El pasado 16 de abril fue aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua (Ley 1881) y ahora se encuentra en proceso de aprobación en la Cámara Alta y también en la Cámara Baja del Congreso norteamericano.
El pasado 8 de junio de 2023 ambos senadores propusieron extender hasta 2028 los efectos de la ley de sanciones a Nicaragua, conocida como “Ley Nica Act”, que venció el plazo de su aplicación este 31 de diciembre de 2023.
A finales de 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Nica Act” para ordenar a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación de Nicaragua por la represión de protestas antigubernamentales.
Con la nueva ley, los senadores pretenden ampliar las sanciones para “incluir a los funcionarios nicaragüenses responsables de violaciones a los derechos humanos de los creyentes religiosos”.
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La ley recuerda que “es política de Estados Unidos buscar una solución a la crisis política en Nicaragua (mediante) un compromiso por parte del Gobierno de Nicaragua de celebrar elecciones libres y justas que cumplan las normas democráticas y permitan una creíble observación electoral creíble para sustituir al Gobierno de Ortega; el cese de la violencia perpetrada contra civiles por la Policía Nacional de Nicaragua y por grupos armados apoyados por el Gobierno de Nicaragua; y realizar investigaciones independientes sobre los asesinatos de manifestantes en Nicaragua”.
El golpe económico: el BCIE y el CAFTA
El texto insta además al Departamento de Estado a que promueva el fin de las inversiones en Nicaragua por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los senadores consideran que Estados Unidos “debe desarrollar un plan común para abordar la naturaleza criminal del régimen” del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ante la “ola de violencia y represión” en Nicaragua.
“La decisión tomada por el régimen criminal de Ortega-Murillo de socavar por completo el proceso de elección presidencial en el 2022, así como su decisión de forzar al exilio a casi toda la oposición de Nicaragua y reprimir activamente a miembros de la Iglesia católica, indica que la naturaleza vil de este régimen sigue creciendo”, afirmó Rubio en junio de 2023.
Aunque Estados Unidos no es miembro del BCIE, mandata a las autoridades norteamericanas coordinar esfuerzos diplomáticos con países socios de y que sí son miembros del banco regional, como Taiwán, Argentina, España, Corea del Sur y México, para que no extienda créditos hacia Nicaragua.
La reforma también establecería que en caso de darse nuevos préstamos, se ejecuten de manera externa e independiente, para que la dictadura no pueda hacer uso de estos fondos a su antojo.
Entre las medidas económicas adicionales que la iniciativa contempla están: la revisión anual, al menos hasta 2028, de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio (CAFTA, por sus siglas en inglés).
La revisión deberá determinar si el Cafta beneficia al régimen y si la dictadura ha violentado sus preceptos. La nueva ley no establece que Nicaragua será expulsada del Cafta, sin embargo, se refiere a un antiguo tratado comercial de 1974, que establece que un país puede perder el estatus de país más favorecido para el comercio, según el artículo 402. “Los productos de (un país en esa categoría) no tendrán derecho a recibir un trato no discriminatorio (relaciones comerciales normales), dicho país no participará en ningún programa del Gobierno de Estados Unidos que conceda créditos o garantías de crédito o garantías de inversión, directa o indirectamente, y el presidente de Estados Unidos no celebrará ningún acuerdo comercial con dicho país,” reza el artículo.
Además, el nuevo marco legal dejaría abierta la posibilidad de sancionar otros sectores de la economía nicaragüense, como el café y la ganadería, además de la industria del oro en Nicaragua que ya fue sancionada en 2022.
No más inversiones estadounidenses al país
La ley prohibiría nuevas inversiones en Nicaragua. “Después de la fecha de promulgación de esta Ley, una persona estadounidense (léase ciudadana o residente permanente), dondequiera que se encuentre, no podrá realizar ninguna inversión en ningún sector de la economía de Nicaragua”.
Sin embargo, esta prohibición no se aplicaría en dos casos:
- La excepción humanitaria: “A cualquier persona por realizar o facilitar una transacción para la venta de productos agrícolas, alimentos, medicinas o dispositivos médicos a Nicaragua, o para la provisión de asistencia humanitaria al pueblo de Nicaragua”.
- La excepción de actividades de inteligencia: “Esta sección no se aplicará con respecto a actividades sujetas a los requisitos de presentación de informes según el título V de la Ley de Seguridad Nacional de 1947 (50 U.S.C. 3091 et seq.) o cualquier actividad de inteligencia autorizada de los Estados Unidos”.
Lo relacionado con Rusia
También se establece como causal de sanción a las organizaciones o individuos que de alguna manera apoyan materialmente a través de bienes, servicios o tecnología la invasión Rusia contra Ucrania.
Algunos analistas señalan que esta es una manera de llamar la atención al Ejército de Nicaragua. Otro elemento en la ley que afecta a las fuerzas castrenses de Nicaragua es la enmienda que se hace a la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a Condiciones para la Reforma Electoral de 2021, mejor conocida como Renacer Act, donde se adiciona al Instituto de Previsión Militar del Ejército como objeto de sanción.