En Nicaragua no hay nada que celebrar el próximo 28 de junio, Día del Orgullo LGBTIQ+. El país afronta una crisis sociopolítica tan profunda que ni siquiera podemos exigir a la sociedad que respete la dignidad de quienes formamos parte del colectivo. Y al Estado mucho menos.

En algunos países occidentales, la conmemoración del 28J desemboca en la reivindicación de derechos LGBTIQ+, como el matrimonio igualitario, mientras que en otros en la amenaza de una involución por el avance de grupos de extrema derecha. Por ello, es común que los ciudadanos salgan a las calles para exigir a los políticos y a la sociedad políticas públicas que les reconozca como sujetos de derecho. 

Pero en el caso de Nicaragua, la aspiración misma de ondear una bandera LGBTIQ+ en las calles de Managua, la capital, como muestra de visibilización de que existimos y de queremos igualdad ante la ley, es aniquilada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja de dictadores que han hecho del país una gran cárcel. La última vez que salimos a las calles fue en 2018 y para entonces dejamos a un lado nuestras demandas para plegarnos al clamor popular de libertad, justicia y democracia.

Desde entonces, no existe en Nicaragua ninguna expresión reivindicativa en el contexto del Mes del Orgullo. Las personas trans, por ejemplo, siguen siendo violadas, marginadas y explotadas sin que existan oenegés o defensores que las acompañen en su denuncia porque Ortega decidió cancelarlas o mandarlos al exilio. Y la institución policial, que debería ser el primer peldaño para acceder a la justicia, las ridiculiza y minimiza como si fuesen ciudadanas de segunda o tercera categoría. 

Y qué decir de la Procuraduría de la Diversidad Sexual, al mando de Samira Montiel, cuyo papel está reducido a promover actividades que denigran al colectivo, olvidándose de que debe garantizar el cumplimiento de la ley cuando se violentan nuestros derechos e impulsar leyes orientadas a la no discriminación y a la identidad de género. Es decir, se necesita de una Procuraduría con un rol más activo en el diseño de iniciativas transversales que atiendan los problemas que enfrentamos a diario las personas LGBTIQ+. 

En los últimos dos años, el régimen ha impulsado un par de programas para “promover el conocimiento de la diversidad sexual”. Primero fue una cartilla de la diversidad sexual que hablaba de “amor, respeto y valores”, algo contradictorio con el discurso de odio y estigma que emana desde los funcionarios e instituciones del Estado. 

La segunda fue una conferencia en la Universidad Casimiro Sotelo, cuya sede está en la confiscada Universidad Centroamericana (UCA), titulada “Reconociendo nuestra diversidad humana” y organizada con el objetivo de crear conciencia sobre la inclusión y la diversidad. ¿Pero de qué sirven estas acciones cuando desde el propio régimen y su aparato de propaganda se da licencia para que se irrespete a las personas LGBTIQ+? 

En las últimas semanas, por ejemplo, la oficialista Radio Ya ha promocionado con pompa, y sorna, una pelea boxística entre dos hombres gais que, aparentemente, mantienen una rivalidad. Los organizadores de la velada los exhibieron para ridiculizarlos y los locutores de la emisora se burlaron por el simple hecho de ser gais. El joven  y tiktoker conocido como “Joel” recibió varias bromas homofóbicas, en plena transmisión radial, que llegó a normalizar, claro, porque en Nicaragua estamos acostumbrados a pasar por alto los abucheos y los silbidos, sinónimos de irrespeto. Incluso, los presentadores homosexuales de varios canales de televisión del régimen legitiman los comentarios despectivos y estigmatizantes hacia el colectivo. 

Romper con esas dinámicas de intolerancia sería unos de los temas que como colectivo debemos plantear, aunque en este momento no haya forma de hacerlo. Lo ideal, si estuviéramos en una democracia, es que impulsemos una agenda para reformar el Código de la Familia y se cambie el concepto arcaico de que la familia está compuesta por un hombre y una mujer, pero más urgente es que se abra una discusión para dar paso a una ley que castigue los delitos de odio contra las personas LGBTIQ+ y los actos discriminatorios. Debemos hacer cumplir el artículo 27 de nuestra Constitución en el que se consigna que “todas las personas son iguales ante la ley”. 

Y sé que no hay condiciones para alzar la voz por estas reivindicaciones en un contexto de dictadura, pero desde los medios de comunicación y los organismos de derechos humanos en el exilio, también desde la individualidad como ciudadanos, se puede crear conciencia a través de campañas de educación para combatir la homofobia, la transfobia e impulsar que la sociedad también reconozca la igualdad y la libertad de personas LGBTIQ+… Al final, es una cuestión de respeto y dignidad.