Este 24 de abril de 2024 fuimos testigos de la comparecencia de Ortega en la XXIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos en Venezuela, en la que una vez más expresó su misma narrativa, en un tono siempre agotador, diluido entre papeles, y lo más preocupante es que no hizo alusión ni propuestas a la grave problemática que atraviesan los pueblos que integran el ALBA y mucho menos a la que vive Nicaragua. Pero además esta vez no lució al lado de su esposa como acostumbra, sino que lo hizo junto a dos de sus hijos. 

Normalizar las violaciones a los derechos humanos y constitucionales es sumamente grave ya que puede conducir a estados peores de violaciones que atentan contra la humanidad. De manera que los nicaragüenses no deberíamos aceptar bajo ningún punto que los hijos e hijas de la pareja de Daniel Ortega y Rosario Murillo ostenten cargos públicos ni acostumbrarnos a sus continuas comparecencias en actos con implicaciones de Estado. Máxime en un país con antecedentes dinásticos. 

La Constitución de la República en su artículo 147 expresa que: “En todas las funciones del Poder Soberano establecidas en esta Constitución, no se podrán hacer recaer nombramientos en personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que hace el nombramiento y, en su caso, con la persona de donde hubiere emanado esta autoridad”. 

Esta referencia constitucional debería ser suficiente para poner fin a esta violación del marco institucional en un país normal donde no se ha roto el marco constitucional, pero no es el caso de Nicaragua, donde ni la Contraloría ni los poderes del Estado son independientes.  Ya que además tratamos con un poder totalmente ilegítimo si tenemos en cuenta que en la resolución titulada “La situación en Nicaragua”, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su quincuagésimo primer período ordinario de sesiones, declaró que las elecciones del 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua no tenían “legitimidad democrática”. Lo que indica que ni la pareja dictatorial ni los actos que de ellos provienen gozan de ninguna legitimidad, dado que se han tomado de facto el poder gubernamental. 

De igual manera, en un país normal donde se respeta la Constitución y las leyes, para ejercer el cargo de presidente de la república se debe no solo gozar de legitimidad sino que es un requisito estar en todas sus capacidades y cumplir con las responsabilidades que su cargo implica. Dicha norma en el caso de Nicaragua expresa en su artículo 149 que:

 “Son faltas temporales del Presidente de la República: 1) Las ausencias temporales del territorio nacional, por más de quince días. 2) La imposibilidad o incapacidad temporal manifiesta para ejercer el cargo, declarada por la Asamblea Nacional y aprobada por los dos tercios de los Diputados.

El país entero y la comunidad internacional observa en cada comparecencia la incoherencia e incapacidad manifiesta de Daniel Ortega en la búsqueda de soluciones a semejante crisis política y de derechos humanos y ya no digamos a la crisis económica del pueblo de Nicaragua que día a día se sume en la sobrevivencia, mientras la macroeconomía tiene las mejores calificaciones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) . Sumado a que Daniel Ortega sigue violentando la Carta Magna ya que al llegar a Venezuela tenía ya 57 días sin comparecer públicamente y mucho menos tener algún vínculo con el pueblo que desgobierna y a quien mantiene en país por cárcel. Pareciera que la capacidad de hacer daño si la tiene intacta y por ello no está exento de responsabilidad ante el caos en el que tiene sometido al país desde su retorno al poder. 

Los actores sociales, políticos y económicos, nos asomamos a un séptimo año después de la valiente rebelión ciudadana de abril de 2018 con uno de los mayores retos: presentar al pueblo de Nicaragua una propuesta política que responda a las urgentes necesidades de la ciudadanía dentro del país y con base a ella mostrar un sujeto político colectivo alternativo al poder de Ortega. Quizá la unidad no será total por la diversidad de intereses y desconfianzas, pero hay que avanzar con quienes estén en capacidad de concertar ahora en función del interés nacional, la crisis es de tal magnitud que no espera. 

Urgimos un proyecto y un liderazgo con voluntad política clara y capaz de poner las bases firmes para que nunca más se repita la historia de pactos y de resignación, basado en justicia y en inclusividad. Avanzar a una cultura en donde sea suficiente ser ciudadano, ciudadana, ser persona humana y no requerir saber a qué partido perteneces, para gozar plenamente de todos tus derechos humanos.