El pasado cinco de mayo la ciudadanía panameña votó en una de las elecciones más inéditas de su historia democrática post invasión de los Estados Unidos. Cada cinco años las y los electores de este país de América Central celebran elecciones generales para elegir la fórmula presidencial (presidencia y vicepresidencia), las 71 diputaciones de la Asamblea Nacional, las 81 alcaldías de distrito, 701 representantes de corregimiento, 11 concejales y los 20 diputados al Parlamento Centroamericano. 

El reciente proceso electoral en Panamá adquiere una relevancia significativa, marcando el séptimo ciclo electoral desde el inicio del proceso de democratización en la década de los años 90 del siglo pasado y las primeras realizadas después de la pandemia de COVID-19. Estos comicios estuvieron caracterizados por una jornada electoral relativamente tranquila en el día de las elecciones, en contraste con un ambiente preelectoral tenso y marcado por incertidumbres; asunto que detallaré más adelante.

En este proceso se reafirmó la estabilidad electoral de Panamá, evidenciando la continuidad de elecciones libres, competitivas y limpias, donde la ciudadanía tiene el poder de elegir a sus representantes. Panamá es un país con una alta participación electoral y estas elecciones no fueron la excepción, al registrarse una concurrencia del 77.6% del electorado. Es notable resaltar la aceptación de los resultados por parte de las candidaturas perdedoras; situación de importancia en el contexto regional.

El mismo día de las elecciones la ciudadanía panameña se fue a dormir conociendo que José Raúl Mulino, del partido Realizando Metas (RM) y en coalición con el partido Alianza, se convirtió en el séptimo presidente en ocupar el Palacio de las Garzas desde 1994, al obtener el 34% de los votos, conforme al escrutinio de votos del Tribunal Electoral (TE). 

La alternancia política es la norma en los procesos electorales en Panamá. Sin embargo, el voto castigo hacia el oficialismo, tendencia en gran parte de los últimos procesos electorales en la región, se puede ver reflejado en el bajo porcentaje obtenido por la candidatura oficialista de José Gabriel “Gaby” Carrizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien obtuvo un 5.84% de votos y se posicionó en el sexto lugar entre ocho candidaturas presidenciales. Este resultado se ve acentuado por la participación de figuras destacadas como el expresidente Martín Torrijos, hijo del fundador del PRD y presidente de facto, el general Omar Torrijos, bajo otra agrupación política. 

 La candidatura del recién elegido presidente forma parte de una serie de eventos que han dado un carácter único a estas elecciones. Mulino, exministro de Seguridad Pública y de Gobierno y Justicia durante la presidencia de Ricardo Martinelli, fue inicialmente designado como candidato a la vicepresidencia, justamente junto al expresidente. Sin embargo, Martinelli fue inhabilitado por el organismo electoral en marzo de este año, debido a una condena judicial por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business. Antes de esto, el expresidente lideraba las encuestas y actualmente se encuentra recluido en la embajada de Nicaragua, desde donde continuó realizando campaña a favor de su delfín político. Lo que genera dudas de su futuro político ante el actual gane de Mulino.

En línea con lo anterior, hasta dos días antes de las elecciones la candidatura de Mulino se confirmó, debido a una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el Acuerdo del Pleno 11-1 del Tribunal Electoral (TE) del 4 de marzo de 2024, que establecía a Mulino como candidato presidencial en lugar del expresidente Martinelli. Este acontecimiento judicial dotó de protagonismo a la CSJ como un actor político relevante en el proceso electoral y puso en tensión la confianza y legitimidad del Tribunal Electoral, así como en la propia CSJ, debido a la tardanza en la respuesta y al clima de incertidumbre generado por la posibilidad de inhabilitar a la candidatura que también lideraba en las encuestas de intención de voto.

Los resultados electorales dieron como claro ganador a Mulino, con una diferencia de 10 puntos sobre la candidatura de Ricardo Lombana del partido político Movimiento Otro Camino (Moca), quien obtuvo el 24,6% de los votos obtenidos. Lombana, una figura conocida en la política panameña, sorprendió en el 2019 al ser el tercer candidato más votado y compitiendo bajo la figura conocida como la libre postulación. En esta ocasión decidió competir con un partido político recién fundado en el 2022. 

Las candidaturas independientes destacaron como uno de los resultados sorprendentes en las elecciones. En la Asamblea Nacional pasaron de obtener 5 a ganar 21 curules, convirtiéndose en la bancada más grande. Otro resultado destacado en esta línea es la elección de Irma Hernández, candidata independiente de la Coalición Vamos, como alcaldesa de San Miguelito, uno de los distritos más poblados.

Es de importancia destacar que, a pesar de no pertenecer a una agrupación política, muchas candidaturas por la libre postulación compitieron de manera organizada bajo la coalición Vamos, liderada por los ex diputados independientes Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, con el respaldo de Rubén Blades. Esta figura interesante en el sistema político panameño de las candidaturas por la libre postulación desafía la relevancia de los partidos políticos, ya que personaliza el voto y demuestra que esto no es imprescindible para acceder a cargos de representación (distinto es la gobernabilidad). Además, constituyen una vía para abrir el sistema especialmente a jóvenes -el promedio de edad es de 37 años– a los que los partidos políticos tradicionales no les han brindado oportunidades, como bien lo señala el analista y politólogo Harry Brown.

La configuración política en la Asamblea Nacional, que asumirá el 1 de julio, será una de las más fragmentadas de hace décadas, ya que ninguna fuerza política obtiene mayoría. Los partidos políticos de la coalición de Mulino, RM y Alianza obtienen solo 15 de 71 diputaciones. Esta situación refleja una tendencia en muchas de las elecciones recientes de la región, donde los gobiernos llegan con minorías a los Congresos. A su vez, esto constituye uno de los principales retos del recién electo gobierno.

Además, los partidos tradicionales como el PRD, Partido Panameñista e incluso Cambio Democrático han descendido a los últimos puestos, mientras que otras fuerzas políticas, como MOCA y RM, están tomando protagonismo y de consolidarse para el 2029 podría significar el colapso del sistema de partidos. Lamentablemente las mujeres continúan subrepresentadas en la política panameña, ya que solo ocupan el 21% de las curules en la nueva conformación, lejos de la paridad deseada.

La fragmentación política y la presencia de 21 candidaturas por libre postulación son resultado tanto de las reglas electorales como de los cambios sociales y políticos que experimenta la sociedad panameña en la actualidad. En el año 2022 y 2023 acaecieron dos de las mayores movilizaciones de la historia panameña, la primera provocada por el aumento de los precios de los alimentos y la energía y la segunda contra la minería. Lo que finalmente constituye otro reto para el nuevo gobierno: la posibilidad de articular estas demandas ciudadanas.

Panamá entra en un nuevo ciclo político, con retos y desafíos para el nuevo gobierno en términos de gobernabilidad y la capacidad de sostener su proyecto político, al mismo tiempo que implementa políticas públicas que aborden las diversas demandas ciudadanas.