La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo culminó su proceso totalitario de convertir a Nicaragua en un Estado policial. Esta vez no solo en la práctica, sino también en materia legal. Así lo advierte el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) en su más reciente análisis, que desnuda la magnitud de la nueva Constitución OrMu, aprobada en enero de 2025.
En su informe titulado Tiranía y legalidad, CETCAM detalla que las enmiendas alteraron más de 100 artículos de la Constitución Política de Nicaragua. Aunque fueron presentadas como una “reforma parcial”, su profundidad equivale a una refundación del sistema político del país.
La democracia representativa desaparece, los poderes del Estado dejan de ser independientes y la presidencia absorbe todas las funciones de coordinación institucional. “El régimen de los Ortega-Murillo, incapaz de aplastar las protestas y acciones de resistencia ciudadana iniciadas en abril de 2018, optó por la radicalización autoritaria y por imponer un estado policial sobre la población”, sostiene el informe.
También añade que institucionalizar este control total se convirtió en la prioridad del régimen, que “modificó el marco jurídico de Nicaragua para legalizar su proyecto político autoritario y dinástico”.
Del Estado democrático al “revolucionario”
La transformación es radical. Nicaragua dejó de definirse como un Estado democrático para convertirse en un “Estado revolucionario” con un modelo de “democracia directa” administrado verticalmente por el Ejecutivo. La separación de poderes, principio básico de toda República, fue eliminada.
“Las reformas eliminan la separación de poderes, consolidando un modelo centralizado donde el Ejecutivo tiene control sobre los órganos Legislativo, Judicial y Electoral. Esto compromete gravemente los principios democráticos y los mecanismos de control y equilibrio que garantizaban la independencia institucional”, indica Eliseo Nuñez, investigador asociado de CETCAM y autor del estudio.
La mutilación institucional alcanza también al sistema de justicia, que deja de ser una expresión del pueblo para convertirse en un simple mecanismo burocrático controlado desde el Ejecutivo. La drástica reducción de magistrados en la Corte Suprema de Justicia —de 16 a 10— y en el Consejo Supremo Electoral —de 10 a 6— no solo achica los espacios de deliberación, sino que concentra aún más el poder en manos del oficialismo, blindando las decisiones fundamentales del país bajo el dominio partidario.
“El modelo de alternancia democrática ha sido prácticamente eliminado con la reforma”, explica Núñez. El nuevo esquema institucional, que incluye la figura de la copresidencia, busca perpetuar el poder del clan Ortega-Murillo y hacer inviable cualquier cambio por vías legales o electorales.
Deterioro progresivo de la gobernabilidad en Nicaragua
En paralelo, la estructura represiva se profundiza. El informe alerta sobre la creación constitucional de cuerpos armados como la Policía Voluntaria y la Reserva Patriótica, integrados por paramilitares que actúan bajo el amparo del Estado. Esto consolida la naturaleza policial del régimen, donde el control social y la represión sustituyen a los mecanismos de participación política.
De acuerdo con el análisis, Nicaragua enfrenta un deterioro progresivo de su tejido democrático. La fragmentación política, la parálisis económica y los conflictos sociales son las consecuencias lógicas de un país que ha cerrado todas las vías legales de cambio.
Para revertir esta deriva autoritaria, CETCAM propone una hoja de ruta que incluye reformas urgentes al marco constitucional, la desmilitarización del aparato estatal y el fortalecimiento de la sociedad civil como contrapeso real al poder.
“El colofón de este proceso ha sido la inscripción de la dictadura en la Constitución”, concluye el informe. Devolver a Nicaragua a un cauce democrático requerirá no solo deshacer la nueva Constitución OrMu, sino reconstruir desde las ruinas un Estado de derecho auténtico.