. Cada día que pasa, los espacios se cierran aún más, empujando a los inmigrantes a abandonar Estados Unidos.