Nicaragua ha sido un país que ha pasado por dos dictaduras en menos de 50 años. La primera encabezada por la familia Somoza desde 1937 hasta 1979, es decir 42 años de una familia dinástica que asoló el país con la instauración de la Guardia Nacional como brazo represivo de la dictadura, con leyes espuria, persecución, encarcelamiento, desaparición forzada y eventuales ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras. 

En 1995, la Asamblea Nacional estableció que para ganar las elecciones presidenciales en Nicaragua se necesitaba un 45% de los votos. No obstante, con la reforma electoral de 1999, este techo fue reducido a 40% o, en su caso, a 35% con una diferencia de 5% por encima del segundo lugar, reformando así el artículo 147 de la Constitución Política. Esto se logró con el Pacto Ortega-Alemán, por lo cual el expresidente Arnoldo Alemán Lacayo fue uno de los principales artífices para que Daniel Ortega Saavedra retomara el poder. 

El 5 de noviembre de 2006, en Nicaragua se llevaron a cabo las elecciones generales para elegir a la siguiente persona que dirigiera el país, en aquel entonces fue electo Daniel Ortega, con un 38% de los votos escrutados. Si bien es cierto, el primer periodo presidencial de Ortega hubo avances significativos en temas de educación, salud, economía y comercio, pronto  comenzaron a darse retrocesos en materia de derechos humanos, democracia, participación ciudadana, libertad de expresión, opinión y asociación.

Esto último quedó en evidencia en los primeros meses del primer mandato del otrora presidente Ortega, con la persecución a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación, como fue el caso del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), que el 10 y 11 de octubre de 2008 allanaron sus instalaciones, robaron información sensible, tanto documentación financiera contable, organizacional, privada así como también equipos informáticos. Todo esto en medio de un proceso de investigación sin garantías judiciales. Acto que fue denunciado por CINCO en su página web el 21 de octubre de 2008. 

También instauró una confrontación en contra de los medios de comunicación independientes. El 1 de septiembre de 2007, en medio de su discurso brindado en la celebración del XXVIII Aniversario del Ejército de Nicaragua, llamó a las y los periodistas “hijos de Goebbels” (en referencia al ministro nazi para la Ilustración Pública y Propaganda) y enemigos del pueblo nicaragüense. Desde entonces los ataques hacia la libertad de expresión y prensa han sido inclementes, incluyendo crímenes de lesa humanidad, como tratos crueles, inhumanos, degradante, actos de tortura y traslado forzoso de periodistas a otros países y ejecuciones extrajudiciales, como fue el caso del periodista Ángel Gahona. Actualmente más de 250 periodistas independientes y trabajadores de medios de comunicación se encuentran en el exilio debido a la persecución política, asedio, amenazas, encarcelamiento y ataques derivados del terrorismo de Estado hacia este gremio.

Desde entonces se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Fue el 21 de junio de 2013 donde se cometió uno de los más crueles actos de menosprecio a la ciudadanía nicaragüense que alzó su voz frente a las injusticias en materia de Seguridad Social. En aquel entonces fueron las protestas conocidas como #OcupaINSS que generaron un estallido social en la capital, no solo violentaron a las personas adultas mayores que se habían tomado las instalaciones de las oficinas centrales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social ubicadas en el Reparto San Pedro, de Managua, sino que aquella noche del 21 de junio —que recientemente cumple 11 años de continuar en la impunidad— integrantes de la juventud sandinista, fuerzas paraestatales y presuntos agentes policiales vestidos de civil golpearon brutalmente al menos a 20 jóvenes y 30 personas adultas mayores que se encontraban en las inmediaciones de dicho edificio protestando en contra de las políticas arbitrarias en materia de Seguridad Social. 

Recuerdo que para aquel entonces, realizaba mis prácticas preprofesionales (pasantía) en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), desde donde me encontraba documentando las graves violaciones a los derechos humanos previo a este acto. A las 05:30 de la mañana llamaron a mi casa de habitación a decirme que habían golpeado a varios jóvenes y personas adultas mayores que se encontraban protestando de forma pacífica, que incluso habían estado haciendo vigilias por las noches, a penumbra con velas solamente porque no había mucha iluminación en aquella cuadra. 

En la mañanita del 22 de junio, llegué al lugar de los hechos y me encontré con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del Cenidh, Gonzalo Carrión, Director Jurídico y otros colegas defensores quienes estaban trasladando a un adolescente que fue resguardado por dos mujeres adultas mayores que estaban acampando en la zona. Recuerdo que llegó también el cardenal Leopoldo Brenes, en compañía del obispo Silvio Báez y monseñor Miguel Mántica. Eran aproximadamente las 07:00 de la mañana mientras ayudábamos a las personas que se encontraban afectadas y golpeadas, llegaron de repente, buses repletos de integrantes de la Juventud Sandinista encabezados por Pedro Orozco, como jefe de las fuerzas de choque. 

Los obispos se acercaron al personal del Cenidh que nos encontrábamos en el lugar y el obispo Báez abordó a doña Vilma, preguntándole con asombro, “¿qué había pasado?”, a lo cual le respondió que habían golpeado a jóvenes y adultos mayores, muchos de ellos ya habían sido trasladados a diferentes hospitales de la capital para ser atendidos. Además del robo de siete vehículos particulares, cuatro motocicletas, celulares, cámaras digitales, computadoras y equipos de sonido, todo ello frente a varios agentes de la Policía Nacional, es decir con absoluta complicidad y garantías de impunidad.

Este hecho tuvo una amplia cobertura en los medios de comunicación, incluyendo el reportaje “El Asalto a #OcupaINSS” paso a paso” que relata con lujo de detalles cómo se cometieron estas flagrantes violaciones a los derechos y libertades fundamentales de la población nicaragüense. De todos estos hechos sucintamente narrados, se desprende que la dictadura ha cometido este tipo de ataques desde antes de 2018, es decir, que teníamos la crónica de una dictadura anunciada y probablemente nuestra generación no hizo lo suficiente para que se convirtiera.

Si bien, al menos 20 jóvenes agredidos aquella noche, interpusieron su denuncia ante la Fiscalía, nunca hubo ningún proceso de investigación, sanción o acusación ante el Poder Judicial. Esto se constituyó en una falta de debida diligencia en los procesos de investigación penal. Recuerdo que en varias oportunidades acompañé a algunas de las víctimas al Ministerio Público y que en una oportunidad las recibió la Fiscal Departamental Blanca Salgado, quien manifestó que se le habían entregado un documento de requerimiento fiscal a la Comisionada General Glenda Zavala, Jefa de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional sobre el caso de las agresiones perpetradas en contra de las y los jóvenes, remitiéndole incluso los exámenes forenses realizados en el Instituto de Medicina Legal, siendo esto infructuoso. 

Haciendo un análisis legal de los hechos a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Nicaragua el 25 de septiembre de 1979, el Estado nicaragüense violentó los siguientes artículos:

Art. 5.1. Derecho a la Integridad Personal: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.   

Art. 7.1. Derecho a la Libertad Personal: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

Art. 8.1. Garantías Judiciales: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

Art. 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Art. 15. Derecho de Reunión: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás.  

En tal sentido, el Estado nicaragüense eventualmente deberá realizar acciones encaminadas a la recuperación o reconstrucción de la memoria colectiva, no solo de lo acontecido a partir de abril de 2018, sino de este tipo de episodios históricos en los que se han cometido transgresiones a los derechos y libertades fundamentales de la población nicaragüense. Es crucial que una vez termine la dictadura se haga un recuento de todas aquellas violaciones cometidas desde 2007 que, lamentablemente a la fecha, continúan en la impunidad.