El llamado “Caso Beatriz” ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en San José, Costa Rica, donde se analizará si el Estado de El Salvador es responsable de presuntas violaciones a los derechos humanos de una joven a quien le negaron la interrupción de su embarazo en 2013, a pesar de que su vida corría riesgo. No se trata solamente de un caso particular, sino que lo que diga la Corte podría sentar un precedente en Centroamérica, donde en la mayoría de los países el aborto en casi todas sus formas está penado.
Según la demanda que se discutirá este 22 y 23 de marzo, Beatriz había sido diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Un informe médico de 2013 consideró de alto riesgo el embarazo. Posteriormente se diagnosticó que el feto era anencefálico, un defecto en el que el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo. El informe médico también determinó que si el embarazo avanzaba existía la probabilidad de muerte materna.
Al conocer el nulo pronóstico de sobrevida del feto y las posibles complicaciones para su salud, Beatriz solicitó la interrupción del embarazo. La Sala Constitucional dictó una medida cautelar, pero el 28 de mayo del mismo año declaró “no ha lugar” la demanda.
El tres de junio de 2013, la joven salvadoreña fue finalmente sometida al procedimiento de cesárea, que dio como resultado el nacimiento de una niña, quien murió cinco horas después. Según los reportes de organismos civiles, ni la vida ni la salud de Beatriz fueron las mismas después de estos acontecimientos. La joven falleció en octubre de 2017 a consecuencia de un accidente de tránsito.
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En enero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que, aunque la protección de la vida desde la concepción constituye un fin legítimo, “el dolor y sufrimiento que atravesó Beatriz desde que solicitó la interrupción del embarazo y aún con posterioridad al nacimiento y muerte, constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes” por parte de las autoridades salvadoreñas.
Esto llevó a que en ese mismo año el caso fuera remitido a la CorteIDH. Esta semana, el organismo atenderá los testimonios de los familiares de la joven y de organizaciones como la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Ipas Latinoamérica, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que acompañan el proceso como colitigantes.
Liliana Caballero, oficial de Incidencia CEJIL, dijo a DIVERGENTES que la sentencia de la CorteIDH puede generar un impacto positivo, no solo en El Salvador, sino en los demás países de la región que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y que comparten contextos realmente complejos, “como lo es la prohibición absoluta del aborto en los territorios”.
“Existe una especie de medidas que son las de no repetición, que están vinculadas a asegurar que no existan más mujeres que corran riesgo a su salud y a su vida; que se enfrenten a embarazos complicados y que puedan acceder a un aborto como un servicio de salud”, planteó Caballero.
La oficial de CEJIL además aseguró que con este caso se busca que el Estado salvadoreño flexibilice la legislación interna y permita que el aborto sea una realidad en ese país, cuando la vida, salud e integridad de las mujeres corren riesgo, “así como cuando se presenta inviabilidad del feto o inviabilidad de la vida extra uterina”.
“Esperamos una resolución firme que hable de que obligar a una mujer a continuar con un embarazo que pone en riesgo su vida es una violación grave y que los Estados deben modificar su legislación para garantizar el acceso a los servicios de salud”, dijo por su parte María Antonieta Alcalde, directora de la organización IPAS para Latinoamérica y el Caribe.
En paralelo a la audiencia pública en la CorteIDH, Caballero aseguró que se estarán activando algunas movilizaciones en el espacio público, particularmente afuera de la sede del organismo ubicado en San José, Costa Rica, para exigir justicia para Beatriz y todas las mujeres salvadoreñas víctimas del sistema.
Feministas acompañan proceso
Con gritos de “Justicia para Beatriz, justicia para todas” y “Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, la noche del martes decena de mujeres feministas realizaron una vigilia en las afueras del organismo interamericano para pedir una sentencia que ponga fin a las restricciones al aborto en El Salvador y demás países centroamericanos.
En la vigilia las mujeres encendieron una pequeña fogata, recordaron a Beatriz e hicieron plegarias por la salud de todas las mujeres salvadoreñas y latinoamericanas. Este miércoles, desde las 7:00 de la mañana las organizaciones feministas llegaron a la Corte y con pancartas en mano mostraron su respaldo al caso Beatriz, mientras, al otro lado de la calle un grupo “pro vida”, con banderas celestes, rosarios y crucifijos, protestó en contra del aborto.
“Esperamos que sea un día histórico y que la Corte tenga una sentencia contundente, que sea clave para la avanzada de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de personas con capacidad de gestar, a favor de El Salvador y de la región latinoamericana y el Caribe”, dijo esta mañana una de las feministas.
Angélica Rivas de la Colectiva Feminista de El Salvador, explicó que en 1998 la Asamblea Legislativa de El Salvador penalizó el aborto y desde entonces se le niega a las mujeres el acceso a servicios básicos de salud, por lo cual hay “muchas Beatrices” .
“Esta es una oportunidad para dejar sin efecto esta legislación y establecer políticas públicas de calidad. El Salvador sigue siendo el anti modelo de América Latina, le niega servicios básicos de salud sexual y reproductiva a las mujeres y las criminaliza por practicarse un aborto”, sostuvo.
“Consecuencias devastadoras”
La representante de CEJIL reflexionó que con el “caso Beatriz” también hacen un llamado general a países que tienen legislaciones “discriminatorias, restrictivas y prohibitivas respecto a los derechos reproductivos”. Instan a los gobiernos a que atiendan las recomendaciones del sistema interamericano sobre los impactos negativos y las consecuencias devastadoras que puede generar la prohibición absoluta del aborto.
“Es preocupante que haya una negativa sobre los altos índices y números de muertes por estas causas de afectaciones a la salud, de encarcelamientos por la criminalización. Que parece necesario y urgente que se atiendan medidas de no repetición, que hagan cambios estructurales que favorezcan las condiciones de las mujeres en toda la región”, exhortó Caballero.
Por su parte, un hermano de Beatriz, identificado únicamente como Humberto, dijo en una conferencia que, aunque su hermana ya no está, su lucha porque ninguna mujer vuelva a pasar lo que ella pasó sigue intacta. “Mi hermana nunca se dio por vencida y eso es lo que a nosotros como familia nos hace seguir su lucha”, dijo.
En países como Nicaragua, Honduras y El Salvador las leyes penales imponen penas de prisión a las mujeres que consientan la interrupción de un embarazo bajo cualquier circunstancia y, desde 2009, en Honduras también se prohíbe y sanciona el acceso a la anticoncepción de emergencia.
En el caso de Guatemala, Panamá y Costa Rica, su legislación permite de manera limitada el aborto cuando la continuación del embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer. Mientras que la legislación panameña permite también el aborto cuando el embarazo es producto de violación.
Sin embargo, en la práctica las mujeres enfrentan barreras institucionales para acceder a este servicio de salud socialmente estigmatizado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto inseguro es una de las primeras cinco causas de muerte materna a nivel mundial.
(Con información de EFE)