Los presupuestos asignados a los ministerios señalados de una funcionalidad cuestionable y la nula utilidad de sus programas para población, han tenido un notable aumento en los últimos seis años, debido a que su rol real es servir como vehículos de propaganda de la dictadura.
Estas instituciones, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), han sido denunciadas por no cumplir deliberadamente con las funciones para las que fueron diseñadas y por violentar a la población que acude en busca de apoyo.
Esto no ha impedido que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo siga financiando a estas entidades, incluso aumentando los montos año tras año, con el dinero recaudado de los impuestos de la ciudadanía nicaragüense.
“En Nicaragua no se puede hablar de un ministerio que fortalezca los derechos de nadie porque básicamente todos los derechos humanos están supeditados a la pareja presidencial”, señala Salvador Marenco, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
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Ministerio de la Juventud, el de mayor presupuesto
De las tres instituciones analizadas por DIVERGENTES en un reporte anterior, el Ministerio de la Juventud (Minjuve) es el que tiene un mayor presupuesto y el que ha tenido los aumentos más considerables en los últimos seis años.
En 2018, el Minjuve recibió 108 592 960 córdobas, monto que fue aumentando progresivamente con los años hasta los 145 378 000 córdobas recibidos este 2024, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Es decir, tuvo un incremento de 36 785 040 córdobas en los últimos seis años.
Según el Minjuve, más de 55 millones de estos fondos son para financiar programas para el “fomento de la participación juvenil”, y otros 53 millones en la “formación y capacitación a jóvenes”.
Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo nunca ha tenido como objetivo promover la participación de la juventud nicaragüense, señala la activista estudiantil, Samantha Jirón, quien también fue desterrada y desnacionalizada el año pasado.
“Nunca ha habido una verdadera participación juvenil en Nicaragua. El Minjuve nunca ha fomentado el involucramiento de la juventud en temas políticos o sociales y ha excluido a cualquier persona joven que se oponga a su narrativa dictatorial”, expresa.
De acuerdo con la institución, el programa de fomento de la participación juvenil se trata de la realización de “acciones solidarias”, las cuales no son especificadas. Sin embargo, la agenda del Minjuve siempre está enfocada en actividades políticas del Frente Sandinista o la Juventud Sandinista. El viceministro del Minjuve, Óscar Pérez, también es miembro del Consejo Nacional de la Juventud Sandinista.
“La Juventud Sandinista tiene un pasado y presente oscuro. Han violentado a personas opositoras al Gobierno y a cualquier grupo juvenil que quisiera organizarse políticamente. Nunca ha permitido la organización juvenil y ha servido como instrumento de vigilancia del régimen”, señala Jirón.
Programas excluyen a jóvenes disidentes políticos
El otorgamiento de becas es una de las actividades que el Minjuve realiza anualmente. Sin embargo, estas no son otorgadas a jóvenes que expresan opiniones contrarias al régimen. Esta es una situación que ocurría incluso mucho antes de 2018, señala Jirón.
“En 2016, yo tenía una beca en el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) de Masaya, de donde yo soy, y recibía viáticos de transporte cada tres meses. En mi Facebook publiqué una crítica a la Juventud Sandinista y el director del Inatec de Masaya lo miró. Me mandaron a llamar y me expulsaron”, relata la joven.
“Me dijeron que por qué yo estaba criticando a la Juventud Sandinista después de todo lo que hacía. Pusieron mi expediente académico sobre la mesa y me corrieron. Desde ese día supe que no existía la libertad de expresión en el país”, continúa.
Los programas del Minjuve también incluyen la participación de jóvenes en actividades recreativas, deportivas y culturales; y la ejecución de estudios e investigaciones realizadas sobre las percepciones e intereses de la juventud. Estos programas han sido los mismos desde 2017.
“Actualmente los jóvenes hemos perdido absolutamente todo en temas de educación y en temas de nuestros derechos desde 2018. No solo fuimos el blanco de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, sino que también pagamos las consecuencias de una venganza que tiene la dictadura, con el cierre de las universidades, con el cierre de las ONG y con la expulsión de cientos de jóvenes de las universidades públicas”, expone Jirón.
Una procuraduría que avala las confiscaciones
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es una de las instituciones que menos funcionalidad tiene en el Estado, denuncia el defensor de derechos humanos, Salvador Marenco. Sin embargo, también ha sido una de las instituciones beneficiadas con aumentos en su presupuesto en los últimos tres años.
En 2018, la PDDH contaba con un presupuesto de 59 412 466, que fue disminuido durante tres años. En 2022, el monto aumentó considerablemente hasta que en 2024 recibió la mayor suma hasta ahora, 70 530 000 córdobas.
Pese a la adición de su presupuesto, la PDDH no cumple deliberadamente con su función de atención a la ciudadanía. Esto quedó claro con la negación rotunda a recibir denuncias de personas que sufrieron violaciones desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018.
“Desde 2014, la PDDH no emite un solo informe de violaciones a derechos humanos ocurridas en el país. Es decir que desde hace años esta procuraduría era obsoleta y era una procuraduría de papel”, señala Marenco.
“La PDDH ha realizado una obstrucción a la justicia y a las investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, por lo que también ha realizado una práctica de ocultamiento. En la actualidad, la PDDH no tiene ninguna funcionalidad real”, continúa.
La complicidad que tiene la PDDH con las arbitrariedades de la dictadura se reflejó recientemente con la confiscación de la propiedad de la exguerrillera Mónica Baltodano y el politólogo Julio López.
En una denuncia pública, la pareja expuso que el pasado 21 de mayo, su casa ubicada en la laguna de Apoyo fue tomada por “agentes de seguridad vestidos de civil”, en donde “tuvieron el descaro de ubicar la oficina de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”.
“La Procuraduría avala la confiscación yéndose a propiedades que fueron ilegalmente confiscadas. Hemos visto cómo se ha ido desvirtuando la naturaleza de la procuraduría para la que fue creada”, indica Marenco.
Régimen continúa concentrando el poder
El considerable incremento en el presupuesto ocurrió luego que la Asamblea Nacional ordenó la adscripción de la PDDH a la Procuraduría General de la República (PGR), en noviembre de 2023. De esta manera, la PDDH dejó de ser un ente autónomo que respondía ante el Poder Legislativo, y ahora responde ante la PGR, un órgano señalado de estar bajo el mando de la Presidencia.
De acuerdo con Marenco, esto se trató de una estrategia del régimen para continuar concentrando el poder y debilitar a otras instituciones que tradicionalmente han sido serviles con la dictadura, como el Poder Judicial, cuyos funcionarios sufren persecución desde el año pasado. “Aquí hay toda una reestructuración del Estado para garantizar el control sobre la represión y la agilidad para responder ante las órdenes de la dictadura”, señala.
En la actualidad, existen cinco procuradores especiales en el país: procuradora especial de la mujer, procuradora especial de la diversidad sexual, procurador especial de participación ciudadana, procuradora especial de las personas con discapacidad, procurador especial de cárceles; sin embargo ninguno trabaja por la defensa y garantía de los derechos constitucionales de estas poblaciones.
Un ejemplo de esto es el silencio absoluto sobre las 138 personas privadas de libertad por motivos políticos que mantiene actualmente el régimen, y las condiciones de aislamiento e incomunicación en las que se encuentran algunas, según el último conteo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
No obstante, las violaciones a derechos que viven las personas privadas de libertad, no solo incluyen a las personas presas políticas, aclara Marenco.
“En Nicaragua hay graves casos de torturas en las cárceles. Más allá del caso de las personas presas políticas, hay graves casos de hacinamiento, aislamiento e insalubridad. También hay un maltrato generalizado hacia las y los presos que es ejecutado por la Policía Nacional y tiene una impunidad garantizada”, explica.
“En Nicaragua sigue habiendo discriminación contra la mujer, la población LGBTIQ+, las personas con discapacidad y la niñez. Lo que vemos en su página web es que solamente realizan algunos cursos para concientizar a la población sobre sus derechos, pero de nada sirve esto porque la población no tiene mecanismos para exigir el cumplimiento de esos derechos”, añade.
Un Ministerio de la Mujer que no empodera a las mujeres
El Ministerio de la Mujer (Minim) es una de las instituciones con menor presupuesto en el país. En 2018, su partida fue de 29 832 000 córdobas y esta fue aumentando lentamente hasta llegar a los 41 037 946 córdobas en 2024. Esto significa un incremento de 11 205 946 córdobas en los últimos seis años.
La mitad de este presupuesto se ocupa en actividades centrales, es decir, en los gastos financieros en la gestión institucional. El resto del dinero es utilizado en los programas de formación para la equidad de género, institucionalización de las prácticas de género, y promoción de derechos y protagonismo de la mujer.
El problema con el Minim, es que no atiende ninguna necesidad o demanda de las mujeres, explica la socióloga feminista María Teresa Blandón.
Por ejemplo, la atención en situaciones de violencia, la cual es una de las mayores necesidades de las mujeres nicaragüenses, está a cargo de las Comisarías de la Mujer y la Niñez; la atención sobre temas de pensión de alimentos está a cargo del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez o los Juzgados; la incorporación a programas económicos dirigidos a mujeres, como el programa Usura Cero, está en coordinación con el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
El Minim no tiene ninguna coordinación interinstitucional con estas instituciones, en cualquier caso, únicamente brindan información a las mujeres para referirlas a estos ministerios si buscan atención para atender cualquier de las necesidades mencionadas. Los programas a su cargo se limitan únicamente a los talleres, charlas y visita casa a casa sobre temas relacionados a sus derechos “para su empoderamiento”, pregona el Minim.
“El empoderamiento como lo han planteado las feministas del norte y del sur no son individuales. No son acciones puntuales de corto plazo. No son transferencias de conocimiento. El empoderamiento es el producto de procesos de largo alcance, donde se combinan la autonomía personal, la aplicación de oportunidades para las mujeres, en especial de las más discriminadas, y donde se combinan la participación ciudadana de forma autónoma”, explica Blandón.
“El empoderamiento y la toma de conciencia de derechos se da cuando se recupera la voz de las mujeres para poder definir sus demandas”, indica Blandón quien añade que actualmente, en una dictadura que violenta a las mujeres, eso no es posible.