La llaman “copresidenta” en los documentos oficiales. Finalmente. Después de tanta acumulación de poder, de pasar por encima de muchos, incluso sobre su hija, ha oficializado su poder absoluto. El vocablo copresidenta nunca se había visto aplicado a la vida republicana de Nicaragua, una historia de 204 años desde que el país dejó de ser colonia española para convertirse otra vez en un territorio dominado por dos personas.

Autócrata sobre los autócratas. El poder compartido era cosa de reyes o de dictadores del siglo pasado. Pero un binomio está al mando de Nicaragua desde hace 18 años y nadie puede hacerse el sorprendido ahora. El otro es Daniel Ortega, su marido, exguerrillero y uno de los tres dictadores existentes en América Latina.

La llaman copresidenta desde que cambiaron la Constitución, pero Rosario Murillo era desde antes La Compañera. Lo era en los documentos del partido, en las alocuciones de los funcionarios. Un poder simbólico y real a la vez, aunque suene contradictorio en el régimen actual como muchas otras cosas. ¿Quién daba la orden? Pues la Compañera. Los ministros del ejecutivo corrían a obedecer sus órdenes, los fieles partidarios, aunque los históricos apretaran los dientes incómodos de verla como dueña del poder real. Le faltaba algo más oficial, por lo que se ve, una especie de diploma en la pared para su ejercicio autoritario.

El cambio constitucional entró en vigor durante febrero de 2025. Su primera orden fue la publicación en la Gaceta de una nueva ley de contrataciones administrativas, la número 1238, publicada además en una fecha con historia. Fue el 21 de febrero, cuando se conmemora el 91 aniversario del asesinato de Sandino a mano de Somoza García, el arquitecto de la dinastía de su familia. Esa familia permaneció en el poder entre 1937 y 1979. Como su mejor alumno político, Ortega imitó la estrategia de repartirse el poder con la oposición, pactar con el empresariado, y hacerse con el control de las fuerzas armadas.

La ley fue firmada por la pareja el día 19 de febrero, como refiere el mismo documento. El año pasado, ese mismo día su cuñado Humberto Ortega puso en duda la sucesión. Murió prisionero del régimen encabezado por su hermano, a quien contradictoriamente nunca llamó dictador y lo declaraba heredero de la fallida revolución sandinista. 

La ley de contrataciones entró en vigor una semana antes de abril. No es cualquier mes. En la memoria colectiva es el del recuerdo de las protestas, de los miles de heridos, los centenares de muertos, de los árboles de lata y símbolo de poder de Murillo en el suelo; de los grandes rótulos con las imágenes de los dictadores ardiendo en las calles, del ego pisoteado Por eso, en el texto más reciente de su periódico El 19 digital, llama “condenables” y “miserables” a quienes se oponen a sus designios, a la rebelión de abril la califica de “bestialidad” y enarbola una extraña doctrina del amor que hace sostener su poder en fusiles AK, militares indignos y paramilitares a su servicio. Otra idea orwelliana. La llaman copresidenta y puede firmar los decretos a la par de su marido, despacharlos desde casa, arreglar los asuntos de Estado como si fuesen los de su familia. Es la tiranía. Pero lo que no podrán es reescribir la historia. Jamás.