El retroceso de la democracia en Centroamérica es evidente. Para buena parte de la población, la democracia no ha rendido los frutos esperados y como resultado los votantes se terminan decantando por opciones populistas o autoritarias que ofrecen soluciones inmediatas a los graves problemas sociales y edifican enemigos que, a la vez de ocuparlos como impulso a sus ideas, también los usan para justificar cualquier falencia o falla en sus gestiones de gobierno.

Hagamos un brevísimo recorrido por cada país de la región e intentemos encontrar los hilos comunes entre cada uno de ellos.

Comencemos por Guatemala: aquí no hay una opción populista en el poder, pero el problema proviene de los poderes fácticos que, reflejados en el ejército y la empresa privada, han logrado que Guatemala sea el país de la región con más años de gobiernos autoritarios desde su independencia.

Cuando se abrió el actual periodo democrático en Guatemala, sólo han tenido democracias de baja intensidad, donde se ha cedido la parte formal del poder político, pero su ejercicio ha quedado en manos de quienes durante años lo han ostentado: el denominado “pacto de corruptos” que pujó, a través de la fiscal Consuelo Porras, para que Bernardo Arévalo no tomara posesión. 

El actual gobierno de Semilla tiene el reto de no convertirse en uno más de los gobiernos intrascendentes que ha tenido Guatemala. El reto de integrar a la sociedad guatemalteca que está dividida económica y racialmente.

En El Salvador, lo que parecía una transición exitosa del conflicto a la paz —donde la guerrilla del Frente Farabundo Martí (FMLN) no sólo se convirtió en un partido, si no en uno de las dos principales fuerzas políticas— no lo fue. Parecía que podíamos ver una democracia funcional en ciernes, pero la desigualdad económica, la corrupción y un inmenso problema de seguridad reflejado en una de las tasas de homicidios más altas del planeta dio lugar a que las pandillas se convirtieran en ese enemigo que convoca. 

Esto fue aprovechado por un carismático y populista Nayib Bukele. El mandatario, que se reeligió violando la Constitución política, rompió con las reglas de separación de poderes. Gobernó bajo estado de excepción y estableció a los pandilleros como una subespecie humana, despojados de todos sus derechos humanos. El régimen de excepción es una medida aparentemente eficaz para corregir los síntomas de una sociedad desigual y empobrecida, pero no ataca la raíz del problema: la falta de prosperidad económica de muchos sectores de El Salvador. 

Más allá de la popularidad de Bukele, debemos interrogarnos sobre si es una democracia en todo el sentido de la palabra o es un autoritarismo justificado por la crisis de seguridad que mutará a un simple autoritarismo.

En Honduras, desde el golpe de Estado a Mel Zelaya, hasta la sentencia por narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández, se refleja un profundo problema institucional. La pobreza, la falta de presencia estatal, los problemas de propiedad, los desplazamientos de campesinos, los asesinatos y asedios de activistas medioambientales fueron el caldo de cultivo ideal para que hoy el país tenga un Estado asediado por el narcotráfico y la violencia. 

El actual gobierno de Xiomara Castro tiene claros trazos de autoritarismo y avanza en el camino de colapsar el sistema de separación de poderes y, con eso, tomar control para el actual grupo de gobierno, el partido Libre. Honduras hoy pareciera estar siguiendo los pasos de su vecino del sur,  Nicaragua, pero con ajustes que le permitirán instalar el autoritarismo más rápidamente.

Ahora miremos a Nicaragua: la victoria de Violeta Barrios de Chamorro en 1990 significaba el fin de la guerra y el inicio de la construcción de la democracia en un país superado sólo por Guatemala en años de gobiernos autoritarios. 

Al gobierno de Barrios de Chamorro le siguieron dos gobiernos de corte liberal y, finalmente Daniel Ortega, quien retornó al poder en el 2006 mediante elecciones libres. De aquí en adelante Ortega se dedicó a destruir pieza a pieza la institucionalidad democrática, cometió sucesivos fraudes electorales, y creó un gobierno corporativista que sustituyó a la democracia representativa. Todo esto aupado por la ayuda venezolana, además de lograr mantener los mismos niveles de expansión económica que había empezado en los diez años anteriores a su llegada al poder. 

Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar la crisis del 2018, que fue detonada por la reforma a la seguridad social, pero que creció  exponencialmente gracias a la frustración acumulada de años de autoritarismo. Ortega respondió con más de 355 protestantes asesinados, más de 2 000 prisioneros políticos y más de 400 000 exiliados. La transición colapsó, la democracia pasó de débil a inexistente, y la dictadura se instaló nuevamente en Nicaragua.

Ahora miremos Costa Rica: debo decir que hoy la democracia no está en riesgo. La institucionalidad tica luce sólida, pero desde la llegada al poder de Rodrigo Chaves —quién tiene un claro discurso populista y ha decidido tomar como enemigos a la clase política, a los medios tradicionales y a la Sala Constitucional—, pareciera que si sigue insistiendo en esa línea podría terminar logrando deteriorarla. 

No obstante, Chaves no es una anomalía. Costa Rica cada vez más se parece a su vecinos en inequidad, la inseguridad sube a diario, la calidad de la educación pública se nota estancada según informes del Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta mezcla de factores justifican el discurso rupturista de Chaves y la institucionalidad democrática seguirá siendo golpeada, ya sea por él o por cualquier otro líder que surja con el mismo discurso.

Concluyendo, la democracia en la región no ha respondido a las aspiraciones de prosperidad de la mayoría de los centroamericanos. Con la democracia no llegaron cambios a la matriz económica que permitiera el aumento de la inequidad. La pobreza siguió casi en su mismo estado con pequeños avances marginales y esto ha empujado el retorno de los autoritarismos. Esta vez autoritarismos electorales y no militares. El caso de Costa Rica sigue siendo la excepción en cuanto a los autoritarismos, pero no lo es ya en cuanto a la sensación que buena parte de sus ciudadanos tienen de que la democracia no les está siendo rentable.

Es imperante reanudar el camino a la democracia y estar claros de que no es una forma de vida, es un sistema político que requiere de acuerdos, de instituciones sanas y de que los ciudadanos que viven bajo este sistema sientan que es eficaz para la búsqueda de su felicidad, si no muchos centroamericanos seguirán preguntándose: ¿Democracia? ¿Para qué?