Centroamérica y México es la zona más peligrosa de las Américas para las mujeres defensoras de derechos humanos, en especial Nicaragua. Solo entre 2012 y 2023, se registró el asesinato de 200 defensoras de derechos humanos y 228 intentos de asesinato, de acuerdo con el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
Los datos recogidos en la última década exponen que las defensoras mesoamericanas han sufrido al menos 35 077 agresiones por ejercer su activismo, siendo el 45% de los ataques perpetrados por agentes de seguridad del Estado, tales como cuerpos policiales y fuerzas militares.
El número de agresiones aumentó el doble desde el año 2020 y ha continuado en aumento desde entonces. Según la organización, este incremento coincide con medidas de control que tomaron algunos gobiernos durante la emergencia sanitaria de Covid-19, y que se aunaron a la instalación y recrudecimiento de regímenes autoritarios como el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y el de Daniel Ortega en Nicaragua.
El informe da cuenta de cómo en la mayoría de estas agresiones, los Estados están actuando para proteger los intereses de poderes fácticos, como empresas extractivas, crimen organizado o grupos fundamentalistas y anti-derechos, entre otros.
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“Lejos de tratarse de Estados fallidos, los hallazgos de este informe demuestran que autoridades y poderes fácticos actúan de la mano para reprimir a quienes ponen en riesgo sus intereses y mantener un sistema de privilegios, acumulación por desposesión y depredación territorial”, expone la IM-Defensoras.
Integrantes de las Madres de Abril entre las más agredidas
La IM-Defensoras documentaron que durante la última década se registraron 6 629 agresiones a defensoras que luchaban por el derecho a la verdad, justicia y reparación, lo que representa el 23% de todas las agresiones documentadas. Al igual que con los otros casos registrados, a partir del 2020 se reportó un aumento constante y alarmante de las mismas.
Las defensoras nicaragüenses son unas de las principales víctimas de estas agresiones, especialmente, las madres y otras familiares de personas que fueron asesinadas por agentes policiales y paramilitares, durante las protestas antigubernamentales sucedidas en 2018.
“Destacan las agresiones en contra de las colectivas de ‘buscadoras’ en México, de las Madres de Abril (AMA) en Nicaragua o de familiares de las niñas asesinadas en la masacre del Hogar Virgen de la Asunción en Guatemala, todas ellas sujetas políticas que se enfrentan a poderosos actores estatales y no estatales articulados para preservar un sistema de impunidad”, expone la iniciativa.
Las defensoras nicaragüenses que luchan por el derecho a la libertad de expresión también se encuentran vulnerables a ataques y se ven obligadas a trabajar en la clandestinidad, apunta el informe.
La IM-Defensoras registró 4 062 agresiones por la defensa del derecho a la libertad de expresión, lo que representó el 14% de todas las agresiones.
Aunque Nicaragua encabeza la lista del país con menos libertad de expresión en la región, este se trata del derecho que más ha tenido retrocesos en otros países como El Salvador, Guatemala y México.
“La manipulación de los marcos legales y los sistemas de justicia para acallar voces y criminalizar a quienes defienden el derecho a informar y a expresarse libremente se ha hecho notoria y recurrente en toda la región”, denuncian.
Defensoras comunitarias bajo la mira
De las 2 614 agresiones hacia defensoras de la participación política y comunitaria de las mujeres, más de la mitad fueron contra defensoras nicaragüenses, expresa la iniciativa. Es decir, 1 475 ataques fueron documentados únicamente en Nicaragua.
“En este país, a partir de 2018 se ha dado un proceso de consolidación de un Gobierno de carácter totalitario que sanciona y persigue cualquier acto de defensa de derechos e implementa estrategias de represión en contra de las defensoras o sus familias a través de hostigamientos, destierro o despojo de ciudadanía, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas y criminalización bajo los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas”, señala.
Las defensoras del derecho a la tierra, el territorio y bienes comunes de la naturaleza son otro de los grupos expuestos a agresiones en Centroamérica y México. Hasta ahora, se contabilizan 4 504 agresiones hacia defensoras y organizaciones que luchan por este derecho.
“Del total de las registradas, se dirigen principalmente hacia mujeres y comunidades indígenas y afrodescendientes que luchan contra el extractivismo y la explotación capitalista”, expone la IM-Defensoras.
La iniciativa expone que los ataques con las defensoras del derecho a la tierra se incrementaron desde el asesinato de la defensora hondureña, Berta Cáceres, en 2016. Las comunidades garífunas, lencas y campesinas son unas de las principales víctimas.
La IM-Defensoras también registró 3 000 agresiones contra mujeres que defienden el derecho a una vida libre de violencia; y 540 agresiones contra quienes luchan por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, siendo mucho de los ataques en el contexto del juicio de Manuela vs. El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Organizaciones de mujeres nicaragüenses también sufren ataques
Los Estados son los principales agresores de las mujeres defensoras de derechos humanos. En su mayoría, fueron actores vinculados a los cuerpos policiales, seguido de autoridades municipales o departamentales, y por último, fuerzas militares.
De acuerdo con las activistas, los Estados participan activamente en estos ataques para defender sus intereses de concentración de poder, y proteger a las élites económicas nacionales y transnacionales.
En Nicaragua, es el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo el principal perpetrador de agresiones contra las defensoras. En el resto de países de la región también se encuentran con otros actores como las empresas, el crimen organizado y los grupos fundamentalistas y antiderechos.
Las agresiones son de forma reiterada y persistente, y a menudo son en contra de las mismas mujeres y organizaciones. “El carácter sistemático de las agresiones evidencia que estas violencias no son casos puntuales y aislados, sino que responden a una estrategia continua que tiende a escalar en la gravedad del tipo de agresión con el objetivo de desgastarnos y detener nuestra labor de defensa”, expone la IM-Defensoras.
Las agresiones son directamente contra las defensoras de manera personal, pero en muchos de los casos son en contra de personas cercanas a las defensoras. Este tipo de agresiones se dan principalmente en Nicaragua y Honduras.
En el caso particular de Nicaragua también ocurren los ataques contra organizaciones y colectivos, a través de la cancelación de personerías jurídicas, confiscaciones de bienes y criminalización. Esto es con el objetivo de destruir los procesos organizativos y los cuerpos colectivos construidos para defender derechos, explican.
“Destacan especialmente las agresiones contra organizaciones o grupos en Nicaragua, donde se ha dado la cancelación masiva de la personería jurídica, cierre y confiscación de organizaciones. Entre 2018 y diciembre de 2022, se cancelaron en Nicaragua 233 organizaciones que trabajan los derechos de las mujeres, niñas y juventud”, señalan.
Defensoras forzadas a abandonar sus países
La IM-Defensoras exponen que durante 2023 se registró el mayor número de desplazamientos forzados, en total 240 casos registrados, tanto al interno de los países como fuera de estos. Las defensoras mayormente desplazadas fueron de Honduras, con 168 casos, y Nicaragua con 69 casos.
“Por su parte, 2023 fue el año con mayor cantidad de desplazamiento fuera del país de defensoras nicaragüenses desde el inicio de la represión estatal en 2018”, señalan.
Además, en ese año el régimen Ortega-Murillo fortaleció nuevas estrategias represivas para la criminalización y desprotección legal de las defensoras, como fueron el destierro, despojo de ciudadanía o permisos de residencias en el caso de las defensoras extranjeras.