En los últimos años hemos sido testigos de cómo las dictaduras han perfeccionado sus métodos de represión, adoptando estrategias similares para silenciar a sus opositores. El régimen cubano, con su reciente proyecto de ley de ciudadanía, demuestra una vez más su capacidad para restringir los derechos fundamentales de sus ciudadanos de manera arbitraria, emulando las tácticas de la dictadura sandinista en Nicaragua. La semejanza en los métodos de represión entre estos dos regímenes es alarmante y merece una reflexión crítica.

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba ha presentado un proyecto de ley de ciudadanía con el objetivo aparente de modernizar la legislación en materia de ciudadanía. Sin embargo, el artículo 55 de este proyecto revela las verdaderas intenciones del régimen: “realizar desde el extranjero actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la república de Cuba” será motivo suficiente para perder la ciudadanía cubana. Esta disposición, vaga y sujeta a la interpretación arbitraria del Estado, es un claro mecanismo de represión contra los disidentes.

Esta táctica no es nueva. La agencia de noticias TASS de Rusia citó a funcionarios del Ministerio del Interior el 30 de abril de este año, informando que 398 ciudadanos naturalizados rusos habían perdido sus pasaportes tras la adopción de una ley en octubre de 2023 que permite despojar de su ciudadanía a los rusos naturalizados si son condenados por un delito. Entre estos delitos se incluyen, entre otros, desacreditar a las fuerzas armadas de Rusia, distribuir “información falsa” sobre las fuerzas armadas rusas, pedir sanciones contra Rusia, espionaje, alta traición, violar la ley sobre “agentes extranjeros” y participar en actividades de “organizaciones indeseables”. En otras palabras, organizaciones de oposición. 

De manera similar, la Asamblea Nacional de Bielorrusia aprobó el 14 de diciembre de 2022 un proyecto de ley que permite a las autoridades despojar de la ciudadanía a cualquier persona, incluyendo a los bielorrusos nativos, por extremismo. La ley vigente permite solo despojar de la ciudadanía a los ciudadanos naturalizados si son condenados por actividades denominadas “extremistas”. Las autoridades han etiquetado a numerosos medios de comunicación independientes, ONG, periodistas y blogueros como extremistas tras las protestas masivas que sacudieron al país después de las elecciones presidenciales de agosto de 2020, que otorgaron un sexto mandato al dictador Alyaksandr Lukashenka, a pesar de las afirmaciones de la oposición de que la elección fue fraudulenta.

En Nicaragua, la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, aprobó una reforma a la Constitución que permite despojar de la nacionalidad a aquellos condenados por “traición a la patria”. En un acto que carece de toda vergüenza, Gustavo Porras, presidente del poder legislativo, justificó esta reforma en nombre del poeta Rubén Darío, quien irónicamente vivió gran parte de su vida en el extranjero debido a la falta de reconocimiento en su país natal.

El destierro y la privación de la nacionalidad no solo son prácticas inhumanas sino también ilegales bajo el derecho internacional. La Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia, a la cual Nicaragua es parte, establece normas claras para prevenir la pérdida arbitraria de la nacionalidad. La reforma constitucional nicaragüense viola el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la nacionalidad. De manera similar, la propuesta cubana contradice los principios fundamentales de los derechos humanos, subrayando la necesidad urgente de intervención y condena internacional.

La historia de represión en ambos países es paralela en muchos aspectos. Desde las reformas migratorias cubanas de 1972 y 1978 hasta las actualizaciones en 2012 y los cambios constitucionales de 2019, el régimen cubano ha manipulado constantemente la legislación para restringir la libertad de sus ciudadanos. En Nicaragua, el destierro masivo de 222 presos políticos en 2023, seguido de la declaración de apatridia a otros 95 opositores, ilustra la brutalidad y la impunidad con la que actúan los regímenes totalitarios.

El exilio forzado es una práctica antigua que tiene sus raíces en la Roma clásica, donde el destierro era una condena solo superada por la pena de muerte. En la actualidad, esta práctica ha sido revivida por dictaduras que buscan deshacerse de opositores sin recurrir a la desaparición física. La privación de la nacionalidad, rara vez codificada explícitamente en la ley, se ha convertido en una herramienta moderna de represión.

La comunidad internacional debe condenar la apatridia impuesta por la dictadura sandinista en Nicaragua, así como las intenciones del régimen dictatorial cubano. El arrebato de la nacionalidad como forma de represión política, busca destruir la identidad y la dignidad de las personas, separándolas de sus raíces y de su patria.

La apatridia no solo limita el acceso a derechos básicos como el trabajo y la educación, sino que también impone una carga psicológica y emocional inmensa. Los lazos familiares y comunitarios se rompen, y la identidad cultural se ve amenazada. La respuesta internacional debe ser contundente, reafirmando que la nacionalidad es un derecho irrevocable y que las leyes injustas de los regímenes autoritarios serán derrocadas con el retorno de la democracia.

El ejemplo de José Martí, quien proclamó que los cubanos no se resignan a vivir sin patria, resuena hoy más fuerte que nunca. Los ciudadanos de Cuba y Nicaragua continúan luchando por su derecho a la libertad y a una vida digna en su tierra natal. Es nuestra responsabilidad, como comunidad internacional, apoyar esta lucha y asegurar que los regímenes represivos no prevalezcan en su intento de silenciar las voces de la justicia y la libertad.