El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles dos propuestas paralelas para convocar el segundo referendo nacional en la historia del país, con el objetivo de limpiar el camino para avanzar en obras de infraestructura cuestionadas por bancadas opositoras o por entidades de control ajenas al Ejecutivo.
Se trata de la confirmación del anuncio hecho por Chaves en su discurso de mitad de cuatrienio, el 2 de mayo ante la Asamblea Legislativa dominada por bancadas opositoras. Es un paso adelante en su dinámica de consolidación de un núcleo de apoyo popular cercano a 50% de la población, en un contexto de enfrentamiento con los diputados y con entidades de control ajenas al poder presidencial a las que califica como “obstáculos” y aliadas de élites económicas que él dice combatir.
Pese a la alta expectativa por los proyectos que podría someter a referendo, el contenido de la propuesta de Chaves se limita a reformas de control administrativo que faciliten proyectos viales, portuarios e inmobiliarios refutados por los procedimientos legales elegidos por el Gobierno. Ese planteamiento, sin embargo, no es inocuo, pues “se centra, casi por completo, en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General de la República”, reaccionó Marta Acosta, jefa de esta entidad adscrita a la Asamblea Legislativa, pero con ejercicio autónomo.
“Suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos”, añadió la contralora, uno de los blancos frecuentes de las diatribas de Chaves contra poderes institucionales fuera del poder presidencial.
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La activación del referendo no es sorpresiva. Fue su noticia del informe anual del 2 de mayo, pero las expectativas estaban más altas incluso de sectores afines a él. Se preveía la inclusión de proyectos de gran calado como la privatización de un banco estatal, legalización de jornadas laborales de 12 horas o endurecimiento de las leyes para reducir la inseguridad, el mayor problema señalado por la población.
El riesgo político
El riesgo político era lanzar a las masas la decisión de asuntos que no necesariamente gozan de apoyo popular, pero este miércoles Chaves adujo que armar un paquete amplio de proyectos implicaba un riesgo de que Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) objete la propuesta de referendo, porque cree que también está en su contra.
Para avanzar hacia un referendo, Chaves activó en paralelo los dos mecanismos previstos por la ley: una iniciativa que debería aprobar la Asamblea Legislativa y una solicitud ciudadana ante el TSE para que autorice la recolección del 5% del padrón nacional (más de 180 000 personas). Todo ocurrió en esta misma jornada, cuatro días después de que Chaves asistió entusiasta a la investidura de continuidad de Nayib Bukele en El Salvador, donde el costarricense mencionó posibilidades de buscar también una reelección, aunque la Constitución costarricense sólo lo permite si han pasado ocho años desde que acabe el primer período presidencial.
La consulta popular debería realizarse en los próximos 14 meses, según la ley, para no acercarse a las elecciones nacionales de 2026, aunque el propio Chaves ligó ambas votaciones. Sostiene que un referendo serviría para que los diputados se expongan a un mayor escrutinio popular y que los ciudadanos puedan pasar la factura en los comicios presidenciales y legislativos. Incluso expresó el deseo de que esas elecciones deparen una mayoría calificada para hacer reformas constitucionales profundas que no precisó.
“El pueblo de Costa Rica está frustrado y por eso vamos a un mecanismo directo, hacia la expresión más noble y sublime de nuestra democracia: el voto de cada ciudadano, para decidir cosas que la Asamblea Legislativa no ha querido discutir”, dijo el presidente en conferencia de prensa.
Chaves acudió por la mañana al Congreso junto a todo el gabinete para llevar la iniciativa legislativa hacia el referendo titulada “Ley jaguar para impulsar el desarrollo”, con la alegoría felina que ha utilizado para referirse a logros macroeconómicos en el gobierno actual, en símil con “los tigres asiáticos”.
Para su aprobación, esta propuesta legal requerirá el voto de al menos 29 de los 57 diputados, pero ya hay legisladores que han publicado mensajes de rechazo o escepticismo, incluido Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea, quien dijo que no hay terreno fértil para dar esa aprobación. Chaves, que sólo tiene ocho diputados oficialistas, sabe bien que es difícil alcanzar una mayoría, pero quiere exponer a los diputados que se opongan. “Pasaremos a la historia, algunos como infames y otros como patriotas”, dijo en la conferencia de prensa que culminó citando a Julio César, cuando en tiempos romanos dijo “la suerte está echada” después de cruzar el río Rubicón para hacer ver que ya no podía retroceder en su intento de rebelarse contra el Senado imperial.
“La iniciativa ciudadana” de Chaves
El Gobierno también activó el otro camino legal previsto para un referendo, llamado “iniciativa ciudadana”. Esta vía puede tardar más, pero aumenta opciones de éxito al propósito de Chaves, quien en mayo cruzó el punto medio de su cuatrienio en el poder con un apoyo popular cercano a la mitad de la población.
La “iniciativa ciudadana” consiste en la solicitud que puede hacer cualquier persona al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que autorice la recolección de unas 180 000 firmas necesarias para convocar esa elección. La gestión la hizo un periodista llamado Édgar Espinoza, esposo de Pilar Cisneros, madrina política de Chaves y diputada oficialista después de alcanzar fama como rostro del periodismo antipolítica en una televisora que ahora es parte de las infaltables críticas de Chaves a medios de comunicación.
“Ignoramos por qué la clase política dominante antes le tenía tanto miedo al soberano. Bueno, nosotros no, no solo no le tenemos miedo, nos encanta que sean parte de esta democracia”, dijo Cisneros sabiendo que la mayoría de sus compañeros diputados ven con rechazo o escepticismo. Le atribuyen un interés populista, de eliminar controles que reducen la corrupción o de alimentar el clima de polarización que han señalado numerosos analistas.
El ambiente de polarización parece superar lo que vivió Costa Rica en 2007, cuando el presidente Óscar Arias junto a una alianza legislativa decidió convocar un referendo para aprobar Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés), la única consulta nacional vinculante que ha celebrado el país en su historia.
Los movimientos del “sí” y el “no” se enfrascaron en una dura discusión con tintes ideológicos y verdades a medias, aunque sin la viralidad que ahora otorgan las redes sociales a las que el propio Chaves señala como un factor para “el despertar” de la población en favor del gobierno.