Nayib Bukele informó de la remoción del personal del Ministerio de Cultura a través de su cuenta de X (antes Twitter) el pasado 27 de junio. “En estos momentos, el nuevo ministro de Cultura Raúl Castillo procederá a la destitución de más de 300 empleados del Ministerio, quienes promueven agendas que no son compatibles con la visión de este Gobierno”, afirmó Bukele.
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado miércoles, con dispensa de trámite, una ley especial transitoria de compensación económica para empleados de Cultura cuyas plazas podrán ser suprimidas por una “reestructuración” dentro de dicha cartera de Estado.
Brenda Oriana Rosales Navarro, quien hasta el pasado miércoles era la encargada de la Subdirección de Inclusión Social Ambiental y Cultural del Instituto Nacional de Juventud, Injuve, cuestionó a través de su cuenta de X las acciones tomadas por el Gobierno de El Salvador al despedir a 300 empleados del Ministerio de Cultura.
Rosales, quien fue la primera funcionaria transgénero del gobierno de Bukele, se preguntó en su publicación la razón de su destitución, ¿qué hizo mal ella en el cargo que ocupaba y para el cual fue contratada?
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En el post, la exfuncionaria compartió una foto del pasado en la que se le ve posando junto a Nayib Bukele. Asimismo, adjuntó una hoja del Plan Cuscatlán que en 2019 presentó el ahora mandatario en su campaña rumbo a la presidencia y en la que se definen algunas acciones “incluyentes” dentro de la cartera de cultura.
Dicho documento hace referencia al artículo 7 de la Ley de Cultura, el cual, entre otros puntos, establece “la participación de habitantes en la cultura como un principio rector que debe incluir estímulos y facilidades de la misma”.
El artículo también hace mención del “compromiso de garantizar el acceso a la cultura de forma igualitaria y equitativa, priorizando a aquellas personas históricamente excluidas, como la población LGBTIQ+, juventud, niñez, población con discapacidades, pueblos originarios, entre otras”.
Bukele y su rechazo a la Agenda 2030
En enero de 2024, a pocos días de las elecciones presidenciales en El Salvador, el presidente de la República, Nayib Bukele, se mostró desconfiado de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, durante el space que realizó al iniciar su campaña electoral para su reelección en periodo inmediato.
“En el tema de la Agenda 2030 yo soy muy sospechoso de este tipo de agendas internacionales, de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), del Foro Económico Mundial, o de cualquier lugar que provengan y sus intenciones”, dijo, aunque agregó que ha visto “mucha gente buena” en la ONU y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Bukele detalló que sospecha de “dónde se formulan estas agendas” y se respondió: “Dirán que la formulan los técnicos pero la realidad es que todo está influenciado por los lobbys y luego vamos a quiénes pagan los lobbistas”.
Añadió que hay “muchos” como el empresario George Soros “que tienen mucho dinero para pagar influencia y meter sus propias agendas”.
Bukele mostró su acuerdo con los objetivos 2030 sobre la erradicación del hambre y el acceso a la educación, pero dijo que cuando ve “a detalle algunas políticas” ve que “no son lo mejor para la humanidad”. En esa ocasión, no detalló a qué objetivo de la Agenda 2030 se refería. “Este tipo de agendas están contaminadas con lobbys perversos e internacionales que no buscan el bienestar de nuestra gente, son nocivas para nuestros países”, afirmó. Instó a ver “una por una las políticas”.
Bukele insistió en ese momento que deben tener “cuidado” para identificar “manzanas envenenadas” que “quieren influenciar con intereses perversos y corromper nuestras sociedades”. “Debemos ser cuidadosos de estas políticas importadas que vienen en paquete”, finalizó.
Recientemente, en la quincuagésima cuarta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Argentina, Paraguay y El Salvador se unieron para oponerse a los lineamientos, objetivos y metas de la Agenda 2030.
La tríada latinoamericana optó por asumir una posición firme en defensa de la ortodoxia y cuestionando el perfil “woke” al que pretende ajustarse el documento. El embate contra la agenda fue liderado por la canciller argentina, doctora Diana Mondino, secundada por Santiago Peña, primer mandatario de Paraguay, y Alexandra Hill, canciller salvadoreña, quienes enfatizaron la importancia de proteger la vida y la familia, y cuyas delegaciones revieron al detalle, el lenguaje de toda la documentación.
En su disertación, Mondino exigió el jueves pasado a la OEA que no promocione “iniciativas ideológicas” que atenten contra “la defensa de la vida, los derechos individuales y la libertad”. Advirtió sobre el riesgo de que la organización se convierta en un ámbito donde convergen ideas que, bajo el pretexto de construir sociedades más inclusivas, “promuevan la adopción de modelos que arrasen ideales tales como defender la vida, los derechos individuales y la libertad”.
¿Qué es la Agenda 2030?
La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015, que es un plan de acción para que los países logren 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas.
Estos objetivos son: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y el bienestar para todos en todas las edades; garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad; lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas; garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible; garantizar energía asequible, segura y no contaminante; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; construir infraestructuras resilientes; promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación; promover la paz, el acceso a la justicia y las instituciones sólidas; reducir las desigualdades; vida de ecosistemas terrestres; vida submarina; y alianzas para lograr dichos objetivos.
La Agenda 2030 de El Salvador
En 2015, El Salvador dividió la Agenda 2030 en dos etapas. La primera, definida como Agenda Nacional de Largo Plazo, que abarcaría hasta 2030 y una segunda, definida como Agenda Nacional de Mediano Plazo, que finalizó en 2019. Así pues, el Gobierno de El Salvador y el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) establecieron alianzas para trabajar a largo plazo y de forma coordinada.
Adicionalmente, y según lo reportado por el SNU en 2017, El Salvador es uno de cinco países que forman parte de la iniciativa piloto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que buscaba apoyar a traducir los indicadores globales del ODS 16 a un sistema de monitoreo de país.
Dicho sistema serviría como una herramienta en el seguimiento y análisis de los avances alcanzados en gobernanza, paz y seguridad. Todo esto de cara al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2019, mismo año en el que finalizó la Agenda Nacional de Mediano Plazo de El Salvador.
Además, El Salvador forma parte de un grupo de 15 países que priorizaron los ODS con base a las necesidades y alcances de la intervención del país, la capacidad de recursos y la institucionalidad con la que cuenta para poder avanzar en su cumplimiento.
En el quinquenio anterior, El Salvador priorizó inicialmente 10 ODS, y algunas metas específicas del resto de los no contemplados, con lo que totalizaron 135 metas. Según el gubernamental Informe de la II Revisión Nacional Voluntaria del Proceso de Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 2022, presentado por la Vicepresidencia de El Salvador, se hizo el análisis de “117 metas prioritarias para El Salvador. El 75% corresponde a los 10 ODS priorizados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 16 y 17. El 25% al resto de ODS: 7, 9, 10, 11, 12, 14 y 15”.
Según un informe del Movimiento de ONG para el Desarrollo Solidario de El Salvador (MODES) publicado en el año 2022 señalan que en el caso del ODS 5: lograr la igualdad de género, las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña perciben avances insatisfactorios y retrocesos en el cumplimiento de este.
Durante ese período, la población LGBTIQ+ se vio directamente afectada en la garantía y cumplimiento de sus derechos con la disolución de la Secretaría Inclusión Social (SIS). Actualmente, la entidad se ha visto reducida a una dirección dentro del Ministerio de Cultura limitada a promover conferencias e investigaciones sobre género, pero no ha promovido políticas públicas a favor de la inclusión, ni ha continuado los proyectos que se desarrollaban por la SIS.
En esa misma línea, la falta de aprobación de una Ley de Identidad de Género se visibiliza como un obstáculo de parte de la sociedad civil al ejercicio pleno de los derechos de la población transexual. Aunque, se reconocen los avances en el acceso a la identidad jurídica de las personas LGBTIQ+ a través del cambio de su nombre para su Documento Único de Identidad (DUI).