El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó en agosto de 2020 un préstamo al régimen de Nicaragua por un monto de 171.6 millones de dólares destinado al financiamiento de viviendas para familias en extrema pobreza. A pesar que este proyecto contaba con la “supervisión” de la institución financiera, su ejecución ha estado manchada por la corrupción y favoritismo político. 55 alcaldías sandinistas fueron encargadas de ejecutar los fondos utilizando de forma irregular la modalidad de contrataciones simplificadas, un proceso contemplado únicamente para situaciones de emergencias, pero que dentro del Gobierno sandinista es empleado para favorecer al dedazo a empresarios allegados al círculo de la dictadura Ortega-Murillo. La entrega de las casas, según testimonios recopilados por DIVERGENTES, está condicionada a ciudadanos que se identifican como sandinistas. “Es una obra arruinada por la misma descomposición del régimen”, explicó una fuente vinculada al orteguismo
Por Néstor Arce
Lunes, 24 de junio de 2024
La casa de Ramiro se cae a pedazos. Los últimos cinco años, la lluvia y el sol han podrido las tablas y agujereado el techo. Por esos huecos entra el agua, el polvo y la basura. “Lo voy a componer en unos meses, antes de que entre el invierno”, dice vía telefónica este hombre de 55 años de edad, quien habita en esta “vivienda” junto a sus dos hijos y esposa.
Del otro lado del teléfono Ramiro habla con un contagiante tono de tristeza. Con lo poco que gana ha intentado mejorar su casa, sin embargo, solo ha logrado tapar los parches, que a la larga se abren y se hacen más grandes.
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“Hubo una vez que creí que todo iba a cambiar. Allá en el 2021 me dijeron que venía un proyecto de casas y que metiera cartas. Yo lo hice. No escribí una, escribí varias cartas. Supuestamente estaba en la lista. Pero qué va, aquí sigo esperando”, afirma Ramiro, quien vive junto a su familia en una zona rural de Muy Muy, un municipio ubicado en el departamento de Matagalpa, en la zona central de Nicaragua.
El proyecto al que se refiere Ramiro se empezó a ejecutar a inicios de 2022, pero fue aprobado desde agosto de 2020. En esta fecha, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un préstamo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por un monto de 171.6 millones de dólares.
Este dinero se destinaría a la construcción de viviendas para familias en extrema pobreza en 55 municipios de los departamentos de Boaco, Chontales, Jinotega, Madriz, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).
La información oficial del BCIE detalla que el programa facilitará el acceso a viviendas a 18 660 familias, “mediante la construcción de 7000 viviendas para familias en extrema pobreza a través de un esquema de subsidios, y el acceso a financiamiento para la compra de vivienda a través de un esquema de crédito y subsidios complementarios para apoyar a 11 660 familias adicionales, administrados a través de uno o varios fideicomisos bancarios”.
De acuerdo a la multilateral financiera, a febrero de 2024, se aprobó la construcción de 9122 viviendas, de las cuales, se han finalizado 5863, que corresponden un 64.29% del programa.
La idea del proyecto, según una fuente vinculada al BCIE que habló con DIVERGENTES bajo condición de anonimato, era realizar el estudio y planificación en el 2021, para luego ejecutarlo en 2022.
Los beneficiados iban a ser familias como las de Ramiro, que no cuentan con la capacidad económica para mejorar su vivienda. Sin embargo, en la práctica, todo ha ocurrido de otra forma.
En teoría las alcaldías debían identificar a las familias más vulnerables para luego incluirlas en el proyecto y construir, de ser posible, en los terrenos donde antes estaba su humilde “vivienda”. En otros casos podrían ser reubicados en terrenos que la municipalidad estimara fuese seguro.
Las autoridades municipales sandinistas de Muy Muy nunca llegaron a la casa de Ramiro, a pesar que su vivienda estaba en lo alto de una colina, con riesgo de venirse abajo ante cualquier movimiento de tierra provocado por las lluvias. “Yo pensé que era mentira lo del proyecto. Luego, vi que le construyeron a dos familias de aquí abajo y me alegré. Sus casas no estaban tan malas como la mía, pero cuando se trata de ayuda, eso no es importante”, afirmó.
Pero transcurrieron días, semanas y meses, y no hubo visita oficial. Solo un concejal del Frente Sandinista llegó para alentarlo a tener paciencia y esperar por su “casita”.
“Yo no soy envidioso. Todos los que somos pobres necesitamos una casa. Pero con el tiempo entendí por qué no me dieron nada. Es que yo no soy sandinista como los otros”, dijo resignado Ramiro.
DIVERGENTES entrevistó vía telefónica a tres jefes de familias originarias de Comalapa, en Chontales; Teustepe, en Boaco; y Telpaneca, en Madriz, con historias similares a las de Ramiro. A todos los incluyeron en listas, pero no los beneficiaron a pesar de vivir en extrema pobreza y estar ubicados en sitios expuestos a ser afectados por desastres naturales. La justificación, según lo que pudieron averiguar, es que como no eran “fieles” al Frente Sandinista, no eran prioridad.
Sara, originaria de Comalapa, no tiene un pasado sandinista. Toda su vida ha estado alejada de la política y durante 2018, cuando Nicaragua se levantó en contra del régimen sandinista; ella, su esposo y su hija, se quedaron en su casa para no verse “afectados”.
“Tampoco fui a votar en las elecciones y nunca he ido a marchas. Es que yo me gano el real diario y no tengo tiempo de nada. Se supone que es un Gobierno que apoya al pobre, pero siempre pone condiciones”, afirmó esta mujer de 35 años.
Marcos, habitante de Teustepe, también escribió cartas dirigidas a Daniel Ortega y Rosario Murillo, como parte de los requisitos de clientelismo político exigidos por el sandinismo para ser beneficiado por el programa. Fue muchas veces a la alcaldía a preguntar si iban a incluirlo en los proyectos de mejoras de viviendas. No obstante, un año después, no ha recibido respuesta.
“Supe que en Somoto pasó lo mismo. Uno no se mete en nada aquí y lo que quiere es progresar. Pero no nos ayudan, no nos echan la mano, y solo vemos que los que son cepillos reciben esos beneficios”, relató el hombre de 42 años, cuya familia está compuesta por su esposa y dos hijas menores de diez años.
Los testimonios de estos pobladores, según la fuente vinculada al BCIE, son una muestra de que aunque esta multilateral financiera tenga una “supervisión” en los proyectos que aprueban para Nicaragua, realmente no se inmiscuyen en la correcta ejecución de estas obras, y lo único que les interesa es cumplir con una meta de ejecución.
“Entonces la ejecución del proyecto ha estado manchada, primero por el favoritismo político, y también por la corrupción”, aseguró la fuente, quien agregó que las alcaldías sandinistas encargadas de ejecutar los fondos han manipulado la modalidad de contrataciones simplificadas, un proceso contemplado únicamente para situaciones de emergencias, pero que dentro del Gobierno sandinista, ha sido empleado para favorecer al “dedazo” a empresarios allegados al círculo de la dictadura Ortega-Murillo.
La premisa del BCIE con la aprobación de este préstamo para la construcción de viviendas es aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las familias del sector informal que no pueden tener una casa digna, de acuerdo a sus reportes oficiales.
La información oficial del banco detalla que los desembolsos iniciaron en un plazo de hasta doce meses contados a partir de la fecha de aprobación del préstamo por el Poder Legislativo de Nicaragua. El país tiene hasta 60 meses para retirar la totalidad de los recursos, contando a partir del primer desembolso, hecho el 18 de julio de 2022.
El plazo de pago del total del préstamo es de 25 años, incluyendo cinco años de gracia, a partir de la fecha del primer desembolso.
En una nota de prensa publicada en el sitio web del BCIE en 2020, Dante Mossi, entonces presidente de la multilateral, señaló que en la implementación del proyecto también se incluiría a empresas desarrolladoras y constructoras de viviendas del sector privado, así como a instituciones bancarias.
Sin embargo, según una revisión de contratos realizada por DIVERGENTES, apenas siete adjudicaciones, de 289, se hicieron a empresas constructoras formalmente establecidas.
El resto fue otorgado a ciudadanos que ofertaron a título personal y no como una compañía formal, y que además, no cuentan con experiencia en este tipo de edificaciones. En Nicaragua popularmente se les conoce a este tipo de personajes como “maestro de obras”
DIVERGENTES envió una solicitud de información al BCIE para conocer detalles del proyecto y obtener una respuesta sobre el abuso de la Contratación Simplificada al momento de otorgar las obras y de la contratación de personas naturales y funcionarios públicos para la edificación de las casas. Algo prohibido según la Ley 801, Ley de Contrataciones Municipales.
La institución financiera respondió una semana después de enviada la solicitud detallando información general sobre el proyecto. Sin embargo, ante los cuestionamientos de corrupción cometidos por las municipalidades, la multilateral no respondió de forma clara.
“El contrato de préstamo entre el BCIE y la República de Nicaragua contempla que se debe cumplir con todas las normas y procedimientos establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica y sus normas de aplicación”, dice parte del correo enviado a DIVERGENTES.
“La respuesta del BCIE deja en evidencia que han sido negligentes con la supervisión de este proyecto. Las pruebas del dedazo y de la corrupción son palpables. El hecho de que digan que se rigen por las normas del país, básicamente, define su política de silencio frente a las irregularidades. No es cierto que hagan algo para frenar la corrupción en proyectos que ellos supervisan y financian”, explicó una fuente experta en presupuestos y gestión municipal entrevistada vía telefónica para este reportaje.
“El préstamo se aprobó en 2020. A las alcaldías se les orientó que planificaran todo en el 2021 y así ejecutaran en total orden en el 2022 y en los siguientes años. Pero, nada de esto ocurrió. Los supervisores de proyectos del BCIE informaron que hubo mucha improvisación y dedazos de por medio”, explicó la fuente vinculada a la multilateral entrevistada para este reportaje.
La principal irregularidad en la ejecución de este proyecto de casas, fue el abuso total de las 55 alcaldías de la contratación simplificada, una figura contractual admitida en la Ley 801, Ley de Contrataciones Administrativas Municipales, pero únicamente para situaciones de emergencia o calamidad.
En los 289 contratos que se ejecutaron entre 2022 y 2023, las alcaldías usaron la contratación simplificada a pesar de que este proyecto no estaba vinculado a ninguna urgencia nacional y se pudo planificar un año antes en todas las municipalidades involucradas.
“A todas luces es un jineteo de plata o una incapacidad de poder desembolsar los recursos de manera adecuada. Sin embargo, el que no planifiqués debidamente no es argumento para violar la ley. En todo caso, cuando se acude a una fuente (de financiamiento), el uso del dinero está definido con antelación. Es lo común. No hay forma de justificar el uso de la contratación simplificada”, explicó una fuente experta en gestión municipal que solicitó el anonimato por seguridad.
La normativa justifica realizar únicamente contrataciones simplificadas “siempre y cuando exista una emergencia o calamidad”, pero también permite invocar el mecanismo cuando existan “urgencias no derivadas de desastres o calamidad pública”.
Es decir, queda a libre decisión de las alcaldías catalogar como “urgente” alguna obra o proyecto. Este subterfugio legal ha sido aprovechado al máximo por figuras del régimen sandinista como Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, para beneficiar a un cartel de empresarios en la capital con millones de dólares, como han revelado investigaciones de DIVERGENTES.
“Es una violación a las normas el hecho de recurrir a la contratación simplificada no estando ante una situación de emergencia. Esta medida la han adoptado los funcionarios públicos para no cumplir la ley. Este proceso es a todas luces corrupción y carece de transparencia”, explicó la experta.
Utilizando esta figura contractual, según una base de datos elaborada por DIVERGENTES, las 55 alcaldías sandinistas entregaron irregularmente al menos 43.6 millones de dólares, entre 2022 y 2023, a contratistas que cuentan seleccionados al “dedazo” por las autoridades edilicias.
“Todas estas irregularidades fueron trasladadas a la oficina central del BCIE. Por eso se contratan a supervisores, para que estén encima de las instituciones de Gobierno y visualicen si se está ejecutando bien o no el dinero. Pero esta información, aunque es valiosa, no es tomada en cuenta en las altas esferas. Al BCIE únicamente lo que le interesa es cumplir la meta y recaudar el dinero”, afirmó la fuente vinculada a esta multilateral.
En una entrevista para Redacción Regional, un consorcio de medios centroamericanos del que forma parte DIVERGENTES, Gisela Sánchez, la nueva presidenta del BCIE, resaltó que habría frenos para los fondos hacia Nicaragua para “dar más balance a la cartera” y corregir los tropiezos de la administración anterior, en referencia al período de Dante Mossi.
Esta gestión acabó seriamente cuestionada, debido al apoyo monetario otorgado a regímenes autoritarios como el de Nicaragua y El Salvador, sin importarle la destrucción de la institucionalidad, la opacidad en el manejo de los recursos y las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas en esos países.
Sánchez afirmó que, a pesar del anuncio del “frenazo” a los préstamos a Nicaragua, ha encontrado receptividad de parte de las autoridades orteguistas. “En el caso de Nicaragua, hay muchísima apertura para que podamos blindar y asegurarnos del mejor uso de los recursos. Ellos también entienden cuáles son sus límites”, afirmó la funcionaria.
Según la experta en temas presupuestarios, el régimen sandinista utiliza la figura de contratación simplificada, porque el vacío legal que existe detrás de la Ley 801 es tan amplio, que no concibe castigos o penas para quienes incumplan o abusen del mecanismo de contratación.
Lo único que la normativa expone es que “cuando la situación que se pretenda invocar por esta modalidad sea el resultado de la falta de planeación de la alcaldía o sector municipal, los funcionarios que cometieron dicha omisión, serán personalmente responsables”. Una declaración bastante abstracta y ambigua para la experta en gestión municipal.
El alcance del proyecto financiado por el préstamo del BCIE es un estimado de 18 660 personas entre extrema pobreza e ingresos bajos o moderados. Entre 2022 y 2023, según la base de datos elaborada con información de contratos y contratistas, se construyeron 5071 viviendas en 55 municipios de Nicaragua. El total de personas beneficiadas no ha sido reportado oficialmente por las municipalidades.
La base de datos construida por DIVERGENTES también reveló que las municipalidades entregaron los proyectos de construcción de viviendas en su mayoría a personas naturales que ofertaron, según los contratos en nuestro poder, sin el respaldo de una compañía experta en este tipo de edificaciones.
“Esa es otra irregularidad que fue informada al BCIE por los supervisores. Hay contratistas que ejecutaron proyectos en varios municipios y por ende obtuvieron más ganancias. Esto deja entrever que sí hubo planificación, pero sólo en el beneficio de los contratistas”, explicó la fuente vinculada a la multilateral.
Un cruce de información de la base de datos sobre los contratos ejecutados para el proyecto de viviendas con información del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), reveló que las alcaldías entregaron hasta más de dos adjudicaciones a funcionarios públicos que trabajan en otras municipalidades o instituciones del Estado, lo cual está prohibido según el artículo 75 de la Ley 801 de Contrataciones Administrativas Municipales.
“No pueden ser oferentes, ni suscribir contratos de cualquier naturaleza con las alcaldías, los funcionarios públicos de cualquier poder del Estado o de los municipios, elegidos directa o indirectamente… así como empleados públicos que tengan participación en cualquier etapa del proceso de contratación, o en su caso poder de decisión o injerencia en el proceso”, detalla la ley.
Entre los casos que DIVERGENTES pudo constatar se encuentra el de Adner Danilo Ramírez Moreno, un ingeniero civil originario del municipio de San Lucas, en Madriz, quien trabaja en la municipalidad devengando un salario mensual de 15 993 córdobas. Las alcaldías de Matagalpa y Muy Muy decidieron adjudicarle dos proyectos de construcción de viviendas en 2023, valorados en 253 000 dólares.
Otro caso documentado es el del “arquitecto ingeniero” Larry Janock Velásquez González, originario del municipio de San José de Cusmapa y trabajador de la misma municipalidad. Este ciudadano percibe un salario mensual de 21 336.38 córdobas y fue beneficiado con cuatro proyectos de construcción de viviendas en San Ramón y Matagalpa, en el departamento de Matagalpa; y El Jícaro y Wiwilí, en Nueva Segovia. Los contratos suman un total de 738 700 dólares.
Trabajadores de la estatal Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) también han sido “beneficiados” con proyectos de construcción de viviendas. Este es el caso de Oswald Esteban Díaz Ugarte, originario de San Miguelito, en Río San Juan.
En su caso, la municipalidad de San Miguelito le otorgó dos contratos para la construcción de 33 viviendas, valorados en 311 535 dólares. Díaz Ugarte trabaja en la oficina central en Managua y devenga un salario mensual de 12 116.25 córdobas.
“Lo que se percibe es que las autoridades municipales no solo entregaron los proyectos al dedazo, sino que ‘baipasearon’ la Ley 801 entregando los contratos a empleados de las alcaldías o de otras instituciones. Esto cualquier organismo financiero lo puede castigar, pero es complejo saber qué ocurrió con el BCIE al momento de la ejecución de las obras frente a estas irregularidades”, afirmó la experta en municipalismo.
DIVERGENTES también identificó el caso de Elmer Octavio Andino Centeno, originario del municipio de Somoto, en Madriz y funcionario de Correos de Nicaragua. Según la documentación en nuestro poder, las alcaldías de Las Sabanas y San Lucas, en Madriz; y El Jícaro en Nueva Segovia, lo beneficiaron con tres proyectos de construcción de vivienda, valorados en 393 209 dólares. Lo interesante en este caso es que a pesar de ser ingeniero civil, su salario en esta institución apenas alcanza los 4 997.08 córdobas.
“No podemos descartar que estos nombres que aparecen como contratistas desconozcan que fueron incluidos en estos proyectos como una especie de mampara. Recordemos que el régimen sandinista en otras ocasiones ha usado a ciudadanos que no tienen información sobre estos negocios para beneficiar sus bolsillos”, explicó bajo anonimato una fuente vinculada a la Alcaldía de Managua, con amplio conocimiento en el tema de contrataciones municipales.
DIVERGENTES identificó al menos tres casos más de empleados públicos contratados en el Instituto Tecnológico Nacional y el Ministerio de Educación de Matagalpa, que al igual que los demás casos de contratistas citados en este reportaje, han sido “beneficiados” con proyectos de construcción de casas, violando el reglamento de la Ley 801.
Según la experta en municipalismo, las autoridades edilicias no pueden justificar la falta de planificación y tampoco el “dedazo”, porque tomaron la decisión de beneficiarlos con proyectos en municipios de dos departamentos en dos años continuos, 2022 y 2023.
“En vista que las autoridades municipales siempre callan frente a sus actos de corrupción. Considero que el BCIE debería responder por estas irregularidades y explicar por qué no se tomó en cuenta a los supervisores de este proyecto y por qué permitió que se irrespetaran las leyes que sirven como un candado para evitar actos de corrupción”, manifestó la fuente vinculada al BCIE.
Las viviendas construidas por los contratistas elegidos al dedazo por las alcaldías de Nicaragua son casas dignas tomando en cuenta su valor. Un experto en desarrollo urbanístico entrevistado para este reportaje explicó que si bien las edificaciones no son como las que usualmente vemos en los grandes residenciales de las ciudades, el hecho de que cumplan con ciertos parámetros, las convierten en sitios seguros y estables para las familias beneficiadas.
“Antes de ser beneficiadas con estos proyectos, generalmente las familias han vivido en espacios pequeños, en hacinamiento y sin privacidad. Es decir, la cocina, las camas y hasta el baño están en un mismo cuadrado. No hay posibilidad siquiera de moverse con libertad”, explicó el experto.
Las casas construidas con el préstamo del BCIE incluyen la nivelación de su terreno, excavaciones estructurales, paredes de losetas, concreto reforzado, techos con cubierta de zinc y gypsum. Tienen acabados, piso, ventanas con persianas y sobre todo un espacio bien dividido, para evitar el hacinamiento.
“Un sistema eléctrico, sistema hidrosanitario óptimo y ecofogón. El cuadrado está dividido en una sala, la cocina y dos cuartos. Es una vivienda digna porque cumple esos parámetros. ¿Es lo que merece cada familia? Eso es debatible, porque el sueño es tener una casa de dos pisos con muchos lujos. Lo que se les entrega a estas personas es vital para mejorar su vida”, afirmó el experto.
En los vecindarios entregados por las municipalidades se puede notar que las viviendas cumplían con lo descrito en el contrato del proyecto y con los parámetros detallados uno a uno por el experto. Sin embargo, también se observa que algunas casas estaban en sitios expuestos a deslaves o acantilados.
“La empresa o el contratista encargado del proyecto, con ayuda de la alcaldía, debería analizar este tipo de situaciones. Muchas veces se reubica a la familia para evitar exponerlos. De nada sirve una vivienda digna, si con las primeras lluvias del invierno estás en riesgo de un deslave, por ejemplo. Esto es criticable porque en la planificación debe incluirse estos detalles”, continuó el experto.
Ramiro, el jefe de familia que entrevistamos vía telefónica al inicio de este reportaje, expresó que a él le gustaría, primero ser beneficiado, y después reubicado, porque sabe el peligro que representa vivir en una colina que, tarde o temprano, puede ser arrasada por las corrientes de zonas más altas.
“A mí me gusta la casita que construyen. Es mucho más de lo que tengo, tiene esas divisiones. Todo es mejor que esta choza que cada día se me cae a pedazos. Dicen que la esperanza es lo último que uno puede perder. Yo espero que me cumplan y me beneficien, aunque sea de los últimos”, afirmó Ramiro.
En el vecindario de Ramiro, los vecinos beneficiados con la construcción de viviendas viven bien. Este hombre afirmó que el ambiente es distinto al suyo.
“Cualquiera con ese techo, los cuartos, el baño y la cocina, vive mejor que yo”, dice con tono de resignación.
